El principal objetivo del proyecto sobre administrador provisional y de cierre es evitar la clausura de planteles de educación superior y asegurar la continuidad académica de los alumnos.

Así figura en su primer artículo, que establece la necesidad de “resguardar el derecho a la educación de los y las estudiantes, asegurando la continuidad de sus estudios”, a lo que agrega “el buen uso de todos los recursos, de cualquier especie que éstos sean, de la institución de educación superior”.

Sin embargo, la iniciativa firmada por Michelle Bachelet la semana pasada ha generado diversas críticas. Una de ellas, el vicio de inconstitucionalidad que presentaría, a propósito de las disposiciones que afectan la responsabilidad de las autoridades de la institución en cuestión y la pretensión de alterar contratos vigentes.

Así lo plantea la síndico de la Universidad del Mar, Loreto Ried, asegurando que el proyecto viola garantías constitucionales, además de lo inconveniente que resulta legislar para determinados casos.

La diputada UDI María José Hoffman, junto con manifestar que se requiere que la iniciativa forme parte de una institucionalidad mayor, como sería la Superintendencia de Educación Superior, donde la figura del administrador provisional no dependa de la autoridad política, cuestiona la celeridad con que el Gobierno ha planteado el proyecto.

“Es una vergüenza el tiempo que se nos da, con una presentación bastante básica, donde no se pudo profundizar en ningún artículo, y resulta que a la sesión siguiente ya tenemos que votar hasta su total despacho. Esto es una vergüenza en democracia”, denuncia.

En ese contexto, detalla que “este administrador no soluciona en nada este tipo de problemas, más allá de una urgencia, donde pueden existir distintos caminos. También tenemos que ver el tema de fondo, qué hacemos antes de que estas situaciones ocurran en las instituciones de educación superior”.

Frente a esas acusaciones, el senador socialista Fulvio Rossi plantea que ante todo se trata de una prioridad para la educación, particularmente la de carácter público. “Aquí hay un sentido de urgencia. Es fundamental contar con esta herramienta para poder garantizar el derecho a la educación de los jóvenes que van a la universidad. No queremos que se produzca una nueva Universidad del Mar”, afirma.

En ese sentido, el presidente de la comisión de Educación asegura que “no hay ningún problema de inconstitucionalidad. Por lo tanto, lo que hay es una garantía constitucional que se busca preservar, que es justamente el derecho a la educación. Está puesta en jaque la fe pública, cuando existen tantos recursos públicos colocados en una institución, la que finalmente defrauda su propio proyecto educativo, muchas veces incumpliendo sus propios estatutos y engañando a sus jóvenes”.

Este lunes, la comisión de Educación de la Cámara sesionó de manera extraordinaria, a un día de la votación del proyecto. Entre los invitados, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (CRUCH), Juan Manuel Zolezzi, aclaró algunos aspectos sobre la posibilidad de cerrar instituciones de educación superior.

Según el rector de la Universidad de Santiago, “antes de cerrar una universidad, hay que intentar salvarla, porque hay un proyecto educativo detrás, alumnos que confiaron, por lo que el Estado tiene la obligación de tratar de hacer el esfuerzo de ayudar y salvarlo. No creo que eso signifique alargar la vida a los estudiantes innecesariamente, lo que se comprobará en algún momento con un administrador de cierre. En todo caso, eso tendría que ser gradual, es decir, quitando el ingreso a los primeros años, pues la idea es que los alumnos terminen de estudiar”.

Con la certeza de que se trata de una iniciativa con gran viabilidad, Patricia Schaulsohn, directora de política educativa de Educación 2020, plantea que es un tema indispensable, destacando las necesarias indicaciones que se están proponiendo en el Congreso.

Por ejemplo, aquella que establece la inhabilidad para desempeñarse como administrador para quienes hayan trabajado durante el último año en el establecimiento en cuestión, tiempo que se aumentaría a cuatro años, además de precisiones respecto a las causales que permitirían la intervención.

Asimismo, aclara que “nunca está en peligro la autonomía de las universidades, institutos y centros de formación técnica, porque el administrador intervendrá solo por un tiempo limitado. No es una ley expropiatoria en ese sentido”.

En cuanto a las críticas de la celeridad con que el Gobierno ha presentado el proyecto, explica que “se debe a que se han detectado, supuestamente, algunas universidades que entrarían en crisis, repitiendo la experiencia de la Universidad del Mar. Lo que se quiere evitar es precisamente un cierre que no sea ordenado”, aseverando que en ningún caso es una ley exclusiva para la Universidad del Mar.

Para otros expertos, lo importante no es la celeridad con la que se esté legislando, sino el sentido de urgencia que requiere el tema. Así lo piensa Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, quien estima que el proyecto podría aprobarse este año para implementarse durante el próximo.

Con la figura del administrador que debiera estar al alero de una Superintendencia de Educación, el concepto de autonomía es cuestionado por el académico.

“Es indudable que si una institución tiene que perder la autonomía, porque ha sido incapaz de mantenerse, sostenerse y gobernarse, poniendo en peligro su viabilidad financiera y académica, es necesario que haya un interventor. Lo que se tiene que descartar es que la intervención pueda realizarse por cualquier razón”, analiza.

Por ello, agrega que “la autonomía no es un elemento sagrado ni tampoco garantiza que las instituciones presten los servicios con la calidad que deberían”.

Precisamente sobre los cuestionamientos a la posible pérdida de autonomía por parte de los planteles, el académico Mario Sobarzo, del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) de la Universidad de Chile, recuerda que las universidades privadas han administrado los recursos económicos con una autonomía prácticamente ilimitada, pero con muy poca en el ámbito académico e ideológico.

Además, si bien considera el proyecto como un avance, critica la falta de claridad con la que se ha presentado, con un administrador provisional cercano a la lógica de los interventores de quiebras.

Por ello, apunta a la falta de una regulación adecuada, pues “todavía quedan muchos vacíos, porque como el sistema aún está muy desregulado, todavía no se han creado todas las leyes necesarias para generar una regulación adecuada, por lo que no sabemos muy bien cuál será la situación. Si esto significará que la universidad se estatice, si la universidad se le devuelve a los dueños o a los acreedores, si es que hubiesen deudas”.

El propio académico lamenta que “tampoco sabemos muy bien si ese administrador funcionará con los integrantes de la comunidad. Mientras no vaya el paquete completo, la ley resulta insuficiente”.

Considerando la suma urgencia del proyecto, este martes sería votado en la comisión de Educación y posteriormente pasaría a la de Hacienda, donde podría permanecer hasta cuatro días, completando el proceso con la votación en Sala. Es decir, un plazo máximo de 15 días desde su ingreso para luego ser enviado al Senado.