El Caso Caval sigue complicando al Gobierno. Esta vez, la justificación por la información borrada desde el computador de Dávalos despertó críticas incluso desde la Nueva Mayoría. Sin embargo, la polémica se agravó cuando se dio a conocer la existencia de un decreto supremo que obliga a toda repartición estatal a respaldar la información emanada desde los ordenadores de sus funcionarios, sea quien sea éste.

La UDI dio a conocer la existencia de este Decreto Supremo 83 (DS 83) de 2005 –emitido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia- el cual establece la periodicidad en el respaldo del material. Así indica que ésta debe ser guardada anualmente: “La periodicidad con que se realizarán los respaldos de los computadores personales de la institución que estén asignados a usuarios, deberá explicitarse y no podrá ser menor a un respaldo anual”, reza el artículo 24 de dicho cuerpo legal, publicado en un matutino.

Esta revelación echaría por tierra las explicaciones entregadas este lunes por el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, quien argumentó la existencia de un protocolo que obligaría a formatear los ordenadores que los funcionarios dejan de utilizar para ser entregados a su sucesor, que es lo que se habría hecho en el caso del disco duro del computador que utilizó Sebastián Dávalos durante su labor como director del Área Socio-Cultural de La Moneda, razón por la cual el OS-9 de Carabineros no habría encontrado ninguna información relativa al llamado caso Caval, tal como la Fiscalía de Rancagua esperaba recolectar luego de incautar el equipo.

El DS 83, además obliga a que se garantice “la disponibilidad de infraestructura adecuada de respaldo, para asegurar que éstos estén disponibles incluso después de un desastre o la falla de un dispositivo”, lo que contradice otro de los argumentos esgrimidos por el Vocero, cuando señaló que el respaldo de los archivos se realiza “sólo a solicitud del titular”.

El diputado gremialista Felipe Ward, y miembro de la comisión investigadora de este caso había adelantado en palabras al Diario Electrónico de la Universidad de Chile que el Ministro Díaz estaba equivocado al citar la existencia de un supuesto protocolo que estipularía el formateo de los computadores, además de acusar que algo se busca esconder con esta acción.

“Primero, el Vocero está equivocado, los protocolos no obligan a borrar la información de los computadores de las personas que se van de la Administración Pública, al contrario, hay obligación de mantener esa información durante un período de tiempo. Yo creo que si se borró es porque había algo que esconder, entonces es mala explicación, les va a terminar rebotando en la cara. No había para qué borrar información que podía ser requerida por el Tribunal, creo que, lamentablemente, les va a salir como un bumerán”.

Ante la acusación, el Ministro Díaz contestó escuetamente afirmando que “el detalle específico de esos hechos será entregado en el marco de esos procedimientos”. Refiriéndose a las peticiones que desde Rancagua se han hecho para dar con la información.

En tanto, desde la Fiscalía se decretó un plazo de treinta días para que la Brigada de Cibercrimen de la PDI recupere el contenido del computador. De no poder localizar la información, el aparato podría ser enviado a la policía extranjera como el FBI. La intención de Luis Toledo es determinar si en ese disco duro existen archivos que permitan avanzar en la investigación que busca determinar las responsabilidades de Sebastián Dávalos y la empresa Caval en la transacción irregular de tres predios ubicados en la comuna de Machalí, región de O´Higgins.

Por su parte, la comisión investigadora de la Cámara, citó al jefe de Informática de La Moneda y a la actual directora del Área Socio-Cultural para el próximo miércoles 2 de septiembre a comparecer sobre estas nuevas revelaciones con las que se reabren las críticas a cómo el Palacio de Gobierno ha llevado adelante la información por el caso Caval y todo lo relativo al hijo de la Presidenta.