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Gonzalo Durán: “El sistema previsional en Chile básicamente no existe”

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, comentó sobre el futuro de la reforma previsional y advirtió que de no haber modificaciones estructurales al sistema de pensiones, la situación se volverá aún más crítica. Al mismo tiempo aseguró que la creación de una AFP estatal esta deslegitimada por los actores sociales.

Diario Uchile

  Lunes 19 de enero 2015 13:12 hrs. 
Gonzalo DuránGonzalo Durán

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La Comisión Asesora creada por la presidenta Michelle Bachelet, más conocida como Comisión Bravo, debía entregar sus conclusiones sobre el sistema de pensiones (AFP) durante enero, pero solicitó extender su trabajo hasta el segundo semestre de 2015. Esto ha hecho surgir versiones que estiman que el Gobierno ya no tendría interés en acelerar políticamente la tramitación de esta iniciativa, que busca cambiar un modelo que ha sido altamente cuestionado.

En este contexto, economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, advirtió sin eufemismos, que el sistema de previsión chileno se encuentra en un estado de catástrofe social, donde en la modalidad de retiro programado, 9 de cada 10 pensiones serían menores a los 147 mil pesos, o sea más bajas que el salario mínimo, según las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones. Durán es categórico al decir que, en la actualidad, el sistema no cumple con los mínimos requisitos de seguridad social.

Gráfico. Fuente: Fundación Sol

Gráfico. Fuente: Fundación Sol

“El sistema previsional en Chile básicamente no existe. Lo que aquí tenemos es un modelo de ahorro forzado que provee de recursos frescos al capital. Cada mes las personas que cotizan están entregándoles recursos frescos a las grandes empresas pero de sistema de seguridad social no tiene nada, ya lo vimos, ni con el más básico que es la suficiencia”, explicó.

Sin embargo, se mostró optimista al decir que con los recursos existentes, sí se puede tener un sistema digno acorde a los principios internacionales. Según Durán con las actuales cuentas actuariales se podría dar inicio a un sistema de reparto solidario sostenible al año 2065, incluso con los problemas demográficos existentes, donde las pensiones podrían ser el tripe de lo que son hoy.

El problema, asegura, más allá de las dificultades técnicas, estaría en la perdida de legitimidad de la idea de una AFP Estatal, como también en los tiempos políticos, donde existiría sobrecarga de temas con las reformas a la educación y laboral.

“Se estaba planteando desde antes de que surgiera la Comisión, que el Gobierno iba a avanzar en la creación de una AFP estatal. Entonces para qué sería la Comisión si se sabe cuál es la solución. Para nosotros la AFP estatal no representa ninguna solución. Por otro lado me parece que también tiene que ver con una cuestión de tiempos políticos. El primer semestre ya estábamos con una reforma educacional y también viene muy potente la discusión por la reforma laboral. Por lo tanto que esté también presente la reforma a las pensiones podría hacer que la discusión esté un poco sobrecargada”.

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De no mediar cambio, Gonzalo Durán advierte que la situación será crítica, ya que según sus datos el 70 por ciento de las personas acumulan fondos menores a los 20 millones de pesos, por lo que el estimado de retorno sería tan solo de 100 mil pesos mensuales y en el futuro podría ser todavía peor, con montos aún más bajos. Las modificaciones, enfatiza, deberían ir mucho más allá de los parámetros recomendados por la OCDE y la Asociación de Pensiones que pretenden aumentar la edad de jubilación.

“Requiere de un cambio estructural, un cambio en el modelo, es decir pasar de un sistema de capitalización individual, que es lo que se impone en el año 1981, a un sistema de reparto solidario como ocurre en el 95 por ciento de los países y que son esquemas donde no están en riesgo las pensiones”.

Finalmente el economista agregó que se deben analizar con cuidado las versiones que intentan establecer que los sistemas de reparto están quebrados, ya que la decisión de mantenerlos pasa por la determinación política de los Estados.

Así, habrá que esperar hasta el segundo semestre de 2015 para saber cuáles son las conclusiones de la Comisión Bravo y que camino seguirá el Gobierno en esta delicada materia.

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