Como un aporte a la transparencia de la actividad política, calificaron parlamentarios de distintas tendencias las medidas que contiene la iniciativa sobre financiamiento de la política, que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia enviará al Congreso, y que contiene entre sus normativas, la prohibición de que empresas aporten con dinero a partidos políticos y campañas electorales, el fin de las contribuciones reservadas, y que ahora será el Estado quien financiará la actividad de los partidos políticos.

Personeros de la Nueva Mayoría, como el diputado y jefe de bancada PPD, Pepe Auth, consideran que los alcances generales del proyecto que se conocieron a través de la prensa, van en la dirección correcta de lo que ellos mismos han planteado para lograr mayor equidad en el acceso a los recursos económicos, por parte de las diferentes colectividades, además que se hará más transparente la relación existente entre dinero y política, vínculo que se ha visto muy cuestionado en las últimas semanas en relación con el Pentagate.

Pepe Auth

No obstante, el diputado PPD tiene sus reparos con uno de los puntos del proyecto, que tiene que ver con la prohibición de hacer publicidad política en espacios públicos: “Creo que es iluso, por lo demás, pretender hacer la ley más dura que la actual, la cual ya prohíbe poner palomas en las calles, y que en períodos de campañas está poblado de ellas. La solución no puede ser aumentar la prohibición si ni siquiera estamos en condiciones de hacer cumplir las prohibiciones actuales”, señala Auth.

Por su parte, el diputado de Amplitud, Pedro Browne, señaló que el día jueves pasado, su movimiento, junto a Fuerza Pública y Red Liberal, sostuvieron una reunión con la ministra de la SEGPRES, Ximena Rincón, en donde le hicieron entrega de un documento con sus propuestas en orden a transparentar la actividad política. Además, Browne expresó que la ministra les comentó que la filtración correspondería sólo a un borrador inicial, y que en ningún caso contiene todas las medidas que su cartera pretende enviar a la Cámara.

Pedro Browne

De todas maneras, el diputado Browne valora que exista una sintonía entre los planteamientos de su colectividad con la iniciativa del Ejecutivo, como por ejemplo que se prohíba a las empresas que puedan aportar a las campañas políticas al parlamento, y que luego puedan suscitarse conflictos de interés entre quienes fueron financiados por estos organismos.

Quien puso la nota disonante en el debate sobre este proyecto, fue el diputado de la UDI Patricio Melero, quien si bien compartió la idea de que en general este proyecto puede aportar a la transparencia de la actividad política, enfatiza que prohibir el aporte en dinero a las campañas por parte de personas jurídicas, no le parece justo en la medida que a las empresas también les importa quiénes sean elegidos para dirigir los destinos del sistema económico en Chile.

Patricio Melero

Además, el diputado gremialista señaló que echa de menos en el proyecto un apartado que regule la actividad de los gobiernos en época de elecciones: “Creo que falta un capítulo muy importante, que es el que debe regular la acción de los gobiernos y del estado en tiempos previos a las campañas. Se debe regular la entrega de bonos de ayuda, beneficios, subsidios; se deben controlar los programas de inauguraciones especialmente en el mes previo de las elecciones, porque sabemos que la influencia del estado puede ser muy determinante en una dirección u otra con iniciativas de ley, o con entrega de recursos días previos a una elección”, advierte Melero.

Aún no existe claridad sobre las fechas en las que el Ejecutivo enviará la iniciativa para su discusión en la Cámara de Diputados, sin embargo se adelanta una dura discusión entre el oficialismo y la oposición por algunos de los puntos que ya se han dado a conocer a la opinión pública, como la obligación que las radios emitan gratuitamente publicidad electoral, o que circulen en los medios de prensa escrita suplementos con propaganda electoral.