En la región de la Araucanía se desarrolló una reunión entre pescadores artesanales de la zona y el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico; además del intendente de la Región, Francisco Huenchumilla, a fin de discutir la hoja de ruta con que se avanzará en la revisión de la polémica Ley Longueira.

Evaluar la Ley de Pesca promulgada por la administración anterior es un compromiso del gobierno de la Nueva Mayoría, así como avanzar progresivamente hacia la eliminación de la pesca de arrastre. También lo es crear una plataforma social que mitigue el impacto de la reducción drástica de cuotas de pesca.

Justamente para hacer frente a la reducción de 24 mil a 12 mil toneladas permitidas de extracción de merluza es que el gobierno anunció este viernes que entregará un bono de 150 mil pesos a más de 3 mil pescadores del rubro entre agosto a diciembre.

Esto fue valorado por distintos dirigentes, sin embargo sólo alivia por el momento un problema que es transversal a todas las pesquerías del país, quienes exigen simplemente la derogación de esta ley promulgada con suma urgencia y bajo fuertes críticas por entregar el patrimonio pesquero a tan sólo siete familias del país.

Patricio Olivares, presidente del Sindicato de Pescadores y Buzos Artesanales de Queule reclamó que en la reunión no hubo voluntad para la derogación de esta Ley y se mostró contrario a que el Estado subvencione a la industria pesquera, entregando un bono que viene a mitigar la sobre explotación que ha ejercido la empresa privada.

Al respecto, el diputado Iván Fuentes, ex dirigente de la pesca artesanal y actual presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, señaló que “lo que haya que modificar cuenta con las voluntades para empezar a plantear los temas, yo creo que hay un escenario político no cerrado, así que yo creo que es un momento como para conversar, por supuesto con más calma con lo que paso en la propia ley, en la discusión de la ley misma”.

“Queremos que la deroguen y sino que haya modificaciones importantes en ella” enfatizó el presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales, Hernán Cortés.

El dirigente destacó que “dentro de esas modificaciones está el regresar los recursos a todos los chilenos, está el tema del royalty real a la industria pesquera y de la plataforma social, un plataforma social que aborde los temas que nosotros tenemos hoy día y estamos exigiendo capacitaciones, estamos exigiendo pensiones para esos trabajadores, de ese tipo de cosas estamos hablando”.

Para Hernán Cortés, no sirve de nada que el subsecretario Súnico levante la bandera de la sustentabilidad, porque no quiere eliminar la pesca de arrastre.

El director de la ONG Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas también está porque se derogue la ley. Argumenta que no hubo consulta a los pueblos originarios y que el Estado transfirió el 90% de las cuotas a lo que denomina “el cartel de la pesca”.

“La propuesta era la eliminación progresiva de la pesca de arrastre, esta Ley no solo no la eliminó sino que se han entregado una serie de permisos de pesca por este gobierno por Súnico, por el  subsecretario Súnico para grandes compañías transnacionales en el área sur del país, usando arrastre en la pesquería de merluza, de merluza austral de cola y de realeta”, enfatizó Juan Carlos Cárdenas.

“No hay voluntad política para derogarla, sólo para hacer un maquillaje” afirma el director dela ONG Ecocéanos, quien piensa que esto no avanzará en esa línea porque los intereses de los grandes empresarios están dentro del Parlamento.