La idea de que los jubilados puedan hipotecar sus propiedades en una institución estatal con el objetivo de incrementar el monto de sus pensiones, generó duras críticas entre organizaciones y expertos, quienes lo tomaron como una demostración más del fracaso del sistema y de la necesidad de implementar soluciones integrales a la situación de quienes se retiran de la vida laboral

La iniciativa fue votada el viernes pasado en sala, y fue aprobada por 44 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones, con lo cual el Parlamento enviará al Ejecutivo esta idea para que, eventualmente, sea reingresada para su discusión en el Congreso, ya que sólo el Gobierno tiene la iniciativa para comenzar una legislación en este caso.

Si bien, tanto políticos como organizaciones de jubilados coinciden en que el sistema de AFP ha fracasado, debido a las, en promedio, bajas pensiones que reciben quienes se acogen a retiro de su vida laboral, entre algunos diputados existe la convicción de que se pueden mejorar los montos y la consecuente calidad de vida de las personas, a través de iniciativas como esta, como es el caso de Jorge Rathgeb de RN, uno de los autores de esta idea.

“Este proyecto busca eso: mejorar en algo la dignidad de las personas pudiendo disponer de propiedades que les pertenecen a ellos, y que por supuesto los únicos que están interesados después que ellos mueren son sus hijos, y creo yo que una persona tiene el derecho de disponer de sus bienes de esa manera, asegurando una mejor pensión, y un mejor pasar en sus últimos días de vida”.

Otro de los patrocinadores de esta iniciativa, el diputado (RN) sostiene que este proyecto ha sido tergiversado en la opinión pública, ya que no busca obligar a que los jubilados hipotequen sus viviendas, sino que es voluntario. Además, Paulsen señala que esto no tiene como objetivo mejorar las pensiones, sino que entregar una facultad a los adultos mayores que, hasta ahora, no pueden hacer usufructo de sus inmuebles por tener la calidad de inembargables.

“Yo en ningún momento quiero que un adulto mayor que tenga familia, y que de alguna manera quiera dejar en herencia la casa, él lo tenga que hacer. Esto es voluntario, y para aquellos adultos mayores que no tienen familia. Esta política está enfocada netamente, en aquellos adultos mayores que no tienen familia o que las familias los abandonaron, de manera tal que cuando el adulto mayor entra en una edad crítica, él dice entre dejar la herencia yacente, o vacante al Estado, yo podría optar por decir, sabe qué mejor le entrego en hipoteca al Estado mi casa”.

Ricardo Hormazábal, presidente de Acusa AFP, criticó duramente este proyecto presentado por parlamentarios de RN y la UDI, calificando como una “estupidez” la idea, y cuestiona los argumentos esgrimidos por quienes la sostienen.

“Yo quiero hablar de estupidez, porque estos es, realmente, una cuestión increíble. Que es voluntario sí, claro que es voluntario, es voluntario como cualquier persona que está pasando hoy día, que están arrendando sus casas para tener un ingreso extra. Están yéndose a vivir juntos. Hay gente que está buscando soluciones desesperadas, pero estos diputados que han aprobado una brutalidad como esta, no resiste ningún análisis serio”.

Francisco Iturriaga, presidente de la Unión Nacional de Pensionados de Chile, coincidió con el análisis realizado por Hormazábal, y añadió que el Estado debe hacerse cargo de los problemas de los jubilados, ya que según Iturriaga es uno de los grupos de la sociedad que más deudas tiene con el sistema financiero.

“Le digo que es una soberana estupidez, y pasa a llevar todos los principios de los jubilados y pensionados. No le han consultado a ninguna persona que le van a hipotecar las casas para pagar las deudas. Aquí lo que se tiene que hacer es mejorar las rentas de los jubilados y pensionados. Es el único camino que queda en Chile, un mejoramiento de renta, porque es el sector más endeudado del país, en este momento los adultos mayores”.

Uno de los 44 diputados que votaron afirmativamente este proyecto, fue el PPD Ramón Farías, quien, sin embargo, aseguró que ahora no está de acuerdo con la idea, tras profundizar en el análisis del cuerpo legal: “Yo leí el proyecto, le di una lectura al proyecto, personal, en el sentido de cómo lo votaba, y lo voté a favor cosa que hoy día después de darle varias lecturas más, de conversaciones, etc., no estoy de acuerdo con mi propio voto, por lo tanto no estoy por apoyar”.

El Gobierno, a través del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza si bien valoró el espíritu de esta iniciativa, apuntó a la inconveniencia de que se utilicen las propiedades de los jubilados como medio para aumentar el monto de las pensiones.

“Creemos que, por cierto, hay buena fe en la idea que se presenta, sin embargo, no nos parece conveniente pensar que la liquidez de una pensión se puede incrementar, impulsando una iniciativa en la cual un adulto mayor, el día de mañana, tenga que perder su bien inmueble, en este caso su casa o en su defecto que esto le signifique, también, inseguridad para el cónyuge si fallece uno de los adultos mayores. Son experiencias que existen en Estados Unidos, en Canadá, en España, pero que todos han tenido bastantes cuestionamientos desde el punto de vista de la efectividad y la seguridad que les otorga a los adultos mayores”

Benjamín Sáez, de Fundación Sol, hizo hincapié en que este proyecto demuestra que se mantiene la lógica de que las soluciones a los exiguos montos de las jubilaciones en Chile, sigue puesta en la capitalización individual.

“Se sigue asentando en una lógica de capitalización individual, de que en el fondo en la medida en que yo pueda ahorrar por mi cuenta una cierta cantidad de recursos, voy a lograr tener una mejor pensión. Lo que demuestran, en el fondo los resultados en términos de las pensiones que se están pagando, es que esta lógica, por sí sola no permite asegurar un retiro, una jubilación de un estándar más o menos suficiente”.

Por su parte, Jorge Rathgeb aseguró que no son las agrupaciones de pensionados y adultos mayores quienes critican esta iniciativa, sino que son los potenciales herederos de los inmuebles, al ver que si sus padres se acogen a la posibilidad de hipotecar sus viviendas, se pueden “quedar sin herencia”

“Los que han criticado a través de las redes sociales son justamente los que no son pensionados. Los que son hijos, los que esperan recibir una herencia, no es cierto, y dicen “oye, cómo mi papá va a entregar en hipoteca y va a perder la casa, y yo voy a quedar sin herencia”, esa es la gente que reclama a través de las redes sociales, mayoritariamente. No son los jubilados ni los pensionados, ni los clubes de adulto mayor los que han estado reclamando a través de redes sociales, sino que los interesados son quienes, los que eventualmente son herederos de ciertas propiedades y ven en riesgo heredar algo porque su papá va a entregar en garantía por mejorar su pensión de vejez”.

Ricardo Hormazábal hizo un llamado a que desde todas las esferas de la vida política nacional se impulsen medidas tendientes a hacer una real mejoría en el sistema de pensiones, como por ejemplo la AFP estatal, que fue una de las promesas del Gobierno. Además, planteó que los parlamentarios que proponen este tipo de ideas se les debe negar la posibilidad de reelección.

“Lo que necesitamos es fuerzas que impulsen medidas apropiadas. Una AFP del Estado ayuda a empezar a cambiar el sistema. Una ley que reconozca la libertad a los chilenos de escoger, cabe dentro de estas urgencias. Y estupideces que hicieron como esta en la Cámara de Diputados deben ser inmediatamente castigadas con esta gente diciendo que los que votaron a favor no pueden ser de nuevo parlamentarios. No tienen altura suficiente para seguir en el Parlamento”.

Finalmente, Benjamín Sáez sostuvo que este tipo de iniciativas demuestran que no existe en Chile la voluntad política real de introducir reformas profundas en un sistema que ha demostrado haber fracasado.

“Esta es una muestra que para algunas personas el sistema de pensiones es algo sobre lo que no se pueden imaginar transformaciones importantes, en la medida que se busca una solución ad-hoc, acomodaticia que afecta directamente el patrimonio de las personas, pero no se cuestiona hasta qué punto se requieren cambios de mayor profundidad en el sistema de pensiones”.