La Contraloría General de la República determinó este lunes que el hospital de Maipú fue abierto de manera ilegal, por lo que se dará inicio a una investigación para determinar responsables.

La infracción fue cometida los días 4 y 5 de diciembre de 2013, cuando el recinto hospitalario, sin tener los permisos de obras municipales, efectuó atención de 77 pacientes sin contar con la recepción parcial o definitiva que exige el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

A esta resolución se suma ahora una denuncia por parte de diversas organizaciones de trabajadores de la salud para que se investigue si los médicos que atendieron a los  pacientes eran especialistas o no, situación que agrava aún más las irregularidades.

Al respecto se manifestó Oscar Riveros, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud.

“Va a tener que ser objeto de una investigación, porque ahí se atendieron 77 personas en ese periodo de ilegalidad y tenemos que ver quién las atendió y cuáles fueron los resultados. Pareciera ser que los médicos que atendieron no estaban tampoco acreditados como para dicho acto”, precisó el dirigente.

Por su parte la diputada Marisol Turres de la UDI e integrante de la comisión de Salud, si bien reconoce la resolución de Contraloría manifestó que en la apertura lo que primó fue la necesidad de atender  a las personas, pero que existe una campaña por parte del actual gobierno por desprestigiar las obras del anterior gobierno.

“No es extraña esta presentación a la Contraloría. Formalmente tienen razón y se seguirá el camino que corresponda, pero la necesidad de la gente en materia de salud en nuestro país son impostergables y lamentablemente vemos cómo la Concertación las posterga cada día más, por darse un gustito ideológico de tener cada vez la mayor participación posible del Estado. Creo que la gente sí necesitaba ser atendida”, insistió la parlamentaria.

Por su parte Matías Goyenechea, director de la Fundación Creando Salud, si bien reconoce que la pugna de responsabilidades políticas que se da en  torno a este tema entre gobierno y oposición, insiste en que existe un problema en las bases del sistema de concesiones, que de no ser resueltas, implicará que el Estado incurra en gastos desmedidos por los altos costos operativos.

“Esto se entronca con un proceso de elecciones que hace que en el fondo se fuerce el proceso de apertura en el fondo para obtener réditos políticos. Me parece que es una concatenación en un modelo que además es bastante deficiente. Lo ha demostrado el modelo de concesiones desde su puesta en marcha en los hospitales de La Florida y Maipú. Un problema de modelo bastante complejo y por otro lado un problema de costos que también hay que tener presente, porque el Estado va a terminar pagando el doble de lo que realmente cuestan”, explicó Goyenechea.

Por ahora cabe esperar si efectivamente entre las responsabilidades administrativas que se busca establecer  recaería en el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.