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Año XVI, 1 de marzo de 2024


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Corte Suprema fija plazo para causas civiles

Juez Carlos Aránguiz: “No estamos contentos con el rendimiento actual”

Mientras el proyecto de reforma procesal civil permanece en el Congreso, el Poder Judicial avanza en su modernización, dejando en claro que los procesos no dependen de una reforma. Esto, luego del anuncio para acelerar las causas civiles y limitar su tramitación a un año. Desde el ámbito académico, consideran que “los jueces no tienen herramientas para cumplir esos plazos”.

Fernando Seymour

  Lunes 28 de abril 2014 18:47 hrs. 
Carlos Aránguiz

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El Pleno de la Corte Suprema aprobó un auto acordado que busca facilitar la tramitación de las causas civiles y disminuir los tiempos de gestión. En ese contexto, se establece un límite de un año desde la presentación de la demanda hasta dictar la sentencia.

Entre los objetivos aparece la necesidad de reducir la cantidad de procesos pendientes, con un máximo de cinco mil causas en cada juzgado, lo que permitiría anticiparse a la reforma procesal civil, proyecto que se encuentra en el Congreso.

Tal como lo explica el ministro del máximo tribunal Carlos Aránguiz, a la espera de ese proceso “no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras no se solucionen los problemas que existen. No se trata de algo sorpresivo, sino que se viene preparando hace algún tiempo, con la intención de extenderlo a todo el país”.

Además, respecto al tiempo que lleva el proyecto en la Cámara de Diputados, afirma que “no lo hicimos pensando en nada más que mejorar el servicio. Hemos conversado mucho en el Pleno para hacer una mejoría notoria en nuestro servicio judicial. No estamos contentos con el rendimiento que tenemos, por lo que queremos aprovechar la colaboración de todos los miembros del poder Judicial”.

Asimismo, en cuanto a los obstáculos que podrían surgir, asegura que “en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la cual yo soy visitador y por eso estoy involucrado en este tema, lo han tomado como un gran desafío para mejorar el servicio al público”.

Técnicamente se trata de una plantilla digital en la que se ingresan todas las causas, lo que permite detectar las omisiones que podrían demorar los procesos, alertando a los jueces respectivos, particularmente de los 30 tribunales que existen en Santiago, a quienes va dirigido el anuncio.

Uno de ellos es el 22° Juzgado Civil, cuyo juez titular, Pedro García, detalla que con la experiencia acumulada existen espacios para generar instancias de transición más acotadas, para que el cambio de un proceso a otro no sea traumático, como es el caso de las transformaciones que implicarán el paso de un sistema escrito a otro oral.

Por ello, aclara que “la reforma civil es un método para entender el proceso civil, que no supone necesariamente entender que el que desarrollamos actualmente sea errado. Si incorporamos tecnología y avanzamos, lograremos que cuando pasemos del proceso actual a uno nuevo no exista un abismo, como existió en su tiempo con la reforma procesal penal”.

En ese contexto, manifiesta que “hoy la tecnología permite que el control ciudadano sea más puro y parte del proceso, por lo que los jueces también tenemos que estar disponibles para ese control ciudadano”.

El propio juez García reconoce que uno de los objetivos es asentar la idea de que la celeridad de los procesos no depende necesariamente de una reforma.

En cuanto al plazo anunciado por la Corte Suprema para la resolución de las causas civiles, el abogado Cristián Maturana, director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, considera imposible que los jueces puedan asegurarlo, ya que existen situaciones como los procesos de notificación que dificultan el mandato.

“En nuestro sistema procesal civil, el juez está sometido al impulso que tienen que llevar las partes. En consecuencia, los plazos que puede fijar la Corte Suprema podemos entenderlos solamente como referenciales, pues los jueces no tienen en su poder las herramientas para hacer cumplir esos plazos”, explica.

Respecto a la reforma, agrega que “tal como se habla de reforma procesal civil, nosotros estamos ante un sistema, no ante la modificación de un mero cuerpo legal, por lo que eso pasa por una organización distinta de los tribunales”.

En ese sentido, según el académico sería un gran logro que las leyes que permitan estructurar la reforma estén listas al final de este Gobierno, para ser implementada en el siguiente, de manera paulatina, tal como ocurrió con la reforma procesal penal.

Cabe destacar que durante el año pasado ingresaron un millón 366 mil 468 causas a nivel nacional. De ellas, el 76 por ciento se concentró en 57 juzgados. Para enfrentar aquello, el auto acordado emitido por la Corte Suprema establece el uso obligatorio de expediente digital y firma electrónica en los tribunales de competencia civil, lo que se aplicará gradualmente hasta completarse el 1 de enero de 2015.

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