El último logro que valoran las organizaciones sociales en la discusión de la reforma al Código de Aguas es la eliminación del privilegio de las “aguas del minero”, que permitía a estas empresas adueñarse del recurso cuando brotaba en sus áreas de concesión, sin autorización y sin necesidad de informar a la autoridad.

Sin embargo, la reforma mayor que envió el Gobierno, luego de anunciarse este cambio en 2014, es considerada insuficiente por las organizaciones sociales.

De todas formas, para el diputado independiente Gaspar Rivas, quien integra la comisión de Recursos Hídricos, el proyecto tiene en sus ejes la priorización de los derechos de agua en función del consumo humano, por sobre la industria o la agricultura.

Si bien el parlamentario lamentó la demora en la discusión, aseguró que el tiempo que la comisión se ha tomado garantiza una reforma de calidad: “Siempre ha sido considerada como un bien de uso público. Desgraciadamente, el código actual la considera, pero no le da un tratamiento en la práctica como tal. Eso es lo que se pretende corregir con esta reforma, que el agua sea un bien de uso público y se la trate como tal, priorizando el consumo humano por sobre el consumo agrícola y comercial o industrial”, dijo.

El diputado agregó que hay parlamentarios que responden a tendencias ideológicas claras, que defienden la concesión como propiedad y no como una facilidad que entrega el Estado a las empresas o agricultores.

Según Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Confglictos Ambientales (OLCA), ha habido una presión muy fuerte del sector minero y los grandes empresarios agrícolas para imponer sus términos en puntos como la caducidad de los derechos de agua.

“Los sectores empresariales incluso amenazaron, en los últimos días, que estas reformas irían contra la Constitución, contra el derecho de los privados a acceder a este tipo modificaciones al Código de Aguas, lo que muestra que hay una fuerte presión de los sectores económicos para que en realidad se mantengan los privilegios que actualmente tienen”, señaló.

El dirigente agregó cuál es, a juicio de las organizaciones sociales, el cambio más importante en la discusión: “Que se termine con el régimen de transferir derechos de aprovechamiento en propiedad a los privados y que esto sea recuperado para la gestión de los territorios, donde el Estado tenga un rol garante. Que también se introduzcan prioridades de usos. Hoy día se entrega la gestión del agua al mercado y por lo tanto se pone en riesgo incluso el abastecimiento de agua para el consumo humano, porque no hay una prelación de uso”, indicó.

El próximo miércoles 2 de septiembre la comisión de Recursos Hídricos retomará la discusión y votación en particular de la iniciativa, que se encuentra en su primer trámite constitucional.