Un 42,8 por ciento de los consultados por la encuesta de la Universidad Central consideró que el llamado caso Caval es la primera causa de la desaprobación que actualmente tiene la Presidenta Bachelet, proceso que estos días ha tenido un nuevo capítulo luego de conocerse que el disco duro del computador que utilizó Sebastián Dávalos durante su labor como director socio cultural de La Moneda, fue borrado.

La explicación entregada por el Ejecutivo, a través del vocero de Gobierno Marcelo Díaz, fue que existe un “protocolo” que obliga a que los ordenadores que un funcionario público deja de utilizar al abandonar su cargo, sean formateados para ser entregados a quien lo reemplace.

Sin embargo, parlamentarios que integran la comisión investigadora de este caso en la Cámara, consideran poco consistente esta argumento, considerando que al momento de renunciar a su puesto en Palacio, sobre Dávalos ya se cernía un manto de dudas sobre la probidad y transparencia de su actuar en el marco de la compra de terrenos realizada por Caval en Machalí, tal como lo plantea el diputado del PPD Guillermo Ceroni.

“En realidad a mí me parecería curioso que se le hubiera borrado la información anticipadamente a dejar el cargo. No tiene ninguna explicación, por lo tanto uno deduce que la información se borró una vez que dejó el cargo y eso si me parece grave. Sería muy grave, porque en el fondo está, precisamente, en un proceso de duda de su falta de transparencia, por lo tanto no se debería haber borrado ninguna información que hubiera demostrado cuál es el papel que le cupo a él en esta situación irregular de tráfico de influencias”.

Desde la oposición se mostraron más críticos aún sobre el actuar del Ejecutivo. Felipe Ward, diputado de la UDI, sostuvo que el Ministro Díaz yerra en su apreciación sobre este protocolo que obligaría a borrar la información de los computadores, y anticipó que estos planteamientos les van a jugar en contra una vez que avance la investigación.

“Primero, el Vocero está equivocado, los protocolos no obligan a borrar la información de los computadores de las personas que se van de la Administración Pública, al contrario, hay obligación de mantener esa información durante un período de tiempo. Yo creo que si se borró es porque había algo que esconder, entonces es mala explicación, les va a terminar rebotando en la cara. No había para qué borrar información que podía ser requerida por el Tribunal, creo que, lamentablemente, les va a salir como un bumerán”.

En el mismo tenor se pronunció el diputado de Renovación Nacional Diego Paulsen, quien considera que la razón esgrimida para borrar los archivos del computador es muy débil, y enfatizó en el hastío que la ciudadanía expresa frente a lo que califica como la “impunidad” en que quedan los eventuales delitos cometidos por autoridades políticas.

“El tratar de basarse en un protocolo es más empezar a buscar excusas baratas para seguir protegiendo a la familia presidencial, y con esto me refiero a la nuera y el hijo de la Presidenta. Claramente, estas excusas baratas, tratando de hacer negociaciones entre gallos y medianoche entre el Gobierno, y entre quien quería borrar la información, es poco creíble, la ciudadanía ya está más arriba de la coronilla con las mentiras y con que siga habiendo impunidad ante los posibles delitos que cometan autoridades”.

El diputado del Partido Socialista Juan Luis Castro prefiere esperar la comparecencia del encargado informático de La Moneda, Luis Escalona, en la comisión investigadora de Caval, el próximo miércoles 2 de septiembre, para emitir algún juicio sobre esta situación.

“Esperamos que el encargado informático de La Moneda, señor Luis Escalona, nos precise si hay un protocolo de aplicar, cuál es ese protocolo, si hay acción de terceros, o si obedece a una acción personal del usuario de ese computador. Antes de eso es difícil de elucubrar, por eso esperamos que él entregue todos estos antecedentes en la sesión de la Comisión Caval el día 2 de septiembre”.

Por su parte, Hugo Galilea, socio de Kepler –empresa dedicada a la recuperación de información computacional-, indica que en este caso es necesario realizar un peritaje informático para el proceso de recobro de los datos que podría haber contenido el disco duro, y que dependiendo del tipo de formateo al cual haya sido sometido, es que se puede determinar si es posible llevar a cabo con éxito el procedimiento.

“Hay un abanico de posibilidades. Pero lo raro, es que la información que ha sido entregada a través de la prensa es muy vaga, es muy poca como para poder llegar a cualquier tipo de conclusión. Lo que sí, es que si el disco no fue utilizado después de que fue ocupado por el señor Dávalos, y se encontró información, que eso sí lo dice la prensa, entonces no se utilizó un formateo de bajo nivel, por lo tanto la información está presente en el disco, y lo que hay que hacer es preservar esa evidencia, copiar ese disco, y realizar un análisis de peritaje informático con todas sus letras”.

Galilea, además, explicó que para comprobar que el disco duro original del computador de Dávalos fue reemplazado, tal como señalan algunas fuentes cercanas al caso, sólo a través del inventario previo de las piezas del equipo se podría determinar una situación como esta, proceso que, en general, los organismos públicos y privados cumplen para evitar precisamente el robo de los componentes de un PC.

Los diputados de la comisión investigadora señalan también que no cabe ninguna duda que el actuar del hijo y nuera de la Mandataria, así como el de su nuera, Natalia Compagnon, ha impactado seriamente en la imagen de la Jefa de Estado.

Para Guillermo Ceroni “no hay duda que este ha sido uno de los casos que más ha perjudicado a la Presidenta, porque no hay duda que esto es lo que ha afectado a su imagen de absoluta transparencia, de absoluta probidad, y obviamente que el hecho que su hijo no actúe como tal, no hay duda de que a ella la afectó seriamente. Obviamente que es una situación que, nuevamente, de esta forma de algo tan irregular, también va a afectar su imagen, sin duda”, y asegura que el Gobierno le debe una explicación a la ciudadanía sobre este caso.

En tanto, Felipe Ward achaca responsabilidad a la familia directa de la Presidenta en la baja de su popularidad, y califica como injusto que la hayan expuesto de esta manera: “El hijo de la Presidenta, la nuera de la Presidenta al no contestar los cuestionarios de la Comisión Caval, al formar este pacto de silencio, lo único que hacen es exponer a la Presidenta de la República, y eso no es bueno, es injusto y es algo nocivo para el país, y ahora que borren información como si fuéramos un país bananero, creo que es tremendamente inconducente a la idea de poder mejorar la imagen de la Presidenta y del Gobierno”.

Finalmente, el diputado Diego Paulsen advirtió que es posible que nuevas revelaciones surjan conforme avance la investigación del llamado caso Caval en la fiscalía, en relación con la participación de funcionarios públicos que estén involucrados en el borrado de la información del computador utilizado por Sebastián Dávalos.