Cerca de las 15.30 hrs, el Juez Juan Manuel Escobar dio por concluida la tercera jornada de formalización en el llamado Caso Penta. El magistrado fijó para este sábado a las 10 de la mañana su exposición para dar a conocer las medidas cautelares sobre los diez imputados.

“Hay una imposibilidad humana de entregar una resolución el día de hoy”, por lo extensa que ha sido la jornada, concluyó Escobar.

La arista Piñera

El fiscal Carlos Gajardo reveló este viernes que incautó un contrato Forward donde aparece una empresa ligada al ex Presidente Sebastián Piñera, realizado en año de campaña y que se pagó los primeros días de 2010.

Gajardo señaló, durante las réplicas de la tercera jornada de formalizaciones, que en una diligencia realizada hace una semana se encontró el contrato entre Mediterráneo Fondo Inversiones y CB Cruzat, que a su vez tiene como contraparte empresas del grupo Penta.

“Hay un décimo contrato de forward muy relevante que la Fiscalía sólo lo incautó la semana pasada, ¿cuál es la fecha de este forward? 7 de noviembre del año 2009. El pago se realiza días después, los primeros días del 2010″, aseguró el persecutor.

Se trata de un forward en el que Inversiones Penta III depositó 50 millones de pesos en CB Cruzat como forward de entrada, y 50 millones de pesos de salida a Administradora Bancorp S.A., sociedad en que Piñera participaba indirectamente antes de asumir como Presidente.

“Saquemos nuestras propias conclusiones”, declaró el acusador de la Fiscalía Oriente.

A su vez el persecutor destacó que Délano y Lavin no prestaron colaboración sustancial al ocultar información respecto a los contratos forward que ellos mismos firmaron.

Esto en una jornada que fue antecedida por el Fiscal Sabas Chahuán, quien indicó que “hemos dado cuenta de 18 hechos reiterados de comisión de delitos por parte de los controladores del holding Penta”.

Luego de esa breve intervención en donde dio cuenta de los antecedentes, quien tomó la voz fue el Fiscal Carlos Gajardo que refutó cada uno de los argumentos de la defensa de los formalizados, en especial sobre las acciones del ex Subsecretario de Minería Pablo Wagner, indicando que sí incurrió en el delito de cohecho.

“Es nítido que lo que hace es ocultar la relación, porque después de ser subsecretario sigue dando boletas, pero con una empresa de él, Santa Irene. Pero mientras era autoridad las emitió a través de una tercera persona”, agregó.

Sobre la teoría de que los ex controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín habrían colaborado con la investigación, lo que ameritaría reconsiderar la medida de prisión preventiva, el querellante aseguró que los empresarios “no colaboraron”, sobre todo en lo que tiene relación con los contratos forwards. “Lo investigamos y resulta que eran cinco y firmados por Délano y sus hijos”, y no tres como habrían declarado.

“Incautamos la semana pasada un forward con empresa Bancorp. ¿Desconocían los imputados Délano y Lavín su existencia?, preguntó Gajardo a la audiencia. :”Soy funcionario público y nos enerva cuando hay funcionarios corruptos”, arremetió.

Sin embargo, en su exposición reconoció la colaboración de Castro y Bravo: “Esta pieza habría seguido oscura si no fuera por las declaraciones de Hugo Bravo y Marcos Castro”.

Por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la consejera María Inés Hortviz también arremetió en contra de Wagner: “Aquí quedó claro que había una actividad delictiva (…) se hacía a vista y paciencia de todo el mundo”, aseguró la abogada

Juan Ignacio Piña, presidente del CDE complementó la mirada de la consejera y se refirió a Marcos Castro señalando que “este sí reconoce que no tuvo fuerzas para parar esta maquinaria antes, bueno que también reconozca que entregó un sobre de billetes”.

“Están acreditados los delitos y la participación”, afirmó el abogado del SII, Benjamín Ríos, quien señala que Wagner, sabiendo que la devolución de impuestos era irregular, la hizo y en un año y medio no fue capaz de rectificar. “El señor Wagner perpetró el 75% de los delitos tributarios que un contribuyente puede cometer”, asegura el abogado.

Los alegatos de la defensa

Las defensas de Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Juan Martínez finalizaron sus alegatos rechazando las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

La primera que comenzó fue la abogada de Hugo Bravo, Catherine Lathrop que respondió a los alegatos hechos por la defensa de Carlos Lavín y Carlos Délano que sindicó al ex gerente como el artífice de la evasión tributaria que se hizo por intermedio de las boletas ideológicamente falsas.

Además, la abogada destacó la participación de su representado, quien, incluso estando enfermo, se acercó a comparecer ocho veces entregando material importante para la investigación.

Asimismo, descartó que Bravo tenga relación con hechos de asociación ilícita como acusa un segundo querellante que es representa a Vidrieras La Argentina.

Lathrop con esto busca que el Juez Juan Escobar no acoja la petición del Consejo de Defensa del Estado de otorgarle la prisión preventiva a su defendido.

En tanto la defensa de encabezada por el abogado Rodrigo de la Barra, defensor de Marcos Castro, se basó en quitarle protagonismo al ex gerente de Contabilidad del holding: “La real participación de Marcos Castro en un supuesto sistema de sobornos es, a mí entender, marginal”, sostuvo el profesional quien fue el segundo en continuar con los alegatos.

Así Rodrigo de la Barra rechazó la medida solicitada de arresto domiciliario y destacó que su cliente fue el primero en acudir a la fiscalía en calidad de testigo.

El abogado hizo una reseña de la vida académica y profesional de Marcos Castro y agregó que cuando llegó a Penta ya operaba el difunto martillero Jorge Valdivia.

Respecto del rol de Castro en la empresa, dice que es uno de los doce contadores y que es uno de los siete gerentes del conglomerado bajo las órdenes de Hugo Bravo y ahora bajo las órdenes de Manuel Tocornal.

El abogado asegura que Castro “firma los cheques que Bravo le pone en frente”, y que igual va a tener que pagar sus impuestos en abril. “Él no va a bajar sus impuestos en abril, porque es sólo una pieza fungible de una maquinaria de la cual no tiene dirección”, sentencia.

Luego fue el turno de Sergio Rodríguez, abogado defensor del ex funcionario del SII Iván Álvarez, el supuesto “cerebro” del fraude al FUT. Rodríguez señaló que su defendido ayudó a la Fiscalía a buscar las sociedades de Penta. “Estuvo sentado por horas en el computador del fiscal Gajardo buscando las sociedades”, afirmó.

Rodríguez aseguró que su representado, que está en prisión preventiva, entregó nuevos datos a la fiscalía en el marco del caso.

El abogado calificó como “monstruo de tres cabezas” a la Fiscalía, el SII y al CDE, por las imputaciones contra su representado y ratificó su argumento cuando finalizó su turno para alegar.

“La verdad que esa no es una calificación mía. Eso es una realidad en que el Estado se separa en 3 entes distintos para perseguir a un ciudadano, no es una creación de este defensor, eso es algo que es una realidad objetivamente”.

A renglón seguido reconoce que su defendido recibió un sobre: “Él lo reconoce, reconoce efectivamente recibió dinero de parte del grupo Penta, cuatro millones de pesos”.

Con respecto a la falta de objetividad, uno de los argumentos escogidos por las defensas, el abogado del partido Socialista, Enrique Aldunate, señaló: “No podría sustentarse en forma plausible que existe una infracción al principio de objetividad porque todos los antecedentes están a disposición de las defensas. Acá solamente se ha planteado la necesidad de cautela respecto de ciertos delitos, de ciertas conductas y en ese contexto, obviamente no es la etapa en la cual el ministerio Público debe efectuar un reconocimiento de determinadas circunstancias que modifiquen la responsabilidad. Eso es  un problema al tiempo de la acusación y no en este momento”.

En tanto la defensa del ex funcionario del SII Juan Martínez indicó que no existen antecedentes plausibles para afirmar el delito de cohecho. Esto porque el Ministerio Público sólo se ha basado en las declaraciones de Hugo Bravo, no existe un documento. Esto porque no hay un correo electrónico hecho por Martínez, no existe un peritaje técnico que dijera que usó sus claves, ni tampoco que señalara que ha fiscalizado solamente a Penta Inmobiliaria, y agregó que el SII no ha presentado ninguna querella contra su representado, lo que causa “curiosidad”.

El abogado dice que su defendido ha cometido infracciones, pero que no son cohecho y añade que su representado era el imputado más fácil se acusar, y que no tuvo más beneficios que tratar de ayudar a un hijo suyo con un cupo en un hospital, en referencia a la ayuda que solicitó a personeros relacionados con Penta.

En tanto, el abogado José Pablo Forteza, que defiende a Hugo Bravo criticó nuevamente al CDE por no reconocer la colaboración sustancial del ex gerente de Penta en el caso. “A diferencia de otros imputados que hablaron la semana pasada, el señor Bravo habló en agosto de 2014”, sostuvo.

Para reafirmar ello, reiteró lo dicho por el fiscal Gajardo quien sostuvo que si Bravo no hubiera declarado, la carpeta investigativa tendría solo seis páginas.

Una posible salida

Durante la mañana, en entrevista con Radio Universidad de Chile el reconocido economista Andrés Solimano, explicó que el Estado ha tenido un rol pasivo en la protección del patrimonio de las personas y de los inversionistas de empresas Penta.

Esto porque como se ha escuchado, han sido numerosos los delitos tributarios en lo que supuestamente la empresa ha incurrido, como sostuvieron los fiscales durante la ronda de alegatos.

Por ello Andrés Solimano propuso la siguiente tesis: “Yo creo que los activos del grupo, y esto también se hizo en el 82 y 83 en Chile, en otro contexto institucional, se ha hecho en Estados Unidos, con la crisis en Inglaterra, debieran ser intervenidos. Yo creo que la superintendencia de Bancos e Instituciones Financiaras, ojala el Erik Parrado el superintendente este escuchando este programa, debiera considerar directamente o la autoridad competente y tomar esa medida”.