Este 28 de abril entró en vigencia la segunda etapa de la ley que regula la actividad de lobby. La normativa integra a cerca de 2 mil autoridades compuestas por los jefes de servicios, directores regionales de los servicios públicos, intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Jefes de Gabinete, quienes deberán hacer públicas las audiencias, regalos y viajes que reciban de parte de gestores de intereses particulares o lobistas.

El ministerio Secretaría General de la Presidencia, a través de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia (CDCyT), realizó  una ronda de capacitaciones en todas las regiones del país. Patricia Silva, Subsecretaria General de la Presidencia, aseguró en entrevista con Radio Universidad de Chile que quieren revertir el actual registro voluntario.

También explicó que en medio de este proceso de evaluación y revisión para mejorar el implemento de ley. En ese sentido, aseguró que “incluso los grandes y reconocidos lobistas buscan igualdad”, por ello piden aparecer con una actividad lícita y no “establecer este componente tan negativo”, sino decir: “acá hay un registro de lobistas, estos son”.

La entrada en vigencia de esta nueva fase del proyecto se dio en medio de los anuncios entregados por la denominada comisión Engel a la Presidenta Michelle Bachelet. En el documento elaborado por el grupo de expertos se incluyeron varias propuestas para fortalecer el registro de lobistas, por ejemplo la creación de un Código de conducta, tener un plan de capacitaciones, agregar el registro de reuniones no solicitadas o informales de todos los sujetos pasivos (tal como se hizo en el Poder Legislativo), crear una norma técnica de entrega de datos al Consejo para la Transparencia y que, en un plazo de dos años, se forme un comité internacional de evaluación de la Ley vigente.

María Jaraquemada, directora de investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente, manifestó que es necesario esperar para evaluar la implementación y sus posibles cambios.  Aseguró que “pueden aparecer otros  temas a perfeccionar además del registro de lobistas”. La integrante de la Fundación, que tuvo un representante en el grupo asesor presidencial, concluyó que entienden el tiempo de adaptación, pero se observan algunos puntos que se pueden mejorar.

Por ejemplo, los estándares de publicación, “muchas veces hemos detectado que en el caso del Congreso no se identifica bien quién es el sujeto activo. Dicen el nombre, pero no a quién representa, por lo tanto no sabes si representa a una empresa, ong o a sí mismo. Además, en la información que se le manda al Consejo para la Transparencia”, sobre esto último, desde Ciudadano Inteligente piden mejorar los estándares de la información que se les envía.

Recordemos que luego de más de 10 años de debate en el Congreso, la Ley N° 20.730 entró en vigencia el 28 de noviembre de 2014 y en esa primera etapa sólo abarcó a las autoridades públicas centrales del país. La tercera fase y final de implementación que se iniciará el 28 de agosto, contemplará a las autoridades regionales y otros sujetos cuyas funciones y atribuciones influyan decisivamente.