La iniciativa del gobierno busca establecer un marco regulatorio que defina los aspectos fundamentales de una nueva legislación, que proteja los derechos de niños y adolescentes.
El diputado del PPD y presidente de la Comisión de Familia, Ramón Farías, destacó que se trata de un proyecto multisectorial y lo calificó como un primer paso importante en esta materia: “Nosotros estábamos esperando este proyecto porque es una ley marco: una especie de sabana que va por sobre todo el resto de las leyes que nosotros vamos a hacer en torno a la niñez en general”.
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, informó en una reunión con la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, que durante el próximo año se presentarán, entre otros proyectos, una iniciativa legal para crear el Defensor de los Derechos de la Niñez y otra que modifique los Tribunales de Familia.
Deuda pendiente
El 26 de enero de 1990 Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas un año antes. Pese a la ratificación casi inmediata de la Convención, nuestro país no había generado su propio marco regulatorio sobre esta materia, ni tampoco establecido mecanismos que permitieran su vigencia plena.
David Órdenes, director de la corporación La Caleta advirtió que este proyecto no significa nada en la medida en que no se establezcan mecanismos que aseguren su efectivo cumplimiento.
“Chile sigue en deuda con la convención internacional. No porque el proyecto haya ingresado está finiquitado, sino que al contrario, la entrega de este proyecto sigue quedando en deuda con los estándares internacionales”, señaló, antes de agregar que en su opinión “es imposible que el proyecto realmente garantice los derechos de la niñez porque sigue queriendo garantizarlos en un contexto neoliberal y capitalista”.
Un proyecto de ley que cumpla con los estándares internacionales en materia de infancia, debería garantizar derechos fundamentales como salud y educación, pero también el derecho al juego, a vivir en un ambiente sano y limpio y a no ser discriminados, entre otros.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en la primera etapa del trámite legislativo, bajo la categoría de “urgencia simple”.
