La petición de renuncia que la Conadi hizo al ex Fiscal, Rodrigo Bustos dejó al descubierto las pugnas políticas que se viven al interior de la Nueva Mayoría en la región de la Araucanía, lo que ha impedido, según diversos actores, avanzar en materias de investigación de posibles irregularidades al interior del servicio.

A poco más de dos semanas de que hiciera efectiva su renuncia, el ex Fiscal Nacional Rodrigo Bustos sorprendió con una entrevista a la prensa local, donde afirmó que la investigación “tocó la sensibilidad de personas muy poderosas, lo que motivó derechamente una presión interna y externa”, y confirmó que fue marginado a pocos días de presentar nuevos antecedentes, que apuntaban a irregularidades cometidas en la actualidad.

El ex fiscal añadió que fue amenazado de muerte mientras realizaba la investigación y que estas amenazas “fueron en escalada”.

Trayectoria de Bustos

Rodrigo Bustos, militante del PPD, asumió como Fiscal Nacional de Conadi en mayo de 2014 después de haberse desempeñado por años en el sector privado. Su nombramiento generó críticas de comuneros mapuche de la zona y de algunos sectores de su propio partido, las juventudes y el mismo presidente regional, Ricardo Celis, quienes criticaron su rol en la defensa de procesados por violación a los Derechos Humanos, como Crisóstomo Ferrada y Pedro Tichahuer, vinculado al llamado “Caso Polvorín”.

También se le cuestionó su rol como defensor del ex Core Manuel Aravena, acusado por fraude al Fisco, además de su asesoría a Simón Tuma, hijo del senador (PPD) Eugenio Tuma, en la causa donde se le formalizó por cuasi delito de homicidio por la muerte de un trabajador en uno de sus fundos. Pese a las críticas, Bustos afirmó “no sentirse inhabilitado moralmente para asumir ese cargo”.

Tensiones políticas internas y en la Nueva Mayoría

Pero más allá de su trayectoria, las declaraciones del ex fiscal generaron una fuerte inquietud. Así lo sostuvo el Senador Tuma, quien definió la carrera profesional de Bustos como “intachable” y apuntó al silencio del Director del Servicio, el también PPD, Alberto Pizarro.

“Sería muy interesante que el Director explicara cuáles son las razones de fondo que ha tenido para remover al fiscal y que pudiese ser transparente también ante la opinión pública. Porque en definitiva lo que se está haciendo es paralizar el proceso. Se podría decir ‘bueno, va a haber otro fiscal ‘pero ese fiscal que retome el ritmo, el conocimiento de los antecedentes en una tarea tan delicada como esa, va a tomar un buen tiempo, con eso se va a postergar una tarea que es urgente”.

El emplazamiento evidenciaría una crisis al interior del PPD. Fuentes del partido apuntaron a la cercanía que tendría el ex fiscal Bustos con el senador Tuma por un lado, mientras que por el otro, el actual director de la Conadi, Alberto Pizarro Chañilao, sería cercano al senador y presidente de la colectividad, Jaime Quintana. Todo esto cuando las reformas político-electorales harían muy difícil que ambos parlamentarios vuelvan a ser relectos por la misma región.

Pero esta tensión interna se suma también a la rivalidad que ha mantenido el PPD con la Democracia Cristiana en La Araucanía, en especial con Francisco Huenchumilla, ya que justamente Tuma ha protagonizado fuertes encuentros verbales con el Intendente por su manejo político del conflicto político territorial con el pueblo mapuche.

El más recordado es el rumor de una supuesta renuncia del Intendente después de sostener una dura reunión con parlamentarios oficialistas, la cual fue desmentido por Huenchumilla, quien afirmó que no renunciaría “porque a algún pelotudo envidioso le diera una pataleta”, a lo que Tuma respondió públicamente que no se haría cargo de “una grosería de esa naturaleza”, dejando al descubierto las tensiones del conglomerado oficialista en la región de La Araucanía.

Impacto en la investigación

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Conadi, Sandra Marín, afirmó que todo este juego político le hace daño a una institución de por sí muy golpeada, más aún cuando el Gobierno busca dar un salto hacia la creación de un Ministerio, por lo que es imprescindible que todo esto se aclare.

“Es lamentable porque el compromiso institucional que tienen los funcionarios es, entre todos, tirar para arriba, independiente de las posturas políticas, aquí hay un bien común que tiene que ver con las comunidades, y eso es lo que no se entiende. Nosotros lo hemos manifestado, el asunto político siempre ha sido fuerte dentro la institución, siempre la Conadi es como el botín de guerra, indistintamente de que todos se quejan de su dificultad, de que no saben cómo manejarlo, por dónde empezar”.

La dirigente afirmó que lo que está ocurriendo no es usual, ya que es primera vez en la Conadi que se le pide la renuncia a un fiscal. Ahora, Joaquín Bisama, quien llegó con Bustos al servicio como profesional de apoyo, se hará cargo de conducir el proceso.

El cambio de titular afecta a la investigación que la Fiscalía mantiene en absoluta reserva, así como a la llamada “Comisión Investigadora sobre compras de tierras para personas y comunidades indígenas, entre los años 2011 y 2013”. Su presidente eldiputado del Partido Radical, Fernando Meza afirmó que se perdió la posibilidad de seguir con una colaboración que había sido exitosa, y que espera reunirse con Bustos para que le haga entrega de los antecedentes, ahora ya como civil.

“No es la forma de despedir a un funcionario ni de colaborar en la investigación”, sostuvo, y lamentó la salida del ex fiscal. Meza señaló que “quiere creer” que fue apartado por razones que van más allá de la pugna política. De hecho, indicó que él también recibió amenazas: “No te metas en las patas de los caballos, porque vas a terminar pateado”, fue uno de los mensajes que recibió.

En cuanto a la Comisión, la investigación ya estaría llegando a su fin, a punto de confirmar las irregularidades y establecer responsabilidades políticas.

“La Comisión que presido acredita que hay irregularidades, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y que hay sobreprecios también sobre las tasaciones oficiales que se han hecho de parte de la Conadi a algunos terrenos, lo que está acreditado. Naturalmente que eso afecta a funcionarios de la Conadi, también a personas que no eran del organismo pero que actuaban como si lo fuesen, como el ex gobernador de Malleco, u otras altas personalidades del gobierno anterior”.

El diputado advirtió que es posible que la oposición se niegue a confirmar estos resultados para proteger a los funcionarios de la Administración Piñera involucrados. La Comisión tiene plazo hasta el 28 de marzo para entregar su informe final, pero es posible no logre acuerdos en unanimidad, lo que aceleraría la entrega para la primera semana de marzo, pero restaría validez a la investigación, con lo que se diluiría el objetivo final de esclarecer la verdad en este caso.

Algo que, para la presidenta de los trabajadores “es común cuando se trata de la Conadi, y del conflicto territorial y político en el sur del país”.