A principios de agosto la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que fortalece el carácter público de los partidos políticos. Entre otros aspectos, considera un financiamiento estatal.

Antes, en enero de este año, fue la aprobación en el Senado, y su posterior promulgación en abril, de la nueva normativa que reemplaza el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo.

A partir de entonces han surgido críticas que apuntan a los obstáculos para la formación de nuevos partidos. Tanto entre el oficialismo como desde la oposición se argumenta que una posibilidad como esa podría incentivar el surgimiento indiscriminado de nuevas colectividades. Por ejemplo –aseguran – sólo para recibir recursos del Estado. Incluso, como un modo de emprendimientos políticos.

Actualmente el proyecto de ley sólo contempla aportes para partidos con representación parlamentaria. Entre los disidentes a esa postura aparecen los representantes del movimiento Amplitud, quienes precisamente aspiran a convertirse en partido político.

Para el diputado Pedro Browne las barreras de acceso y al financiamiento impiden que se respeten los objetivos que había fijado la “Comisión Engel”, sobre probidad y transparencia en la política.

“De una manera solapada y artificial quieren mantener el binominal”, acusa respecto de quienes considera han monopolizado la representación en el Congreso.

“Nos preocupa la colusión que se está dando en el duopolio político respecto del financiamiento de la política”. Y agrega: “Nos parece que es inaceptable que solamente los partidos conocidos como tradicionales, aquellos que hoy no dan muestras de transparencia ni de un buen funcionamiento, y que tienen una bajísima aprobación por parte de la ciudadanía, quieran coaptar todo el financiamiento de los partidos políticos que se está tramitando en el Congreso”.

Las acusaciones de aprovechamiento contra los partidos más grandes, de ambas coaliciones, no son pocas. Al mismo tiempo, exigen igualdad de condiciones para competir por la voluntad popular. También, facilitar el proceso de formación de nuevos partidos y ofrecer así mayor competencia.

Dentro de la Nueva Mayoría hay sectores que hablan de “egoísmo y un claro interés hegemónico”. Por ejemplo, el senador del MAS Alejandro Navarro, para quien “los partidos grandes pretenden mantener sus privilegios”.

“Se perpetúa el binominal”, plantea por su parte el senador Alejandro Guillier. “En cuanto al financiamiento, se presentó una indicación ad hoc a los intereses de la Nueva Mayoría y la Alianza”, lamenta el independiente cercano al Partido Radical.

Ante ello, el discurso apunta a exigir un sistema de financiamiento basal, aunque los partidos no tengan representación parlamentaria.

Como integrante de la comisión de Constitución de la Cámara, el PS Osvaldo Andrade aclara su postura. “Si se quiere tener acceso al financiamiento público, lo lógico es que los partidos sean partidos y, en consecuencia, representen un punto de vista que tenga respaldo en la ciudadanía”. Es decir, una cierta representatividad electoral.

“Mi tesis es que tengan representación tanto en la Cámara como en el Senado, no sólo en una de las dos Corporaciones. Lo que se señalaba antes, que la explicación que impedía esto era el famoso binominal, eso ahora no es una explicación para nada, al contrario”, detalla.

Por ello, proyecta que “en la próxima elección, si un partido no es capaz de elegir uno de los 155 diputados, no sé qué representa. Y si un partido no es capaz de elegir uno de los 50 senadores, tampoco sé qué representa. Yo entiendo que el sistema político tiene que garantizar la amplitud y la diversidad, pero todo tiene límites”.

Además, plantea que si un parlamentario decide realizar un cambio a las condiciones que le permitieron ser electo, entonces sería razonable que pierda los beneficios que obtuvo a propósito de la primera representación. Esto, en alusión directa al grupo que abandonó Renovación Nacional para crear el movimiento Amplitud. “Cambiar las condiciones también debiera implicar un cambio en los privilegios. En este caso, la pérdida de financiamiento”, concluye Andrade.

Se trata de un tema que se ha discutido en el comité político de los lunes, en La Moneda. Por ello, el Gobierno se mantiene muy atento a la discusión.

Incluso prepara las indicaciones que enviará al Congreso, con plazo hasta el 1 de septiembre próximo, cuando la Comisión de Constitución de la Cámara inicie el proceso de revisión y votación en particular del proyecto.

En su rol de experto electoral, el diputado PPD Pepe Auth es muy claro. “No soy partidario de agregar exigencias adicionales a los votos de representación parlamentaria”. El argumento es que “debe ser sólo la adhesión popular lo que defina el nivel de apoyo fiscal que tiene cada partido. Ese es el principio básico”. Sin embargo, reconoce que en la Cámara la mayoría no piensa lo mismo.

Si bien propone “que puedan existir partidos con vocación local, con alcaldes y concejales, pues lo importante es que cuenten con adhesión popular”, también asegura que “el binominal morirá en el momento de las próximas elecciones bajo el nuevo sistema”.

Así mismo, plantea su rechazo a que el sistema permita que personas elegidas por un partido se cambien a otras colectividades y mantengan los mismos beneficios.

“Porque si tienen los mismos beneficios habrá un estímulo para que a la primera discusión dentro de un partido, esos parlamentarios constituyan uno nuevo y reciban apoyo fiscal para hacerlo”, explica.

Aunque por otra parte, “acojo y respaldo el reclamo de parlamentarios independientes a los que se les niega la posibilidad de que los partidos que constituyan reciban apoyo público antes de la siguiente elección, porque ellos ya fueron a una elección”.

En consecuencia, considera negativo que la mayoría parlamentaria se oponga a reconocer a partidos que se constituyan a partir de parlamentarios elegidos de manera independiente. “Ellos debieran tener el derecho absoluto a constituirse como tal y recibir apoyo fiscal”.

Por ahora, un planteamiento que parece transversal: que la sociedad establezca el máximo nivel de exigencias a los partidos políticos. “No puede la sociedad financiar partidos que no garantizan un funcionamiento democrático y transparente”, sentencia el diputado oficialista.