El proyecto de Fondo Nacional de Medicamentos, conocido como Ley Ricarte Soto, en recuerdo del periodista fallecido el año pasado producto de un cáncer, tiene como objetivo facilitar y garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos de alto costo, que no son cubiertos por el Plan Auge ni por los seguros de salud.

Si bien el gobierno de Sebastián Piñera se comprometió a enviarlo al Congreso, finalmente esto no ocurrió.

Por eso, para muchos sectores las esperanzas están puestas en que el próximo 21 de mayo, en su discurso presidencial, Michelle Bachelet anuncie tal medida.

Por ahora, desde el ministerio de Salud han confirmado que la iniciativa consideraría tres condiciones para acceder al financiamiento de los medicamentos: Que el tratamiento sea efectivo, que la vida del paciente esté en peligro y que represente un porcentaje importante de sus ingresos.

Con esos datos, para Matías Goyenechea, director de la Fundación Creando Salud, lo primero es reconocer los problemas de cobertura y acceso a los medicamentos que tienen los pacientes. En ese contexto, asegura que si bien la existencia de un fondo es un paso positivo, esto debiera ser mucho más amplio, donde se pudiera cubrir la totalidad de los medicamentos y no solo una parte de ellos.

Además, apunta a la necesidad de generar un proceso de evaluación técnica que determine si los medicamentos cumplen con los objetivos propuestos, pensando en la eficiencia de los recursos, así como una discusión más participativa.

“Es necesario que exista algún tipo de organismo que pueda evaluar la incorporación de nuevos medicamentos a un fondo, un órgano que tenga autonomía. Ese proceso, además, no puede ser solamente técnico. Debe contar con la participación de las organizaciones de pacientes, de los trabajadores, entre otros, para que sea algo así como una especie deliberación participativa para definir las coberturas. No podemos estar financiando medicamentos que no estén efectivamente comprobados en su efectividad”, explica.

Además, agrega que “me parece que soluciones parcializadas no sé qué tan positivo sean, porque van a contar con menos recursos”.

Aquellas soluciones a las que alude Goyenechea se relacionan con la posibilidad de que, además del Fondo Nacional de Medicamentos, se establezca otro para cubrir enfermedades poco frecuentes y con tratamientos costosos.

Así lo han planteado desde el ministerio de Salud, donde se trabaja en la creación de un plan que incluso podría llegar a convertirse en ley.

Frente a ese escenario, Myriam Estivill, directora ejecutiva de la Fundación de Pacientes de Enfermedades Lisosomales (Felch), manifiesta que aun no hay claridad sobre cómo será el sistema de aportes.

Por ello, en una reciente reunión con el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, le plantearon la necesidad de contar con algún proyecto de ley que permita asegurar la cobertura de las denominadas enfermedades raras. La respuesta fue que el Gobierno está trabajando en eso, lo que podría concretarse durante el próximo año.

“No sé si el fondo Ricarte Soto es lo mismo que un fondo de enfermedades raras. Yo creo que sí. Estamos pidiendo una reunión con la ministra de Salud para aclararlo, pues todavía no nos hemos reunido con ella. Si es un fondo Ricarte Soto o de enfermedades raras da lo mismo. Lo que necesitamos es que todos los pacientes estén cubiertos y que tengamos seguridad en el tiempo”, exige.

Su preocupación se relaciona con que “nosotros como lisosomales llevamos 14 años, y el promedio de nuestras enfermedades es de diez millones de pesos al mes, algo inalcanzable para cualquier familia normal”.

Son muchos los sectores que exigen que la Salud sea un derecho, donde el Estado cumpla un rol prioritario. Así lo piensa también la diputada PPD Cristina Girardi, quien incluso propone volver a la figura de un fondo solidario, en el que todos aportan y cuyos recursos se redistribuyen de manera equitativa.

Como integrante de la comisión de Salud, afirma que el Plan Auge debiera considerar todos los medicamentos que se requieren, aunque por ahora, las enfermedades lisosomales, que difícilmente pueden ser cubiertas por las personas que no tienen los recursos para ello, tendrían que estar incluidas en el Fondo Nacional de Medicamentos.

“El Estado debiera asumir las enfermedades de todo tipo. La salud de las personas debiera ser una preocupación del Estado. Hoy no es así, pues quizás en este momento no es la prioridad. Y no que uno tenga que andar pidiendo por favor que el Estado se haga cargo. De acuerdo a nuestra Constitución, la salud es un derecho. Y el Fondo Nacional de Medicamentos, si bien hoy es necesario, sigue siendo desde mi perspectiva un tema absolutamente parche, que no resuelve el problema de fondo”, concluye.

Cabe destacar que según la propuesta del entonces ministro de Salud Jaime Mañalich, el sistema de aportes para dicho Fondo tenía un carácter tripartito, es decir, una parte de la cotización de salud obligatoria, otra provista por los empleadores y una del Estado, sistema que se mantendría en el proyecto del actual Gobierno.