Para muchos fue la confirmación de lo que ya se sabía. Para otros, solo palabras que difícilmente se concretarán. Incluso aparecen aquellos que lo consideran un proceso innecesario.

Esto, a propósito del anuncio presidencial sobre el cronograma que busca desarrollar el llamado proceso constituyente.

Como presidente del Senado, el DC Patricio Walker destaca la institucionalidad de los mecanismos anunciados, así como los plazos predeterminados.

“Me parece legítimo que sea el próximo Parlamento, elegido sin binominal, el que defina cuál va a ser la Constitución que nos va a regir como techo común para todos los chilenos. Me parece razonable que sea este Congreso el que tome una primera definición y el próximo Congreso el que tome la decisión final de cuál será nuestra Constitución”, plantea el senador.

Sin embargo, son varios los que piensan que el Parlamento carece de validez. Incluso entre los propios legisladores. “El actual Congreso no tiene ninguna legitimidad para votar ningún tipo de reforma constitucional y menos una nueva Constitución”, advierte el senador Alejandro Navarro.

Y es que para él, este Congreso es una anomalía democrática, “dada la alteración de la representación popular, producto del sistema binominal”.

“La llave maestra, la clave, está en las elecciones parlamentarias de 2017. Si no hay claridad sobre eso, esto puede llevar a equívocos, respecto de que una propuesta presidencial de una Presidenta saliente sea determinante en un proceso de una nueva Constitución. No lo va a ser”.

Y agrega: “El anuncio de la Presidenta es una manifestación de voluntades en torno a los temas constitucionales. Pero resultados concretos no habrá en este Gobierno. No habrá ni nueva Constitución ni proyecto de ley tramitado”.

El cronograma contempla el envío de un proyecto de reforma constitucional al Congreso, a fines de 2016. En él, la propuesta de cuatro mecanismos: una comisión bicameral de senadores y diputados, una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, convocatoria a una Asamblea Constituyente y convocatoria, por parte del Congreso, a un plebiscito para que la ciudadanía decida entre las anteriores alternativas.

Según el anuncio de Michelle Bachelet, la elección del mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en 2017.

Es aquí donde surge una gran dificultad. “Si uno toma la Constitución y la revisa, en ninguna parte aparece algún mecanismo para cambiar o sustituir la Constitución antigua por una nueva. Ahí está la primera vaya que debiera cruzar este proceso constituyente. Cómo logramos que la Constitución contemple estas herramientas”.

La preocupación del diputado socialista Leonardo Soto, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, no es al azar. “Tenemos que enfrentar a los que siempre se han opuesto, a la minoría de siempre, que busca que nada cambie. O que el quórum para aprobar esto, como dijo la Presidenta, es de 2/3”. Sin duda, importantes obstáculo para el anunciado proceso.

Esto, a propósito de que “el primer paso, que es el más complicado, está entregado a la decisión de este Congreso”.

Y si se trata de mayor participación ciudadana, la herramienta del plebiscito hace tiempo que aparece como una posibilidad real. Sin embargo, no está contemplada en la Constitución. “Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer un cambio en la Constitución e incorporar esta herramienta en un texto que no cree en ella”, exige el diputado.

Entre los integrantes de la Bancada Transversal de Parlamentarios por la Asamblea Constituyente, si bien valoran el anuncio, igualmente manifiestan algunas dudas. Por ello, se reunirán con la Mandataria para aclarar los puntos que aún consideran inciertos.

La diputada Karol Cariola, de hecho, reconoce que en este proceso “el rol de la participación social va a ser clave, significativo, va a ser determinante, y eso es algo que nosotros queremos resguardar. Creemos que la participación ciudadana no puede ser testimonial, sino que tiene que ser real, tiene que ser vinculante y frente a eso vamos a seguir insistiendo en que la mejor alternativa para garantizar aquello es la Asamblea Constituyente”.

Pero desde la oposición no solo existen dudas. También la preocupación por un proceso que consideran innecesario. “Chile ya ha rectificado su Constitución. Esto de hacer una nueva Constitución es poner al país en jaque, es decir, que todo estaría malo”, asegura el presidente de la UDI, Hernán Larraín.

Pero no solo eso. “El Gobierno no descartó nada, lo que deja a muchos muy contentos, pero tampoco resolvió nada”, critica el senador, agregando que el proceso podría transformarse en “un ejercicio totalmente inútil, con dos años discutiendo para que después quede en nada”.

Desde otro de los partidos opositores, el diputado RN José Manuel Edwards apunta a que el problema de fondo radica en el contenido de la propuesta.

“La verdad es que no sabemos qué de la Constitución se quiere cambiar. No se ha dicho cuáles son las materias por las que se necesita el proceso constituyente. La segunda problemática de los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet es que durante cuatro, cinco o quizás seis años, estaremos discutiendo una reforma constitucional sin saber los puntos que puedan cambiar, creando incertidumbre por mucho tiempo, lo que será muy negativo para el país”.

Sobre traspasar las responsabilidades a un próximo Congreso, reconoce que “es justo que la ciudadanía sepa quién tendrá el poder constituyente. Y en la próxima elección la ciudadanía sabrá que el Congreso se constituirá con poder constituyente. Pero no es aquí donde están las dificultades ni la problemática central”, explica el parlamentario.

En cuanto a los diálogos ciudadanos y al Consejo Ciudadano de Observadores, cuyos integrantes la Presidenta nombrará en las próximas semanas, como parte del proceso constituyente, tampoco existe mucha credibilidad, considerando, como plantea el senador Navarro, que la discusión se politizará durante las elecciones municipales y parlamentarias.

“Se trata de una instancia que no tendrá una incidencia importante en los temas de fondo. Quienes participen no tendrán un rol fundamental en incidir en las mayorías que posibiliten alguna salida”, anticipa el senador oficialista.

Por ello, insiste en que “la llave para una nueva Constitución está en las mayorías parlamentarias. Sin un nuevo Parlamento no hay viabilidad alguna de que la actual Constitución pueda eliminarse”.