El ministro del Interior, Jorge Burgos, continúa su ronda de reuniones con distintos grupos previo al anuncio que haga el Gobierno respecto del cambio a la Constitución Política de La República, comprometido por la Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría.

Esta mañana el primero en llegar fue el Partido Progresista, que planteó la necesidad de un plebiscito de entrada al proceso constituyente, para que la ciudadanía defina el mecanismo.

Para esto, según la presidenta de la colectividad, Patricia Morales, hace falta voluntad política de la propia Jefa de Estado.

“En este minuto están dadas todas las condiciones para que la Presidenta se comprometa con un plebiscito, yo creo que depende de su convicción personal. Podemos organizar a lo largo de todo Chile cabildos, esperamos que tengan como finalidad formar a la gente, explicar de qué se trata un proceso constituyente, pero yo creo que obviar el plebiscito de entrada, decir que no sea la ciudadanía la que elija cómo modificar su constitución sería un gran error”.

La dirigente aseguró que la Nueva Constitución debe pasar de derechos subsidiados a derechos garantizados, y que por ejemplo, vivienda, previsión, educación y salud sean tan garantizadas como la propiedad, aunque subrayó que con esto no se hace una crítica al libre mercado.

Justamente, sobre los contenidos que tendrá la nueva carta magna, el Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó un documento al ministro Burgos con los avances del programa Diálogos Constitucionales, actividad que en la instancia han agrupado a varios académicos en la materia y ahora empieza una segunda etapa.

Lucas Sierra, subdirector del CEP, subrayó que el grupo no ha llegado a posturas o decisiones colectivas, ni contenidos ni mecanismos.

“Lo que nosotros le contamos al ministro es el proyecto que vamos a hacer ordenado a la luz de estos cinco grandes contenidos que son, básicamente, lo que cualquier constitución puede abarcar, que son derechos, garantías, forma y estructura del Estado, régimen político, régimen jurisdiccional (o sea el gobierno judicial), y por último el procedimiento, que es lo que le interesaba”.

El centro iniciará un ciclo de nueve semanas en que la misma cantidad de académicos sintetizará las opiniones de los distintos profesores de derecho constitucional que han participado del proceso.