Hace pocos días parlamentarios exigieron al Ministerio de Defensa derogaración inmediata de decreto que permite que las Fuerzas Armadas entreguen medallas en homenaje al Golpe Militar de 1973 y al general Augusto Pinochet.

El argumento central es que estas conmemoraciones constituyen una ofensa al país, a sus instituciones democráticas y que celebrar estos nefastos hechos constituye una afrenta a las miles de víctimas de la Dictadura: ejecutados, detenidos desaparecidos, exonerados, exiliados y torturados. Incluso, el diputado de la Izquierda ciudadana, Sergio Aguiló, catalogó el uso de esta indumentaria como “una cobardía”.

En conversación exclusiva con Radio Universidad de Chile el nuevo Ministro de Defensa confirmó la voluntad de avanzar en esta línea. “Lo han revisado. Están tomando las medidas pertinentes para que esa situación quede zanjada”. En ese sentido dijo que “hay una posibilidad real y cierta de resolver ese problema lo antes posible”.

En línea con este razonamiento, la cartera de Defensa ha examinado la posibilidad de degradar a los militares que han sido procesados por violación a los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad.

Hace más de un año, el ex ministro Jorge Burgos anunció que se encargaría un estudio jurídico que evalúe la posibilidad. Según indicó Gómez, en este momento están esperando el informe: “Una vez que lo revisemos podremos dar opinión”, porque, por ahora no existe la “claridad de las capacidades jurídicas, legales que permitan tomar una decisión de esa naturaleza”.

Otro tema que por estos días representa un desafío para Defensa es el debate sobre una eventual derogación de la Ley Reservada del Cobre, corpus que asigna el 10 por ciento de las exportaciones de Codelco de manera equitativa entre las tres ramas del Ejército.

Esto porque la Comisión llamada Comisión Engel, en su informe reconoció que “su uso no es transparente y en la práctica existe poco control sobre estos fondos”. Ante esto, los expertos propusieron  que se elimine la legislación, se fortalezcan las comisiones de Defensa en el Congreso Nacional, se preserve la confidencialidad de los gastos solo en casos específicos, y que los proyectos en la materia se evalúen con metodologías especializadas.

Al respecto, el Secretario de Estado optó por seguir con el estudio del proyecto de ley que hoy está en el Parlamento. “Hay un proyecto de ley y una indicación sustitutiva que se ha estado trabajando en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para establecer un sistema de financiamiento distinto para las Fuerzas Armadas”, afirmó Gómez, quien sigue de cerca esta etapa de revisión. Se avanzará en su tramitación una vez esté revisado y refrendado por la Mandataria, confirmó.

José Antonio Gómez aseguró que el ánimo del Ministerio es avanzar hacia la transparencia total. “Hay temas que son reservados por temas de seguridad pero, en general, todas las situaciones que se consultan han sido contestadas”.

Esto, en el marco de los intentos por generar un ambiente de mayor seguridad y confianza, profundizando los niveles de transparencia de las Fuerzas Armadas para cumplir así con el objetivo trazado por la Presidenta el 21 de mayo de construir “una Defensa moderna, de alto nivel profesional, transparente, conectada a la sociedad, adecuada a las necesidades de desarrollo del país y con capacidades para asegurar el interés nacional”.