Esta semana la Presidenta Michelle Bachelet tiene la oportunidad de retomar el liderazgo político del cual ella misma abdicó cuando se reveló el caso de que su hijo y su nuera estaban envueltos en un turbio negocio inmobiliario cerca de Rancagua.

Ayer en la tarde, la Nueva Mayoría realizó un cónclave en el hotel NH de Providencia para discutir el estado actual de la crisis política.

Pero, como afirma un funcionario político de La Moneda, se trató de una “instancia totalmente inútil para avanzar en lo que se necesita por estos días”.

Pero este jueves la mandataria recibirá un potencial salvavidas cuando la comisión que encabeza el economista Eduardo Engel entregue sus propuestas anti-corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés. ¿Pero serán estas recomendaciones lo suficientemente potentes como para reencauzar el debate político y apuntalar la popularidad de Bachelet? (para más información, ver artículo publicado por Héctor Areyuna en este portal: “Comisión Engel entra en su etapa decisiva”).

Lo segundo es dudoso. La popularidad de la mandataria se ha basado históricamente en el aprecio afectivo que muchos chilenos han sentido por ella, pero esa cariñocracia sufrió un golpe que parece irreversible con el escándalo Caval. Lo primero, en cambio, parece más factible dado que toda la antigua clase política –léase la vieja Concertación y la Alianza- necesita con urgencia una máscara de oxígeno.

La comisión Engel se ha manejado en un estricto hermetismo, lo que es una señal inequívoca que ésta se ve a sí misma como un brazo armado de la Mandataria. De hecho, pese a ser inicialmente vilipendiada por parlamentarios y líderes partidistas, al final éstos se han tenido que cuadrar en torno a ella. Según personas que saben del funcionamiento interno de esta comisión, la Presidenta se mantiene informada del curso que siguen los debates internos y hacia dónde apuntan sus conclusiones.

De acuerdo a estas fuentes, que han tenido un acceso indirecto a las discusiones internas de la comisión, las propuestas apuntarían a fortalecer cuatro ámbitos.

El primero se refiere a los partidos políticos, donde se buscarían mecanismos para restarle liderazgo a los caciques internos, que suelen ser parlamentarios o jefes de partido. Entre otras cosas, las propuestas apuntarían a un financiamiento público de éstos, a cambio de una serie de condiciones para mejorar la democracia y representatividad internas de los partidos. Ya con anterioridad, expertos en estas materias han señalado que para una democracia puede resultar desequilibrante que centros de estudios privados, como el CEP que es financiado por los grandes empresarios, tengan ingresos anuales de varias decenas de millones de dólares, mientras que los partidos apenas reciben unos pocos millones de pesos al mes. Como parte de esta reconfiguración partidista, los integrantes de la comisión Engel estarían pensando también en exigir que todos los conglomerados políticos se vuelvan a inscribir, lo que llevaría a depurar sus añejas listas de número de militantes.

El segundo punto sería otorgarle al Servicio Electoral un mayor y real poder. Actualmente, no es más que una oficina de partes que certifica que la contabilidad entregada por partidos y candidatos efectivamente esté cuadrada. La participación en la comisión de Daniel Zovatto, director regional para América Latina de IDEA Internacional y experto que ha asesorado múltiples reformas a tribunales electorales en toda la región, parece ser un indicio claro que, entre las propuestas, estará las de un Servel que tenga al menos los mismos “dientes” de una superintendencia. De hecho, los directivos del Servel (entre los que figura el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre) fueron uno de casi 80 organizaciones que visitaron la comisión para exponer sus puntos de vista.

El tercer frente es el de la relación del gran dinero con la política, que está en el centro del huracán en los casos Penta y Soquimich, ambas empresas encabezadas por los “ganadores” de las privatizaciones realizadas durante la dictadura en los años 80. La legislación actual permite a las grandes empresas hacer donaciones anónimas a campañas políticas, pero no así a otro tipo de organizaciones como sindicatos o gremios, como lo podría ser el Colegio de Profesores. Según fuentes interiorizadas con los debates internos de la comisión, ésta se estaría inclinando a favor de simplemente cerrar el grifo a cualquier aporte corporativo o gremial. Para justificar tamaña reducción de ingresos, se propondría simplemente aplicar de verdad la legislación actual que, entre otras cosas, prohíbe o acota considerablemente la propaganda electoral en la vía pública, que es uno de los ítems más caros de cualquier campaña.

Por último, en el tema de tráfico de influencias y la probidad de funcionarios públicos podría haber una mención especial a cómo regular los planes de desarrollo inmobiliario y una serie de condiciones que restrinjan el alegre pasar del sector público al privado. Ello podría ser una referencia velada al caso Caval, que se ha convertido en el talón de Aquiles de una Bachelet que parecía inmune a todo.

Una estrategia comunicacional tras bambalinas

Sin embargo, sigue la duda. ¿Será suficiente para calmar los ánimos? Probablemente no. Por ello, hace unas tres semanas La Moneda desplegó una estrategia de comunicación que, inadvertida para muchos, está cosechando frutos. Y esta consiste en lamentarse que los “rumores” contribuyen al “clima de desconfianza” actual. Como afirmó Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y columnista de El Mercurio “falacia es una versión vulgar de la parábola evangélica. En ella, como todos somos pecadores, nadie puede lanzar la primera piedra”.

Esta línea argumental se inició con el ministro del Interior que, en un cónclave empresarial en Icare, se quejó hace unas semanas de una supuesta “caza de brujas”. Después la propia Presidenta profundizó en esta estrategia comunicacional al afirmar que “no destruyamos la honra de las personas que, a lo mejor, no han hecho nada de esto… ¿por qué lincharlo antes de que se sepa de qué estamos hablando?”.

A la luz de lo que se ha conocido la semana pasada –que el propio Rodrigo Peñailillo trabajó para una empresa de un recaudador histórico de las campañas de la Concertación, Giorgio Martelli– habría que ser muy ingenuo como para pensar que no se ha tratado de una campaña orquestada para minimizar el daño. Si hace tres semanas (una eternidad dado el actual ritmo de revelaciones)  se hubiera revelado los nexos indirectos de Peñailillo con Soquimich, el escándalo hubiese sido mayor. No hay que olvidar que a estas alturas son ya cuatro los miembros del Ejecutivo ligados de alguna manera a la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet: Peñailillo, Rodolfo Baier, Ximena Rincón y el director de Servicios de Impuestos Internos Michel Jorrat.

Pero la campaña de empatar a través de ensuciar a todos está rindiendo sus frutos. El Mercurio, que representa los intereses permanentes de la derecha chilena, ya se está cuadrando a favor del orden. Lo mismo hace Patricio Fernández, director del semanario The Clinic. “De pronto las novedades de los bullados casos en curso en lugar de seguir abriéndonos los ojos, empiezan a aburrir”, sostuvo en el editorial de la última edición de ese periódico. Justo cuando debería estar más entretenido que nunca.