Se mantiene la incertidumbre respecto de los futuros planes de Codelco. Luego de la salida de Thomas Keller de la presidencia ejecutiva de la cuprífera, y de los últimos resultados que acompañan su desempeño, el foco está puesto en las formas como se encarará el futuro de la estatal.

La empresa es una de las principales fuentes de ingreso para el Estado, en ese sentido, los expertos aseguran que la administración de Michelle Bachelet debe tomar definiciones en la política sectorial del cobre, y por ende del rol que Codelco jugará en ese tablero.

El economista Andrés Solimano critica algunas situaciones. La entrega de recursos al ministerio de Hacienda y la nula autonomía que existe respecto de sus inversiones futuras, son parte de aquellas cosas que deberían cambiar.

Para el presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, algunos de los puntos a considerar en una política del Estado tendiente a pensar la extracción del cobre a futuro tienen que ver con “No permitir que las mineras extranjeras exporten concentrado de cobre, sino refinado”, de ese modo impulsar un valor agregado en la minería chilena.

En cuanto a Codelco, Alcayaga señaló que se debería prohibir que exporte el cobre concentrado.

Por su parte, Andrés Solimano marca el efecto de los constantes cambios en la alta gerencia de la cuprífera. Para él, hay que relevar las necesidades estatales y no las afinidades propias de las administraciones.

“El cobre es propiedad de todos los chilenos, no del gobierno de turno”, explicó y agregó que es a la ciudadanía a quien hay que darle cuentas por los ingresos y activos de Codelco.

En esa misma línea declara Ramón López. El presidente de CIMM Tecnología y Servicios, asegura que hay muchas definiciones de la política del cobre ausentes en la actual administración.

De este modo, las voces claman por una política desde el Estado que marque los destinos de Codelco, mientras la estatal camina en medio de las preocupaciones por las cifras, el concepto de capitalización y las constantes manifestaciones de sus trabajadores quienes acusan a sus contratistas de “prácticas antisindicales”, contrarias al espíritu que debería regir a una empresa estatal.