Este miércoles los alcaldes de las zonas afectadas por el proyecto Cardones- Polpaico realizaron una reunión de coordinación para precisar los pasos a seguir después de que este lunes se reunieran con el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, sin poder llegar a un acuerdo.

La iniciativa de ampliación eléctrica une la localidad de Polpaico en el sur con la de Cardones en el norte, a través de más de 750 kilómetros de trazado, pasando por once comunas con el fin de transportar energía entre Copiapó y Til-Til.

Máximo Pacheco

Es un plan de la empresa colombiana de Interconexión Eléctrica, que cuenta con mil 700 torres de alta tensión y ha generado el descontento de los alcaldes, quienes denuncian que no se realizó el debido proceso de participación ciudadana. Hace unos meses, las autoridades locales se agruparon y expresaron su rechazo en lo que denominaron “la Declaración de Catapilco”.

Este miércoles se conformó una coordinadora amplia en contra del proyecto, donde participan parlamentarios de la zona, además dirigentes sociales y vecinales. La organización comenzó a trabajar sobre los siguientes pasos a seguir luego de que el lunes pasado los alcaldes se reunieran con el titular de energía, Máximo Pacheco. Sobre esto se refirió el senador por la Quinta Región costa, el RN Francisco Chahuán.

Francisco Chahuán

“Lo que se comprometió el Ministro de Energía es a incorporar la definición del trazado a las mesas comunales con la sociedad civil de las respectivas comunas. Me parece que es importante para los efectos de evitar impactos o externalidades negativas respecto a el trazado de esta línea de alta tensión”, afirmó.

Pacheco sostuvo de todas maneras que “el proyecto Cardones- Polpaico se realizará sí o sí”, ya que es parte de un plan de Gobierno que busca rebajar los precios de la luz a nivel nacional. El secretario de Estado añadió que la única alternativa que podría existir a este tipo de sistemas sería la utilización de vías subterráneas, lo que implica un valor diez veces mayor, por lo que no sería rentable.

Ante esto el vocero de los jefes comunales, Nicolás Cox, alcalde de Zapallar, sostuvo que el camino que les queda es seguir expresando su rechazo y adoptar la vía legal.

“La verdad es que se ha ratificado lo que ya se había acordado en reuniones anteriores; que debe seguir adelante el camino jurídico correspondiente para producir el cambio en el trazado, más allá de las reuniones que pueda tener el señor ministro con cada alcalde”, afirmó la autoridad local.

Para esto se nombró a como coordinador jurídico, al abogado Juan Carlos Urquidi quien afirmó que la iniciativa tiene impactos socio-ambientales en contra del marco regulatorio vigente, así como de las convenciones y tratados internacionales que protegen la biodiversidad y territorio, como la Unesco y la convención de Washington.

En ese sentido, el abogado se mostró tranquilo y se pronunció sobre las ventajas estratégicas con las que cuentan.

“Afortunadamente estamos muy a tiempo, porque el proyecto recién está solicitando el otorgamiento de la concesión eléctrica y en el primer (Informe) ICSARA de Evaluación Ambiental. Aún es prematuro pensar en recursos judiciales muy contundentes porque no tenemos que correr contra reloj, sino que podemos monitorear con toda calma cuál va a ser el talón de Aquiles, la vulnerabilidad mayor que tendrá este proyecto” afirmó y añadió que esto cobra sentido “particularmente mirando a largo plazo sus escazas posibilidades de financiamiento, porque ningún banco facilita recursos a un proyecto judicializado”.

Así comienza una pugna que esta vez contempla incluso a los jefes comunales, contra una iniciativa considerada por el ministro del ramo como “prioritaria para la agenda energética nacional”, que contempla una inversión de mil millones de dólares y que fue licitada a nivel internacional por el mismo Ministerio de Energía el 2013.