El pasado viernes se informó que el ministro en visita Miguel Vásquez dio orden para que la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones investigue el bombardeo a la sede de Gobierno durante el 11 de septiembre de 1973.

Esto, luego de acoger una querella por delitos de lesa humanidad contra ex comandante en jefe de la FACh, Fernando Rojas Vender, y el general en retiro Mario López Tobar, a quienes se responsabiliza de dirigir la escuadra de aviones.

Dentro de la acusación, se menciona un sufrimiento sicológico “de gran magnitud” que sufrió el Presidente Salvador Allende, lo que significaría un delito de tortura, de acuerdo a convenciones internacionales, y según el abogado que presentó la causa, Roberto Ávila, también podría configurarse el delito de homicidio frustrado.

Esto lo confirma el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y también ex uniformado de la Fuerza Aérea, Enrique Villanueva, quien explicó a radio Universidad de Chile que el atentado fue claramente una acción planificada técnica y políticamente por Gustavo Leigh.

“No se vino a sobrevolar La Moneda o sobrevuelo de información, sino que a destruirla, no envió los pilotos al Dr. Allende, sino que a asesinarlo. Si es que se hace la investigación, los cohetes que se usaron fueron cohetes Sura P3, que son armas anti blindaje destinadas a perforar gruesas paredes de cualquier tipo de casas, y sin provocar daño colateral en los edificios aledaños, por lo tanto, el uso de esa arma fue también planificada. Hay muchos elementos que dicen que fue un acto premeditado políticamente”, explicó el ex miembro de la FACh.

Además, Juanita Aguilera, presidenta de la Comisión Ética, encontró interesante la apertura del proceso, por cuanto es una arista novedosa que no se había revisado.

Agregó que se había impedido avanzar en esa dirección por las estigmatizaciones que se hicieron en contra de la figura del Presidente Allende y a favor de las fuerzas golpistas.

“Esperanzadora desde el punto de vista de hacer verdad y desmitificar esta hazaña hecha por la Fuerzas Armadas en este país que supuestamente nos salvaron del comunismo y el marxismo, que salvaron a Chile, pero también creo que es interesante desde el punto de vista de sacar de la impunidad real todas las formas de tortura que hubo en Chile y que todavía no se han investigado lo suficiente por lo cual todavía se practica la tortura en nuestro país”, enfatizó.

El abogado Roberto Ávila conversó con radio Universidad de Chile y explicó que durante la investigación sobre la muerte del Presidente Allende, se revisó el bombardeo como una causa indirecta, lo que escapaba de la competencia del juez Mario Carroza.

Ahora se investigará el bombardeo como hecho delictual, lo que según Ávila debiera concluir con penas para los sindicados que gozan de impunidad.

“Nosotros esperamos que como en todo delito que se comete en un país que vive un estado de derecho las personas reciban las penas que establece el Código Penal por estos delitos. Hace aproximadamente tres años un muchacho a quien se le sindicaba una ideología anarquista arrojó una botella con bencina frente a La Moneda y fue condenado a dos años de prisión y los cumplió, una botella con bencina, no 22 cohetes lanzados desde ocho aviones supersónicos”, indicó el abogado.

Queda por saber si la investigación seguirá o no a cargo del ministro en visita Miguel Vásquez.