Chile pareciera estar avanzando en materia de transparencia luego de los resultados obtenidos por el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, que posiciona al país como líder en América Latina, y lo deja entre los primeros 25 del ranking mundial en materia de probidad, pero aún habría mucho por hacer para mejorar esta condición y evitar las distintas formas de influencia que se pueden producir sobre las políticas públicas y que tengan intereses particulares.

En este contexto, el presidente de Chile Transparente, el ex ministro José Antonio Viera-Gallo, indicó que es muy importante mejorar las normas sobre financiamiento de la política, pero también ejercer una mayor fiscalización a nivel municipal, sobre todo de los permisos de construcción y vigilar el buen uso de recursos públicos en materia educacional, entre otros temas.

Esta semana ha sido particularmente activa en materia de transparencia, primero con la entrada en vigencia de la ley de lobby, luego con la divulgación del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 y ahora se suma la plataforma de visualización de datos “La Puerta Giratoria de Poder” publicada por el Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper) en la que se puede realizar una revisión del tránsito de funcionarios entre el sector privado y los servicios públicos (y viceversa).

Francisca Skoknic

Francisca Skonic subdirectora de Ciper, enfatizó que la iniciativa no tiene un carácter acusatorio sino que entregar una visualización que permita a las personas estar atentas a los posibles conflictos de interés, sobre todo cuando los funcionarios regresan a las mismas empresas de las que salieron.

“En Chile es bastante común que las personas dejen el gobierno y se vayan a empresas. Nos llama la atención que identificamos varios casos de gente que trabajaba en una empresa x, fue al gobierno y luego volvió a la misma empresa. Entonces uno se pregunta que “a la larga” con quién está la lealtad de las personas o si esas personas tiene realmente la libertad para tomar decisiones que pudieran por ejemplo, perjudicar a quien fue su pasado o futuro empleador.

Transparencia Internacional advierte el peligro de que “funcionarios públicos pueden incluso favorecer a ciertas compañías o sectores en sus decisiones mientras están en el gobierno con la esperanza de obtener un trabajo en el mundo corporativo una vez que dejen la administración pública”.

En este sentido la ley de Probidad chilena es calificada como “relajada”, y solo exige en su artículo 58, a los ex funcionarios públicos un periodo de incompatibilidad de hasta seis meses para acceder al sector privado, pero la medida cuenta solo para quienes hayan estado en una partición que ejerciera tareas de fiscalización sobre dicho sector.

Esta característica es conocida como “periodo de enfriamiento” y en algunos países de la OCDE puede llegar a extenderse por más tiempo, como en Japón que tiene un plazo de dos años o Alemania donde para los cargos muy sensibles el periodo de abstinencia de participación en sectores relacionados llega a los cinco años.

La misma OCDE prevenía en 2010 que “la partida desde cargos públicos plantea legítimas preguntas sobre el potencial uso o mal uso de conocimientos específicos o internos de los funcionarios públicos cuando dejan sus puestos y –tanto temporal como permanentemente– trabajan en el sector privado o sin fines de lucro”.

Alberto Precht

El Director Ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, señala que si bien ninguna normativa puede ir en contra de la libertad de trabajo y de que el Estado pueda elegir a quiénes quiere para el mejor desempeño de ciertas tareas, existen algunas áreas que son más delicadas que otras y en las que habrá que generar limitaciones.

“Hay cierta capa de cargos donde uno debe tener mayor cuidado. Por ejemplo en el sector de adquisiciones o de toma de decisiones que tengan que ver con compras importantes por parte del Estado. Ahí hay que generar evidentemente limitaciones. Nadie quiere que personas que tienen una capacidad y que pueden aportar también en el sector público, no lo hagan. Lo importante es que se transparenten los posibles conflictos de interés y cuando el conflicto de interés no sea posible de resolver que efectivamente se tomen las medidas como puede ser que en determinados cargos no se pueda tener esta dualidad de haber trabajado en una empresa regulada por ejemplo y en el regulador”.

Precht advierte que Chile tiene una legislación insuficiente en la materia y que la tramitación de nueva la ley de probidad en la función pública ha sido lenta. De completarse la iniciativa, permitiría tener mejor declaraciones juradas del patrimonio de las personas o identificar fideicomiso ciego, mandato y administración de bienes y así reducir las posibilidades de entrar en conflictos de interés.