La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la demanda presentada en 2003 en contra del Estado de Chile por las sentencias dictadas en contra de 30 ex oficiales de la Fuera Aérea de Chile (FACh) -entre los que se encuentra el fallecido ex general y padre de la Presidenta, Alberto Bachelet- quienes fueron condenados por tribunales militares bajo el cargo de sedición y traición a la patria.

La Corte Suprema refrendó en dos ocasiones la sentencia dictada por los tribunales militares en la causa “Aviación contra Bachelet y Otros” iniciada el 13 de septiembre de 1973, en contra de 14 integrantes de la FACh, argumentando que no tenía competencia para revocar sentencias de los Consejos de Guerra, por ello, los abogados que representan a estos ex oficiales y sus familiares recurrieron en 2003  a la CIDH, que 10 años después declaró admisible la demanda.

Desde el Gobierno no se hicieron esperar las reacciones por la designación de Hugo Dolmestch para que defienda la posición del Estado ante esta acción judicial. Las autoridades aclararon que recién con la reforma del sistema procesal penal en 2005 se pudo establecer la competencia de los tribunales para referirse a este tipo de materias judiciales.Pese a ello, el ministro Vocero  argumentó que nadie podría cuestionar la ‘ilegitimidad’ de los Consejos de Guerra de la dictadura, en particular la sentencia contra el general Alberto Bachelet.

“Hoy se debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la sentencia en que la Corte Suprema se declaró incompetente para revisar el fallo de la justicia militar. Hasta el año 2005, efectivamente, no se establecía la competencia expresa del máximo tribunal para referirse a estas sentencias, solo con la reforma de 2005 se establece la competencia para revisar todas las sentencias pronunciadas por los tribunales de la República”, detalló Álvaro Elizalde.

Según la explicación del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, el máximo tribunal solo se remitirá a responder las consultas que realice la CIDH, sin embargo trascendió que la Corte Suprema solicitó, además, el apoyo del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien comparecerá con el abogado Rodrigo Quintana incorporando al equipo de juristas de la Cancillería y del Ministerio del Interior.

No obstante, las críticas a la decisión de la Suprema fueron inmediatas. Uno de los primeros en reaccionar fue Enrique Villanueva, quien forma parte de este grupo de ex oficiales de la FACh que solicitó anular la sentencia ante la CIDH. Contrario a la medida tomada por la justicia, aseguró que no hay justificación técnica y que sólo justifica una aberración jurídica que le sorprende.

El querellante sostuvo que “los argumentos técnicos que se puedan dar no tienen justificación. Aquí se le está dando respaldo a una sentencia de unos tribunales militares que actuaron al margen de la ley,  donde no hubo guerra. Hay pruebas concretas que dicen cómo actuó la justicia militar,  por lo tanto, darle calidad en democracia a un instrumento tan aberrante como fueron  estos enclaves de la dictadura es aberrante,  no tienen justificación”.

En conversación con la tercera edición de Radioanálisis en Radio Universidad de Chile, el abogado defensor de Derechos Humanos, Nelson Caucoto rechazó esta defensa y aseguró que no tiene precedentes ni fondo jurídico porque los Consejos de Guerra no respetaron el debido proceso: “Indudablemente que va a ser revertido y va a ser un duro traspié para el Estado de Chile, porque en el fondo lo que resuelve la Corte Suprema compromete la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

El representante de la división de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Jaime Madariaga, por su parte, informó que defienden la invalidez del fallo del Consejo de Guerra, y aclaró que hubo violación del debido proceso y violaciones en contra de los derechos de las personas.

De acuerdo a la información entregada por autoridades, la audiencia para los alegatos en la Corte Interamericana, podría fijarse para el primer semestre de 2015.