El compromiso del Ministerio de Salud (Minsal) era enviar el proyecto que reforma el sistema de salud privado a la Presidenta Michelle Bachelet en septiembre. Esto, para que el Ejecutivo lo ingresara al Congreso, tal como lo había anticipado.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido con otros anuncios, también éste fue postergado. De hecho, en el Minsal, por ahora, no hay fecha para ello.

¿Por qué el retraso? ¿Presiones desde las Isapres? Por supuesto que la interpelación de este miércoles a la Ministra Carmen Castillo, así como el envío de la Ley de Presupuestos, son temas que han ocupado a los funcionarios del Ministerio.

Sin embargo, para el director de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea, el proyecto se ha retrasado sistemáticamente dado el complejo momento político en el que se plantea esta discusión.

Y si bien puede que exista claridad respecto de los contenidos de la iniciativa, según Goyenechea la apuesta del Gobierno sería la de postergarlo, por las dificultades que implica un proyecto de esta naturaleza.

“Lo que hay que considerar aquí es básicamente el momento político, si es que el Gobierno abrirá un nuevo frente de disputa o no. Y en ese sentido, cuando existe una oposición, no tan solo desde el punto de vista de los partidos políticos, sino que desde las Isapres, donde hay una visión que impera de preservar el lucro y el negocio por sobre todo, más que efectivamente hacerse cargo de los problemas del sistema, hacen más complejo el ingreso de un proyecto de ley al Congreso”, explica.

Desde la Asociación de Isapres, su presidente, Rafael Caviedes, junto con asegurar que aún no se ha instalado ninguna mesa técnica para analizar las distintas propuestas, apunta a temas como el fondo mancomunado, la eliminación de la declaración de salud y la regulación de tarifas. Sin un acuerdo en estas áreas, advierte que el proyecto es inviable.

“Para poder constituir una mesa de trabajo, con técnicos trabajando, tendríamos que tener una respuesta concreta sobre esos tres puntos y esa respuesta no la hemos tenido”, plantea Caviedes.

La respuesta de Goyenechea es que “las Isapres ven estos temas como una amenaza a su existencia, lo que no es tan así. Si se elimina la declaración de salud, igual existirá una barrera de ingreso, relacionada con la capacidad de pago de las personas al momento de contratar un seguro de salud”.

Además, asevera que “es absurdo de parte de las Isapres negarse a un Fondo Mancomunado, cuando se está hablando de una socialización de recursos que es bastante marginal, de menos de un 1 por ciento de las cotizaciones de los usuarios de Fonasa y de las Isapres”, lo que demostraría la negativa de las empresas aseguradoras por aceptar lo relacionado con la solidaridad en el sistema.

Considerando su participación en diversos juicios como representante de usuarios de la salud privada en contra de las Isapres, el abogado Pedro Barría no le atribuye mayor importancia a la dilación en el envío del proyecto de ley, lo que según él no debería perjudicar la discusión parlamentaria.

Sin embargo, se detiene en los reclamos y advertencias que han planteado las empresas aseguradoras. Por ejemplo, el eventual colapso que podría generar la migración de afiliados de Fonasa al sistema de Isapres.

“La gente es bastante racional. Hay una serie de resguardos que se pueden adoptar. Porque es cierto que si se empezaran a organizar agencias de turismo sanitario para traspasar afiliados de Fonasa a las Isapres para operarse y después volver a Fonasa, claro, eso podría provocarle un detrimento no solo a las Isapres, sino también a los afiliados que están en ellas. Ese tema se puede abordar y tiene solución. No es una cosa terrible”, aclara.

Para el abogado, además, el tema de las preexistencias y el traslado de afiliados de una Isapre a otra son los puntos más sensibles, junto con el precio de los planes de salud, que, como recuerda, es el que generó este gran debate.

“Hoy hay muchos afiliados que presentan recursos de protección todos los años, pero resulta que a una persona que el plan de salud se le duplicó o triplicó, y que terminó fuera de la Isapre, nadie le va a indemnizar los daños que todo eso le provocó”, concluye.

En cuanto a la posibilidad de que la Comisión de Salud comience a tramitar su propio proyecto de ley, lo que será puesto en tabla el próximo 6 de octubre, según Matías Goyenechea se trataría de iniciativas que ya existen en el Congreso. “Hay varios proyectos que han estado dando vueltas durante los últimos gobiernos, respecto a la regulación del sistema privado de salud. Tienen que ver con eso, más que con generar un nuevo proyecto, considerando que los legisladores no tienen la capacidad de hacerse cargo de algo de esa naturaleza”.