Durante la tarde de este lunes, se confirmó que el Gobierno se querellará por la Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables del ataque incendiario que afectó a un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), en la comuna de Providencia.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dijo que “el respeto al Estado de derecho en Chile no es optativo. El gobierno siempre se va asegurar de que la ley se cumpla y que no sigamos teniendo este tipo de delitos en el país”. Además, agregó que “una vez que haya recibido el informe a través de la Intendencia se va a querellar por Ley de Seguridad del Estado. Eso lo haremos apenas tengamos información jurídica y, naturalmente, siempre dejamos abierta la aplicación de otras leyes“.
Previo a las palabras del personero de gobierno, el Fiscal Oriente, de la Fiscalía Local de Flagrancia, Ricardo Jara Leiva, confirmó que se trataba de un ataque “coordinado” y “organizado”, perpetrado por 7 a 8 encapuchados vestidos con un overol blanco. Sujetos que habrían lanzado al menos cinco bombas molotov contra las instalaciones de Condell 264.
Jara, además, confirmó que “la evidencia que se encontró (en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano) guardaría relación directa con el ilícito que se cometió. Se hallaron las vestimentas que habrían sido utilizadas por los desconocidos al momento de atacar dicho cuartel policial, además, de haber encontrado en el registro de este establecimiento educacional acelerante de similares características al que se arrojó al cuartel policial. Se dispusieron las pericias que son necesarias y conducentes para poder determinar, tanto la existencia del delito, como la participación de los imputados”. Sin embargo, indicó que no se puede asegurar la presencia de estudiantes de esa casa de estudios.
En esa tónica, el persecutor comentó que se baraja la hipótesis de que desconocidos ingresaron al recinto educacional luego del ataque, donde pudieron haber dejado los elementos que los vinculan con el delito. Visión que es compartida por Javiera Pino, estudiante de Trabajo Social de la Universidad.
“Un grupo de encapuchados quemó un auto de alguno de los funcionarios de la PDI y de manera inmediata, y en cuestión de segundos, empezó la balacera hacia la Universidad. Nosotros estábamos casi sitiados y nos tuvimos que cubrir detrás de las panderetas. A mí me pasó un balín por el lado de la cabeza. Luego tuve que socorrer a una compañera que estaba dentro del campus con su hijo, porque tenía una lacrimógena reventada detrás de ella”, dijo acusando la violenta reacción del cuerpo de investigaciones.
Al finalizar, Jara informó que los delitos por los cuales la Fiscalía imputa a estos sospechosos que siguen sin ser identificados, se remiten a porte de elemento incendiario, delito de incendio, lesiones -a funcionarios de la PDI- y un eventual daño a particulares, por el caso del vehículo que resultó con daños casi totales.
Cabe recordar que como resultado del ataque tres funcionarios de la PDI resultaron con heridas de carácter leve. Además, dos vehículos fueron totalmente incendiados producto de los artefactos explosivos.
