Semanas tormentosas vive la Unión Demócrata Independiente (UDI). A la investigación judicial que viven algunos de sus militantes por el caso Penta, se sumarían los conflictos de interés que habrían tenido sus parlamentarios a la hora de defender en el Congreso algunas materias que perjudicaban al grupo económico liderado por Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Este miércoles se reveló una nueva arista en esta cuestionada relación. Según denunció Ciper, el presidente del partido, Ernesto Silva, habría promovido una indicación con el objetivo de beneficiar al holding  mientras era presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado y accionista de la Isapre Banmédica ( propiedad de Penta).

Recordemos que el pasado 6 de enero se dieron a conocer unos correos electrónicos entre el líder gremialista y Carlos Lavín, en los que el empresario le escribía preocupado por cómo se estaba discutiendo la Ley de Isapres, en primer trámite constitucional en ese momento: “Los DC estarían llevando esta idea del reajuste máximo según IPC de la Salud, para el Plan Garantizado y para el Complemento. Si entendí bien esto, sería de la máxima gravedad”, decía el correo de Lavín, a lo que Silva respondió que “es sólo para el Plan Garantizado”.

A raíz de esta información, el diputado presentó ante la prensa un certificado que indicaba que se había desvinculado del paquete accionario en septiembre de 2013, defendiendo el que no mantenía conflictos de interés a la hora de votar en el Parlamento. Sin embargo, según se investigó, la promoción de la cuestionada indicación fue en un plazo donde el UDI mantenía capital en la Isapre.

La cuestionada modificación

En noviembre de 2012, el gobierno de Piñera ingresó una modificación al proyecto que reformaba la Ley de Isapres. El drástico cambio afectó al espíritu oiriginal del proyecto que buscaba una tarifa plana e igualitaria para los usuarios de las Isapres, en cambio, proponía tarifas por rango etario. En la justificación ante la comisión que presidía Silva, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich explicó que los altos costos del cambio los habían llevado a repensar la iniciativa.

Según se conoció días después de esa sesión, la indicación no fue redactada desde el gobierno, sino desde la misma comisión de Hacienda, por Silva y otros parlamentarios de la UDI. En la oportunidad, el diputado reconoció a la prensa que había sido parte de ese grupo de legisladores que presentó la modificación por considerarla “una buena medida” que “mejoraba el proyecto”.

Producto de todos estos antecedentes, esta mañana el jefe y subjefe de la Bancada PC-IC, Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, respectivamente, ingresaron ante la Comisión de Ética de la Cámara una solicitud para que se sancione al diputado Silva, por no haberse inhabilitado en la votación de la Ley de Isapres, pese a que quedó demostrado que durante su tramitación en la Cámara, el UDI era dueño de acciones de prestadores de salud en la empresa de su tío (Carlos Délano).

“Yo descarto plenamente que haya existido conflicto de intereses”, aseguró el secretario general de la UDI, Javier Macaya. A juicio del parlamentario, para registrarse este problema, la relación entre el legislador y el asunto a tratar debe ser “directa”.

Más tarde vino la defensa de Silva. El diputado explicó que él tenía una declaración de patrimonio “transparente, completa, y no tenía ningún conflicto de interés”, negando la información aparecida en la prensa.

Junto a ello descartó que estuviera impedido de votar en este tipo de proyectos: “La normativa es muy clara en eso, cuando las normas afectan a toda la actividad no existe conflicto de interés. Esa es la norma que se establece, muy nítida. Si no, por ejemplo, ningún padre que tenga un hijo podría votar en un proyecto de ley educacional”, dijo dejando entrever que el conflicto de interés se podría generar en situaciones particulares.