Modificada en 1976 y actualizada en 1985, pocos la conocen como la Ley Nº 13.196. La mayoría, como la Ley Reservada del Cobre. Su particularidad, además de su carácter de reserva, es que asegura el 10 por ciento de las ventas del cobre para la adquisición y mantenimiento de armamento de las Fuerzas Armadas. Además, su contenido no es de acceso público.

¿Por qué tanta facilidad, a la vez que secretismo, para disponer y administrar arbitrariamente de cuantiosos de carácter público?

Se debe partir de la base que ni siquiera la Contraloría General de la República tiene alguna injerencia en esta ley, como podría ser en el conocimiento del destino que se otorgan a los mencionados recursos.

De hecho, la actual investigación al Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, dependiente de la Comandancia en Jefe y responsable de atender las necesidades materiales y de personal de la institución, apuntaría a un oscuro fraude con dineros provenientes precisamente de la Ley Reservada del Cobre.

Cabe recordar que ya en marzo de este año, nuestro Diario Electrónico publicó el artículo titulado “Fraude en el Ejército: los delitos que ampara la Ley Reservada”.

En lo esencial, se trata del pago de facturas falsas con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Defraudaciones avaladas en alrededor de dos mil 500 facturas que se encuentran en la mira de la Fiscalía. Por una parte, la fiscal militar Paola Jofré. Por otra, la fiscal civil Ximena Chong.

¿Otra señal de la independencia y autonomía con las que opera el ámbito castrense? Esto, si consideramos situaciones como la vigencia de la Justicia Militar y, cómo no, el funcionamiento del cuestionado penal de Punta Peuco.

¿Por qué se ampara este escenario? En las últimas semanas, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados ha sesionado en un par de oportunidades con la presencia del comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo. Junto a él, José Antonio Gómez, el cuestionado Ministro de Defensa.

Su participación y permanente respaldo hacia las instituciones castrenses, en cuanto a negar los pactos de silencio, por ejemplo, no ha pasado inadvertida. Incluso, durante la sesión de la semana pasada, reconoció la existencia de una ley secreta que estableció una nueva condición como funcionarios de planta para más de mil doscientos ex miembros de la CNI, de los que aún permanecen en el Ejército 36 en servicio activo.

Desde dicha Comisión, su presidente, el diputado DC Jaime Pilowsky se refiere a la cuestionada Ley Reservada del Cobre.

“Cualquier tema de probidad, en toda institución estatal, particularmente en lo relativo a la Ley Reservada del Cobre, tiene que ser investigado y sancionado drásticamente. Pero dicho lo anterior, de todas maneras es necesario acelerar el proceso de modificación, tener compras absolutamente transparentes y que puedan ser fiscalizadas por la Contraloría General de la República”, plantea.

Otro de los integrantes de la Comisión es el PPD Guillermo Ceroni, para quien se trata de un tema que siempre ha generado preocupación, criticando la total liberalidad que existe dentro de las Fuerzas Armadas para disponer de los recursos, sin que exista entrega de información, como ocurre con cualquier organismo público.

Si bien reconoce un necesario resguardo sobre lo que se posee y se gasta en armamento, también exige que desde el Congreso se debiera acceder a un control sobre aquellos gastos y prevenir así lo que está ocurriendo con la investigación sobre el Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército.

A eso añade que “en el fondo es algo que no se ha querido encarar en forma drástica y totalmente transparente. Yo creo que por una actitud que viene mucho del régimen militar. Sea como sea, a pesar del transcurso de los años, es un tema que ha quedado implantado como algo que no se debe discutir más allá”.

“Ya no se justifica mantener esos recursos, habiendo tantas necesidades en el país. Se supone que en todos estos años se han modernizado los armamentos y ya simplemente implica una renovación o mantención, pero no con tantos recursos como existen hoy”, sentencia.

Desde Amplitud, el diputado Pedro Browne apunta a las irregularidades en torno a leyes que son reservadas y que nadie conoce cómo se aplican, evidentemente se hace aún más grave la situación.

Asegura que es un tema que genera temores, traumas y trancas del pasado, incluso con anterior a la dictadura cívico-militar. “Temores y traumas que ya no tienen ningún sentido”, afirma, además de una legislatura que se encuentra “trancada” y que es necesario reactivar.

“La metodología se podrá establecer de acuerdo a las reales necesidades de las Fuerzas Armadas del país. Pero que eso no pueda ser conocido ni controlable por nadie, ni por la Contraloría ni por el Congreso, no tiene ningún sentido”, advierte.

Y agrega: “Es algo que venimos planteando hace tiempo, que es un tema que se ha ido dilatando y que no se ha legislado, por lo que llegó el momento de poder mejorar una legislación que es bastante antigua por lo demás. Más allá de que existen ciertos temas que deben ser reservados, porque está comprometida la seguridad nacional, los presupuestos debieran conocerse y aprobarse en el Congreso, especialmente cuando se producen irregularidades como las que se han conocido”.

Cabe destacar que en la sesión de este martes la Comisión recibió al Contralor del Ejército, general Rodrigo Carrasco, con el objetivo de conocer más antecedentes sobre posibles delitos de fraude al Fisco y falsedad documentaria cometidos por funcionarios del Ejército, a partir de los recursos proporcionados por la Ley Reservada del Cobre.

Pero el Contralor no llegó solo. Lo hizo acompañado del subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, quien entre sus planteamientos defendió la esencia de la reserva de los gastos de las Fuerzas Armadas.

“Son fondos reservados por la naturaleza del gasto. Y eso plantea un tema que nos preocupa, porque tiene que ver con la seguridad del país. Desgraciadamente con ocasión del manejo periodístico del tema, se han dado a conocer algunas características de nuestras adquisiciones. La reserva nos permite tener una relativa ventaja y protección de nuestra capacidad estratégica. Desgraciadamente algunas publicaciones periodísticas han afectado eso”, criticó el subsecretario.

Hace algunas semanas, los diputados Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Karol Cariola presentaron una iniciativa que busca modificar la Ley Reservada del Cobre para que las ramas de las Fuerzas Armadas dejen de recibir el diez por ciento de las ventas del metal. Esto, en beneficio de áreas como la educación y la salud públicas.