La actividad notarial cuenta con una legislación que, si bien ha sufrido algunas modificaciones y actualizaciones, tiene sus orígenes en el siglo XIX, específicamente de un proyecto de 1831, que en 1925 se convirtió en el Decreto de Ley 407.

Esta es la primera razón que los distintos Gobiernos de los últimos años han considerado para ingresar al trámite parlamentario una nueva normativa, pero esta semana la ministra de Justicia, Javiera Blanco, aplazó hasta 2016 el envío del proyecto.

Es tercera vez que esto ocurre. En 2008 fue el primer intento y luego en 2013 y, según la secretaria de Estado, la agenda del Ministerio está muy ajustada como para agregar un nuevo frente de acción.

El diputado DC René Saffirio advirtió inmediatamente un “intenso lobby” por parte de la Asociación de Notarios y Conservadores, y según el abogado experto en ‘cabildeo’, Renato Garín, es evidente pensar que esto sucedió.

El profesional detalló que el proyecto de ley consideraba la idea de incluir la fiscalización del Sernac en la actividad de los ministros de Fe, lo que no gustó en la asociación gremial.

A su juicio, esto da cuenta del poderoso grupo de interés que aquí se configuró, porque “como son servicios muy bien pagados, hay mucho dinero en juego y, además, el notario y el conservador son autoridades del mundo judicial y del mundo legal, entonces se ha ido generando una especie de fronda en la cual los notarios y conservadores son parte de un sistema de beneficios y privilegios de esta clase política que reparte estas oficinas y escritorios, ya no en razón de criterios técnicos o profesionales, sino más bien de criterios políticos”.

El diputado Saffirio, en entrevista con radio Universidad de Chile coincidió con Garín, porque para él existen profundos vínculos entre la clase política y los notarios.

Él mismo reconoció haber visto “influencias en Gobiernos en que se ha designado como notarios a militantes de partidos políticos, como pago a los servicios prestados, familiares; he visto crear notarías para un amigo de algún ministro, en Dictadura por ejemplo; en fin, el procedimiento de nombramiento de los notarios, que es del Poder Ejecutivo a partir de ternas propuestas por la Corte de Apelaciones, está bastante viciado”.

El parlamentario agregó ante esto sus dudas sobre las razones del constante aplazamiento de esta discusión ya que “el sistema notarial funciona a partir de la pitutocracia y cada vez que ha habido intentos por modificar los mecanismos de nombramiento y por regular la actividad notarial, estos se han visto frustrados, vaya a saber uno por qué razón”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Garín advirtió del aumento en las tarifas de los servicios de los ministros de fe, servicios que en otros países han ido incorporando tecnología y mecanismos electrónicos, por lo que cobra fuerza la idea de que se está frente a un grupo privilegiado y desactualizado.