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El pasado 21 de mayo, Rodrigo Avilés, estudiante de Letras de la Pontificia Universidad Católica fue atacado por el carro lanza agua de Carabineros mientras se manifestaba en las afueras del Congreso Nacional.

Por más de un mes, el estudiante estuvo con serios problemas de salud, los que lo tuvieron al borde de la muerte. De inmediato, con marchas y protestas se condenó el uso indiscriminado de la fuerza policial, lamentando que los protocolos de Carabineros permitieran emprender estas acciones, incluso, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes.

Durante todo este camino, Félix Avilés padre de Rodrigo, emprendió un camino de difusión,  apoyo y justicia, no solo por la situación de su hijo, sino haciendo un llamado general a terminar con estos hechos que, en el futuro, podrían cobrar nuevas víctimas.

En conversación con la diputada Camila Vallejo en Radio Universidad de Chile, el padre del estudiante dijo que Rodrigo va a cumplir dos meses desde la agresión. Ahora, él, a contrapelo de todo diagnóstico avanza y se recupera, camina y come solo. Además, su memoria histórica y autobiográfica estaría plenamente recuperada. Sin embargo, las dificultades están en el ámbito neurocognitivo, en la memoria a corto plazo, el lenguaje y concentración, terapias que se extenderán por ocho meses aproximadamente, para poder hacer la evaluación final.

Las críticas, sin embargo, son parte de la reflexión de Félix Avilés. A su juicio, Chile aún transita en una “democracia cooptada” y viviendo consecuencias de una estructura ideológica creada en dictadura, situación que abarca a la cultura ciudadana y, también, al comportamiento de instituciones como Carabineros, las que se siguen comportando tal como lo hicieron durante la dictadura.

“Tenemos una secuela profunda y falta un tiempo para modificarla. Soy partidario de que los procesos de transformación sean fuertes, amplios y aquí, la transformación de este país no pasan por una decisión política de este gobierno de turno, sino que por una transformación cultural y ahí tenemos una tarea pendiente”, dijo Avilés haciendo un llamado a tomar atención en la formación de derechos y deberes para construir una sociedad donde se pueda vivir dignamente.

Para el abogado de profesión, lo preocupante es que tal como ocurría en la década de los ochenta, hoy los estudiantes y pobladores, después de transitar más de veinte años en democracia, “salen a la calle y no se sabe si regresarán”.

En ese sentido, comentó que se había reunido con Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con la intención de poder hacer públicos los protocolos de Fuerzas Especiales. Sobre eso, dijo que en ellos hay dos temas relevantes: los protocolos que se aplican no están aprobado por derecho alguno, es decir, no se fiscalizan al interior de la Institución. Lo otro, es que éstos son privados, por lo tanto, la ciudadanía está exenta de poder saber si las acciones policiales se ajustan a su cumplimiento.

“La vulneración de derechos a un civil por parte de un Carabinero es definido en tribunales militares en circunstancias que corresponden a la justicia ordinaria”, agregó Avilés levantando el debate sobre qué le compete a estos tribunales castrenses.

Por eso, llamó a que el Ejecutivo y Legislativo sean capaces de prever modificaciones al Código de Justicia Militar, en donde se incorpore que cada vez que haya una acción de Carabineros contra un civil y que ésta culmine con lesiones, independiente de su nivel, debe ser conocido por los tribunales ordinarios, para que las partes puedan jugar “de igual a igual” y la justicia la aplique un tribunal imparcial. En esa misma lógica, se lograría así que los protocolos sean conocidos por todos.

En el caso puntual del caso Rodrigo Avilés, reveló que los abogados que defienden al sargento Noya, dado de baja por sus responsabilidades en el caso, son de la institución.

Al finalizar, Félix Avilés profundizó en el proceso judicial del caso. En ese sentido, dijo que por un lado, aún se esperan los resultados del sumario administrativo de la institución que, de determinar responsabilidades, podrían ser precedentes importantes para que la investigación de sede penal, tenga un sentido.

“Me interesa que Carabineros diga la verdad y asuman las responsabilidad. La información que tengo hoy es que el 27 de este mes esa investigación se debiese entregar al Ministerio del Interior”, concluyó.