Primero fue la promesa de campaña de una Reforma Constitucional. Incluso se deslizaba la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Luego, con Michelle Bachelet reinstalada en el Gobierno, la gradualidad comenzó a primar. De la promesa se pasó a una posibilidad. Y de ésta, a un simple recuerdo.

Ya no se hablaría de reforma, al menos desde el Ejecutivo. Las incomodidades y los desacuerdos dentro de la Nueva Mayoría comenzaron a imponerse. También las dudas hacia el cumplimiento del programa.

Nueva terminología. Nuevo vocabulario. Incluso, un nuevo enfoque. En cadena nacional por televisión, la Mandataria instalaba un nuevo concepto: el “proceso constituyente”. Era abril de 2015, justo en medio de la crisis de credibilidad y deslegitimación de la política. La jugada de la Presidenta no quedó clara. Reinstalaba el tema constitucional en medio de un mensaje para fortalecer la probidad.

Septiembre sería la fecha para comenzar el proceso. Entre tanto, cambio de gabinete. Para el nuevo ministro del Interior, Jorge Burgos, una nueva Constitución “debe respetar las reglas y mandatos legítimos”. Para el nuevo vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, la Asamblea Constituyente como un mecanismo que “no está cerrado”.

Sin embargo, la incertidumbre e inconsistencia de los anuncios han terminado por restarle seriedad al programa original.

“Los anuncios han sido bastante ambiguos y, además, las pocas precisiones, no hablan de un proceso de Asamblea Constituyente. Más bien, de un proceso participativo no vinculante”, plantea el diputado Vlado Mirosevic, uno de los integrantes de la Bancada Transversal por la AC.

Y es que para él lo esencial es “que sean los chilenos los que resuelvan si quieren una Asamblea Constituyente o no. Esto tiene que nacer desde un plebiscito. Un proceso participativo, en el que se le consulte a la ciudadanía, pero que después no termine resolviendo el Congreso”.

Eso sí, lo primero es que el Gobierno tenga claridad, ya que se percibe, según el parlamentario, un retroceso del Ejecutivo en cuanto a su programa.

“Me parece raro que el Gobierno no sepa lo que quiere. Yo creo que más bien sí sabe lo que quiere y no lo ha querido comunicar con claridad”, advierte el representante del Partido Liberal.

Así mismo, exige “que este proceso participativo ojalá sea realmente de buena fe y no sea un proceso para distraer la atención. El Gobierno tiene diferencias al interior con respecto a este tema. Esa doble alma, en la coalición de Gobierno, hace que no se definan este tipo de estrategias concretas. Y esto es la mejor manera de hacer una cuestión ambigua que probablemente deje semicontento a cada uno”.

La Bancada Transversal por la Asamblea Constituyente viene trabajando hace más de un año. Sus avances claramente contrastan con el estancamiento en el que ha incurrido el Gobierno en este tema.

De hecho, esta semana entregaron una carta en La Moneda para solicitar una reunión con Michelle Bachelet y dar a conocer su propuesta. La idea es anticiparse a lo que pudiera ocurrir en septiembre. Aunque tampoco existe convicción de que el llamado proceso constituyente se inicie en esa fecha. Incluso desde La Moneda han deslizado la posibilidad de que esto ocurra en los últimos días de ese mes.

Las críticas apuntan, por ejemplo, al recurrente vocabulario de la Presidenta por conceptos como “diálogos”, “debates”, “consultas” y “cabildos”. Pero en ningún caso Asamblea Constituyente. Una estrategia en la que el Gobierno ha optado por eludir el proceso constitucional.

Presiones que buscan una definición concreta y decidida por parte del Ejecutivo. Primero, en cuanto al interés por generar una nueva Constitución. Segundo, sobre el mecanismo para llevar a cabo este proceso.

Desde la Bancada Transversal por la AC el diagnóstico es claro: El Ejecutivo se ha enfrentado a un difícil escenario, porque desde que se planteó el tema de la nueva Constitución nunca ha tenido claridad sobre el mecanismo para desarrollar este proceso. “Incluso hoy, aún no está claro”, asegura la diputada PPD Cristina Girardi.

En lo inmediato, la principal preocupación de la parlamentaria es que la jefa de gabinete de la Mandataria acoja la petición. “Que Ana Lya Uriarte nos responda si la Presidenta nos recibirá o no”, exige.

“Creemos que es importante que la Presidenta conozca esta propuesta. Por último que nos diga que no está de acuerdo con la propuesta y punto. Así, para no seguir trabajando ni tonteando en este tema. Es importante definir si esta propuesta que hemos venido trabajando tendrá algún eco en el Ejecutivo”.

En caso contrario, la diputada se anticipa a un nuevo escenario. “Hay que cambiar de estrategia si el Gobierno nos dice claramente que no, que no le interesa. Uno no abandona los temas porque alguien te dice que no. Hay que seguir peleando porque tienes la convicción de que hay que hacerlo”.

Por ahora, el gran objetivo de los parlamentarios es que el Ejecutivo llame a un plebiscito vinculante para que someta a la decisión de la ciudadanía el tema de la Asamblea Constituyente. Y con un alcance muy importante. “Por supuesto que es importante tener los espacios para debatir. Pero también la posibilidad de modificar, porque no nos vamos a quedar sólo en el debate”, concluye Cristina Girardi.

En ese contexto, desde la sociedad civil también existe claridad y convicción. El arquitecto Genaro Cuadros, coordinador nacional del Movimiento Marca AC, recuerda que el proceso que encabezan ya se inició hace más de dos años. Esto, con la intención de concentrarse tanto en el contenido como en los mecanismos para el diseño de una nueva Carta Fundamental.

Ante todo, apunta a desarrollar espacios de diversidad, pluralidad y que no sean propios de la élite. “Para nosotros la clave es que el proceso que se dice incidente sea vinculante y que ese proceso participativo acompañe la totalidad del proceso constituyente”.

Consciente de las dificultades que han tenido para ser considerados por el Ejecutivo, apunta a que “no solamente es importante la fase de educación cívica y el proceso constituyente sobre los temas y el marco de contenido de la Constitución, sino además el acuerdo al que se tiene que llegar tanto en el Parlamento como con el Gobierno, para poder viabilizar una nueva Constitución”.

En cuanto a los tiempos y cronograma que debería cumplir el proceso, las elecciones municipales del próximo año representan una oportunidad para aterrizar lo que aún se reconoce como una gran incertidumbre del Gobierno. Es decir, la posibilidad de vincular a la ciudadanía con un debate que sea sometido a un plebiscito durante dicha instancia.

No sería extraño que en las próximas semanas continúen las visitas a La Moneda. El propio Burgos ha abierto la posibilidad de recibir propuestas, siempre en el marco de la institucionalidad, sin plazos e independiente del proceso anunciado para septiembre. Ya son ocho las alternativas recibidas. Propuestas desde el Partido Socialista. También de la Democracia Cristiana. Incluso podrían reunirse con el Ministro del Interior Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera.

Lo claro es que el vocabulario sigue siendo el mismo: “diálogos”, “debates”, “consultas” y “cabildos”. En ningún caso Asamblea Constituyente.