El presidente de la Conacep, Hernán Herrera, había cuestionado las indicaciones que el Gobierno presentó en el proyecto que pone fin al lucro, al copago y la selección, asegurando que éstas eran un “traje a la medida de la Iglesia”.

Sin embargo desde la Conferencia Episcopal presentaron varias inquietudes ante las modificaciones emprendidas por el Ejecutivo. Héctor Vargas, obispo de Temuco y presidente del Área Educación del Arzobispado descartó que éstas beneficien a los proyectos confesionales.

De esta manera plantearon que se debe permitir el trabajo en redes, justificando las operaciones entre relacionados, aunque regulando el desvío de fondos y eventual lucro; se debe permitir el arriendo de establecimientos; y revisar el sistema de admisión que ahora se propone.

Monseñor Vargas expresó que las indicaciones del Gobierno avanzan, pero todavía se mantienen preocupaciones sobre la autonomía de los proyectos educativos.

“Tenemos dificultades en las formas que se han escogido en algunos ámbitos para llevar a cabo esto. Al inicio, algunos estábamos muy en contra, porque podía poner en riesgo la libertad de enseñanza y la legítima autonomía de las comunidades educativas. Se ha avanzado bastante, pero todavía quedan temas que si no se afinan pueden terminar afectando una autonomía necesaria para la gestión de los proyectos educativo”, sostuvo la autoridad eclesiástica.

La presidenta de la FEUC, Naschla Aburman, crítica de las indicaciones, dijo que se está empezando a ver la letra chica de la Reforma y cuestionó la profundidad de los cambios impulsados por el Gobierno, ya que las señales positivas se están dando no sólo a la Iglesia, sino también a los sectores conservadores.

Mientras, la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, expresó que abrirse a la posibilidad del arriendo, es abrirse a la posibilidad del lucro, conociendo la experiencia en educación superior.

La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, a su vez, se limitó a enfatizar que las modificaciones no se trabajaron “a la medida de nadie”.

“Las indicaciones que nosotros hemos presentado no son a la medida de ningún sector en particular, son en base a la heterogeneidad que hoy el sistema educativo presenta. Hemos dicho desde el primer momento que valoramos la existencia de un sistema mixto donde existan establecimientos públicos, particulares subvencionados y particulares pagados, y atendiendo la realidad que hoy tiene el sistema, es que hemos considerado necesario abrir esta posibilidad para garantizar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes y la continuidad de los proyectos educativos”, argumentó.

Valentina Quiroga reiteró que el ánimo del Gobierno es impulsar indicaciones que sólo apunten a los mecanismos para el objetivo final de establecer un nuevo régimen educativo que considere la enseñanza como un derecho.