El Ministerio de Defensa se propuso contar con una nueva unidad para facilitar la entrega de información de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo y Judicial en causas de Derechos Humanos. Para el cargo llamó al ex magistrado Alejandro Solís, quien a contar del lunes ocupará su nueva oficina en calle Zenteno.

Solís ha investigado emblemáticas causas en contra de la DINA deberá asumir la coordinación con los jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas para obtener nueva información en la materia, todo esto bajo la premisa del ministro Gómez, quien asegura que existe una total disposición de los uniformados a colaborar con los procesos pendientes.

“Va a tener los medios y los recursos para relacionarse con el presidente de la Corte Suprema, con los auditores de las distintas ramas, para que los ministros que requieran cierta información se dirijan específicamente a esta unidad para buscar y hacer toda la investigación necesaria para saber si los antecedentes se están pidiendo, existen o no y por qué no existen”, afirmó Gómez a Reportajes del diario La Tercera.

La oficina de Solís contará con acceso a antecedentes en red que hoy están en manos de las Fuerzas Armadas. También deberá dar respuestas concretas ante la eventualidad de que los datos solicitados no sean encontrados.

De ese modo, el Gobierno pretende enfrentar la agenda de Derechos Humanos que se ha visto reactivada durante las últimas semanas con el testimonio del ex conscripto Fernando Guzmán que permitió revelar la responsabilidad del Ejército en el ataque a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas en 1986.

La colaboración de las Fuerzas Armadas en la persecución de criminales de lesa humanidad también fue materia de debate tras la muerte del ex director de la DINA Manuel Contreras y el posterior suicidio de Hernán Ramírez Rurange, militar en retiro condenado por su participación en el secuestro y homicidio de Eugenio Berríos, ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional durante la dictadura.

Antecedentes que vuelven a levantar críticas sobre el modo en que Chile ha llevado la justicia en materia de Derechos Humanos. Situación que ha permitido impunidad y que muchos de los responsables mueran sin ser condenados.