Las últimas noticias sobre Petrobras, en Brasil, han vuelto a poner sobre la palestra los temas pendientes relativos a una investigación por corrupción que involucra a varios líderes políticos, muchos de ellos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), lo cual salpica a la misma Dilma Rousseff.

Esto después de nuevas marchas por distintas ciudades del país para pedir un juicio político a la mandataria que, según las encuestas, hace unos días alcanzó el nivel más bajo de popularidad que tuviera un presidente desde el retorno a la democracia (ocho por ciento, frente al diez de Fernando Collor de Mello, justo antes de su renuncia en 1992).

A esto se suma una crisis macroeconómica en la cual el país experimenta una alta tasa de inflación, aumento del desempleo y de la deuda pública, con un Producto Interno Bruto (PIB) en recesión, lo que ha implicado una serie de recortes, entre ellos en educación pública.

En este contexto es que, hace unos días atrás en una entrevista televisiva, la Presidenta reiteró que no dejaría el cargo: “Jamás voy a renunciar, ya que no es posible que alguien promueva un proceso o política en particular para tratar de acabar con un representante, en este caso, la Presidenta, legítimamente elegida por voto popular. Existe la cultura del golpismo, pero no están las condiciones materiales para que eso suceda”.

Para la mandataria los grupos económicos están instalando un discurso de inestabilidad e ingobernabilidad en el país, que buscaría deponerla del Palacio de Planalto.

Con esto coincidió el sociólogo y cientista político del Centro de Estudios para la Igualdad y la Democracia (CEID), Daniel Giménez, quien sostiene que se está realizando una embestida mediática para terminar con el ciclo de reformas que iniciara el ex presidente Lula Da Silva hace una década atrás.

“Son exageraciones provenientes de medios de comunicación que quieren crear ese clima a través de las pantallas, porque no lo pueden hacer a través de los espacios donde se disputa esa gobernabilidad, lo que se hace, básicamente en el Parlamento y las calles”, dijo.

Giménez afirmó que en marzo las marchas contra Dilma convocaban a más de un millón de personas, mientras que a la marcha de este domingo en Sao Paulo no asistieron más de cien mil personas. Además, sostuvo que no se ve una oposición haciendo un bloqueo en el Parlamento, ni dispuesta a utilizar canales extra institucionales.

No obstante, el freno económico de un país muy importante en la región ha llevado al Legilativo brasileño a analizar más de diez solicitudes de destitución presidencial.

En ese sentido, Gilberto Aranda, analista del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, sostuvo que no se puede pasar por alto la responsabilidad de Dilma como líder de gobierno y su falta de capacidad para hacer frente a las presiones.

También se refirió a algunos caminos que está evaluando la clase política como alternativa para superar esta crisis múltiple.

“Hay acuerdos entre la oposición y el oficialismo para aislar a los sectores más díscolos y llegar así a un acuerdo que garantice estabilidad, que es necesaria para Brasil, pero también para la región de Sudamérica”, indicó el especialista en Latinoamérica, quien sostuvo que también se maneja la posibilidad de nombrar al ex presidente Lula como ministro de la Casa Civil, una especie de coordinador de las relaciones interministeriales y del contacto del Ejecutivo con el Congreso Nacional.

Sin embargo, Aranda afirmó que, aunque no se ha demostrado nada, las acusaciones de corrupción también han llegado a Lula, por lo que podría no ser la mejor alternativa.

Por otro lado, la derecha plantea la destitución, ya sea de la Presidenta o de todo el Gobierno, opción que al especialista le parece la última medida, pero no imposible a la luz del descontento que crece en el gigante sudamericano.

Más allá de los errores cometidos por Dilma Rousseff, hay un cierto consenso de que desde el inicio de su gobierno ha debido enfrentar una agresiva campaña mediática, en busca de condiciones similares a las que provocaron el derrocamiento del presidente Joao Goulart en 1964.

El desafío de la Mandataria es hacer posible las alianzas que contrarresten los afanes golpistas y le devuelvan la conducción de la agenda.