La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, respondió este viernes a la carta del general director de Carabineros, Gustavo González Jure, difundida por la institución el pasado sábado 4 de abril.
A través de una nueva misiva publicada en el sitio de la institución, Lorena Fríes recordó que la vulneración de los DD.HH. “proviene de acciones u omisiones de los Estados, sus instituciones y agentes, cuestión que permite distinguir una vulneración de tales derechos fundamentales de la comisión de delitos por particulares, los que pueden ser tan reprochables como los primeros, pero no constituyen necesariamente una violación de DD.HH en los términos universalmente aceptados”.
En ese sentido, la directora destacó que la función de la entidad es “el seguimiento del actuar de aquellos organismos del Estado a los que se ha adjudicado el monopolio de la fuerza a efectos de que contribuyan al objetivo permanente de mayores niveles de paz y seguridad de la ciudadanía y de resguardo de un orden público consistente con una sociedad democrática. Es allí donde las personas son más vulnerables y se comenten graves violaciones a los DD.HH.”.
Luego, Lorena Fríes detalla las distintas acciones de educación y promoción que realiza la institución y señala que “el INDH ha sostenido de manera permanente, la consideración de que el derecho a la manifestación debe ejercerse de manera pacífica y sin violencia y que los actos cometidos en sentido contrario constituyen delitos frente a los que Carabineros debe actuar y el sistema de justicia procesar y sancionar”.
Asimismo, subraya que el INDH ha hecho seguimientos al actuar de Carabineros, contrastándolo con los estándares internacionales, y “como a Ud. le consta pues le hemos hecho llegar los correspondientes informes con la debida anticipación, hemos criticado prácticas específicas que demuestran que, de manera reiterada, el accionar de Carabineros en contexto de manifestaciones -que debiera estar profesionalmente enfocado a perseguir a grupos minoritarios que actúan con violencia- termina vulnerando el derecho a manifestarse pacíficamente”.
“En este sentido, resulta evidente que las observaciones realizadas por el INDH, no expresan que el actuar de Carabineros en su conjunto vulnere los derechos humanos, sino que en el cumplimiento de una de sus funciones se produce, como consecuencia generalizada, la vulneración del derecho de manifestación”, añade.
Del mismo modo, la carta de Lorena Fríes destaca las alianzas de colaboración entre ambas instituciones y los avances que se han logrado, “como la instalación de cámaras al interior de los vehículos institucionales, la creación del Departamento de Derechos Humanos y el haber hecho públicos los protocolos que debieran regir el actuar policial en estos casos, siendo evidente que queda mucho por hacer en esta materia”.
En cuanto a la referencia que hizo Gustavo González Jure a los casos de carabineros lesionados o fallecidos mientras cumplían su trabajo, Lorena Fríes reitera “lo que ha sido doctrina desde la creación del INDH: rechazamos toda forma de violencia, particularmente aquella que afecta a carabineros con motivo del cumplimiento de su deber y, especialmente, nos condolemos y así lo hemos manifestado, como a Ud. le consta, cuando alguno de ellos pierde la vida en tales circunstancias”.
“En ese sentido, nos preocupa el tenor de su carta pues puede mover, involuntariamente, a equívocos por cuanto no es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que alguien pueda confundir nuestro deber de criticar conductas que se aparten de la obligación de respetar los derechos humanos con la justificación de repudiables acciones criminales que afecten a cualquier funcionario de Carabineros”, agrega.
Finalmente, Lorena Fríes dice que el pasado 23 de marzo el Consejo del INDH acordó hacer un estudio e informe sobre los DD.HH. de los funcionarios de Carabineros y solicita la colaboración de la institución: “Nuestra experiencia nos ha permitido apreciar situaciones tales como las extenuantes jornadas de trabajo, la existencia de normas intrusivas al derecho a la privacidad e intimidad, prácticas y usos que pueden constituir formas de discriminación y otras situaciones que pueden estar afectando derechos fundamentales de los/as funcionarios/as. En la medida que ello derivara de actuaciones oficiales de agentes del Estado, podrían ser consideradas vulneratorias de los derechos humanos de los afectados”, indica.
