Además, protege la libertad de asociación de los miembros de las comunidades estudiantiles, estableciendo que los estatutos de las casas de estudios no podrán impedir a libre organización de éstos.

La Mandataria, al dar a conocer la iniciativa, dijo que se trata de un paso para concebir una perspectiva pública, integradora, inclusiva y democrática, pero además, respaldó el andamiaje de la reforma educacional tanto como la gestión del cuestionado ministro Eyzaguirre a la cabeza de esta.

La Presidenta aseguró que la reforma tiene “un mapa preciso” y profundizó sobre aquellas iniciativas que serán envidas durante el segundo semestre. En este sentido habló del “fin al lucro y a la selección”, otro para fortalecer la educación pública y carrera docente.

El anuncio fue bien recibido en diversos actores. El Rector de nuestra Universidad, Ennio Vivaldi, catalogó la iniciativa como un gesto de civilización, asegurando que la normativa actual era anacrónica.

Mientras, el de la Universidad Alberto Hurtado, advirtió que la participación no significa paridad ni cogobierno absoluto. Ejemplificó que los estudiantes están transitoriamente en las instituciones, hay que escucharlos, pero difícilmente pueden tomar decisiones definitivas. Debe ser muy reglamentada para que haya gobernabilidad y responsabilidad de quienes toman decisiones, aseguró.

Una buena valoración también hubo por parte de los voceros de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada (Ofesup), donde destacaron que haya un resguardo de la representación y participación, pero también esperan ser escuchados en el proceso de debate parlamentario.

La iniciativa permitirá que las casas de estudio incluyan a los distintos estamentos en el Gobierno y gestión de las instituciones, de estimarlo conveniente, y ante esta discrecionalidad, la diputada comunista y ex presidenta de la FECH, Camila Vallejo, dijo que se trata de un paso que debe ser complementado por la participación estudiantil.

La parlamentaria aseguró que la derogación del DFL2 “no es suficiente”, porque la democratización “va mucho más allá de los establecimientos educacionales”, aseveró.

Además agregó que “no se puede imponer una forma de gobierno a las instituciones”, a su juicio cada espacio debe definir sus propios proyectos educativos de manera participativa.

Aun así, destacó que este es un avance, que “destraba” amarres dictatoriales.

La derogación del DFL2 era una de las garantías de la Confech para integrarse al Plan Nacional de Participación Ciudadana en el marco de la reforma, y el Gobierno cumplió en los plazos acordados con el envío del proyecto de ley, por lo que esto se calificó como una victoria del movimiento.

La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, señaló que con esto se comienzan a soltar algunos de los amarres que estructuralmente dejó la dictadura.

Además destacó que la movilización social es últil para el desarrollo de las comunidades y de un sistema educativo, siendo “la única garantía” de avanzar en la construcción de un nuevo sistema nacional de educación pública.

En la Mesa Social por la Educación creen que con esto no se cierra un proceso, sino más bien se abre una posibilidad de disputa en la discusión pública, aunque aún queda espacios por abrir.

Pero se insiste, es un primer paso, y además se da en el marco de un anuncio propio: un agosto movilizado. Ya hay una convocatoria del Colegio de Profesores y se contempla la realización de una marchas, charlas y un potente despliegue territorial.