Visiones dividas dentro de la política chilena genera la petición de Barack Obama de solicitar asilo a los presos ilegales que Guantánamo tiene hace ya más de 10 años sin un debido proceso judicial.

Fruto de la presión internacional para que se cierre este centro de tortura, el presidente de Estados Unidos, pide que el mundo reciba a los detenidos que torturó la CIA y que su mismo sistema judicial rechaza.

En este marco, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz indicó que “para Chile recibir presos de Guantánamo no es prioridad”, posición que también se reveló desde La Moneda, haciendo énfasis a que se debe estudiar esa posibilidad pero que no está en la agenda del gobierno hacerlo prontamente.

Una postura más crítica tuvo el vicepresidente de la Cámara Baja, Lautaro Carmona, que señaló que Estados Unidos debe hacerse responsable por los presos de Guantánamo: “La libertad de ellos pasa por salir a un país tercero. Lo que nosotros estamos marcando es que primero queremos que Estados Unidos se haga cargo de porque los mantuvo presos todo este tiempo y porque no han territorio norteamericano donde ellos puedan estar”, dijo el parlamentario.

Posición que comparte el diputado encargado de la comisión de Relaciones Exteriores, Hugo Gutiérrez, quien además lamenta la situación en que se encuentran estas personas que están detenidas ilegalmente: “Es gente inocente que va a seguir sufriendo las penurias de estar privado de libertad de manera ilegal y donde uno entiende que por razones humanitarias uno podría tener un gesto, gesto que hay que reflexionarlo más”, indicó Gutiérrez.

El senador Walker señaló al respecto que “hay muchas personas en esa cárcel que son terroristas, pero también hay muchas que no tuvieron la posibilidad de un debido proceso, que no han sido condenados de acuerdo a las normas del derechos internacional. Por esto, hacernos cargo de un problema generado por Estados sería un grave error”.

En ese sentido, parlamentarios como Jorge Tarud (PPD), Iván Moreira (UDI) y José Manuel Edwards (RN) ya han manifestado su negativa, mientras Osvaldo Andrade (PS), Hernán Larraín (UDI) y Hugo Gutiérrez (PC) han señalado su apertura a debatir tal acogida.

Por otro lado, países como Uruguay tienen un álgido debate sobre esta materia. Uno de ellos fue protagonizado por el presidente José “Pepe” Mujica que sentenció que no se puede ser tan “almapodrida en el mundo, de no dar una mano para defender una causa justa”.

Cabe mencionar que la historia de la base naval de Guantánamo nace a finales del siglo XIX cuando Estados Unidos decidió detener cualquier intento independista de Cuba con la instalación de este recinto militar a 920 kilómetros de La Habana en el año 1898, obligando a Cuba a firmar bajo presión un acuerdo bilateral llamado la Enmienda Platt.

Luego, más de un siglo después y a raíz del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, la administración George W. Bush, inició una guerra sin tregua “contra el terrorismo”.

Un mes después Estados Unidos había iniciado las acciones militares contra Afganistán y el mandatario decidió firmar una orden ejecutiva sobre “detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo”, con lo que toda persona que el país del norte pensara que pudiera ser una amenaza, fue detenida, sin tener acceso a un juicio, dando nacimiento a la cárcel de Guantánamo.

Las violaciones de los Derechos Humanos de los presos al interior Guantánamo se volvieron pan de cada día. A los detenidos se les prohibió interponer cualquier tipo de recurso, porque en esa tierra los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisprudencia.

La crisis humanitaria para presos empeoró cuando el 1 de agosto de 2002, el Departamento de Justicia entrega a la CIA un memorando sobre “métodos alternativos de interrogatorio”. Unos meses después, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, aprobó técnicas de interrogatorio para su uso discrecional en Guantánamo que incluyeron encapuchar y desnudar a los detenidos, la privación sensorial, el aislamiento, las posturas en tensión y el uso de perros para “inducir estrés”. Ese mismo mes murieron dos afganos detenidos.

Numerosos han sido los intentos de organizaciones pro Derechos Humanos para entrar y visitar a los presos, para constatar en terreno el estado de salud y las condiciones de detención en las que se encontraban, por lo que desde el 2006 existe un interés en cerrar el penal, cierre que se ha dilatado y podría estar atravesando sus horas claves.