La idea del ente persecutor es contar con mayores atribuciones a la ya existente para investigar el alto número de falsos avisos de bomba y también la detonación de algunos artefactos.

De esta forma el tratamiento investigativo que se aplicaría ante casos de “eventuales actos terroristas”, como los califica la fiscalía, sería similar al que se aplica para investigaciones relacionadas a la ley de drogas o al lavado de activos.

Agentes encubiertos e intercepción de llamadas telefónicas serían parte de las herramientas que esta modificación proporcionaría a la fiscalía.

Así lo aseguró el Fiscal Nacional, Sabas Chahuan, quien aclara que este tema finalmente lo decidirá la comisión asesora que está abordando estas propuestas, “lo que se va a solicitar es que las investigaciones en caso de drogas y de lavado de dinero puedan ser llevadas a la ley antiterrorista, porque, actualmente, las herramientas investigativas son insuficientes”, señaló Chahuán.

El persecutor agregó que “lo otro es perfeccionar los tipos penales, estamos de acuerdo en que tienen que perfeccionarse sobre o dentro del marco de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país”, finalizó.

Para los abogados que han trabajado en casos que han tratado de ser juzgados bajo la ley antiterrorista, sin mayor éxito, esta información genera recelo y preocupación por la eventual vulneración de derechos civiles que significaría.

Para la abogada de la Defensoría Popular Betsabe Carrasco, “hay que determinar si efectivamente esos artefactos explosivos constituyen un delito terrorista y eso lo tiene que calificar un tribunal y el tribunal ha dicho en reiteradas ocasiones que, dichos atentados, no constituyen el carácter de terrorista”.

Betsabe Carrasco recordó además que “cuando no hay antecedentes concretos y solamente se llevan investigaciones formalizadas, no sería conveniente otorgar más facultades al Ministerio Público”, esto porque afirma, “se podrían entrometer en tus correos electrónicos, en tu vida privada con agentes encubiertos, lo que vulnera bastante las garantías de cualquier persona que está siendo objeto de alguna investigación y que tiene todos los derechos que le asisten como imputado, entonces parece excesivo en ese sentido”, asegura.

La abogada recordó además el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a nuestro país por violar derechos fundamentales con la aplicación de la ley Antiterrorista.

A esto agregó lo experimentado a comienzos de este año, cuando un comunero mapuche reconoció trabajar como infiltrado de Carabineros  efectuando atentados para incriminar a dirigentes indígenas.

Esto provocó que entre 2009 y 2011, siendo Michelle Bachelet Presidenta y Edmundo Pérez Yoma ministro del Interior, una treintena de comuneros estuvieron en prisión debido al testimonio de Raúl Castro Antipán como “delator compensado” por la Ley Antiterrorista.

Recordemos que esta serie de avisos de bomba comenzó luego que detonara un artefacto en la estación Los Dominicos de la línea 1 del Metro de Santiago, días después que se anunciaran modificaciones a dicha legislación.