Una de las medidas que mayor importancia ha cobrado luego de los escándalos por el financiamiento de campañas y los conflictos de interés en las autoridades públicas, fue despachada por el Congreso: la Ley de Probidad en la Función Pública, si bien era un proyecto que llevaba tres años de tramitación en el Senado, recobró su importancia a la luz de la discusión de la Agenda de Transparencia y Probidad, parte de las recomendaciones hechas por la Comisión Engel.

Con esta medida, las autoridades públicas de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Judicial y Legislativo-, deberán transparentar y especificar sus patrimonios de manera obligatoria, lo que hasta ahora era voluntario y dependía de cada uno el detalle con el que eran presentados.

Además, se establece que deberán ser traspasados a una administración externa, como un fideicomiso ciego, las acciones o la participación en sociedades o empresas cuando se trate de montos superiores a 633 millones de pesos (25 mil UF), o existan conflictos de interés con el Estado.

El diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas, valoró esta medida como una manera de que “exista mayor rigurosidad en este ámbito (…) porque nos lleva a transparentar los negocios que, legítimamente, puedan tener además de su función parlamentaria, y para que cuando tengan que votar tengan clarísimo donde abstenerse”.

Asimismo, destacó que es una iniciativa que puede ayudar a revertir, en parte, la crisis de confianza en la política.

En tanto, desde la Fundación Ciudadano Inteligente, el coordinador legislativo, el abogado Octavio Del Favero, si bien destacó la implementación de esta medida, puntualizó que no alcanzó la profundidad que ellos esperaban, en específico que no se incluyera las declaraciones de patrimonio de los cónyuges o convivientes de las alta autoridades del Estado, y que eventualmente, les pudieran generar conflictos de interés.

“Eso no quita que hayan ciertas falencias o deficiencias en algunos temas, por ejemplo, específicamente, el que no se haya incluido, en lo que es declaraciones de patrimonio a los cónyuges o convivientes. Es sólo respecto de patrimonio, porque en el caso de ellos tienen que declarar qué clase de intereses patrimoniales tienen, o qué actividades desarrollan, pero así como yendo al detalle, puede ser un tema, pero en general es un avance a nivel de prevención y fiscalización”.

Por su parte, el diputado del PPD, Cristián Campos, coincidió con el representante de Ciudadano Inteligente, en orden a que se debe perfeccionar esta legislación, en el sentido de que los cónyuges o convivientes de las autoridades también deberían transparentar sus patrimonios, y que no sea a través de denuncias o revelaciones que se conozca, eventualmente, de nuevos conflictos de interés, no obstante destacó el elevado estándar que, a su juicio ha impuesto el Parlamento a sus integrantes en esta materia.

“Si bien es cierto es un avance, también es una respuesta a todas las situaciones que a la gente les ha terminado molestando, indignando, y que le ha señalado a todos los actores, “corten la chacota, por favor en estos temas. Sigamos siendo un país serio, y en esto yo creo que el estándar que ha puesto el Congreso a esto, hay que también que resaltarlo porque es un estándar de primer nivel, y por cierto nosotros creemos que en esto, sin duda con el tiempo se va a ir mejorando en la línea correcta, y en la línea que toda la actividad pública debe normar las acciones de quienes, hoy día, ocupan cargos de representación popular o cargos designados como en el Poder Ejecutivo”.

Esta ley entrará en vigencia el próximo semestre, por lo que los parlamentarios y autoridades del Ejecutivo que excedan las 25 mil UF en acciones o participación en empresas, deberán entregar a un fideicomiso la administración de dicho patrimonio o desprenderse de él, como es el caso, entre otros, del senador Andrés Zaldívar de la DC, que vendió su participación en el holding Quiñenco, del Grupo Luksic, que representaba un monto de 167 millones de pesos, así como el del ministro de Energía, Máximo Pacheco, que reconoce un patrimonio de alrededor de 27 millones de dólares, que administra un fideicomiso.