La confianza de la ciudadanía en las instituciones ya no es la misma. Los múltiples escándalos de corrupción que han afectado al sector empresarial, así como la oscura relación entre éste y el financiamiento de la política, han dejado de sorprender a muchos.

La percepción de que la corrupción se acrecienta en el país no discrimina entre organismos estatales, empresas privadas y medios de comunicación. Tampoco respecto de los Tribunales de Justicia, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica.

Preocupante entonces que sean el Congreso y los partidos políticos, las instituciones con menor credibilidad entre la ciudadanía, las que asuman la responsabilidad de conducir el anunciado proceso constituyente del Gobierno.

¿No está preparada la ciudadanía para asumir esta responsabilidad? ¿Por qué no confiar en sus capacidades y en la cultura política que se ha desarrollado en los últimos años?

Por ahora, la definición de los mecanismos para elaborar una nueva Constitución está entregada al desprestigio de legisladores y políticos partidistas.

Mientras tanto, la Presidenta Michelle Bachelet continúa en la promoción de su proceso constituyente. Este lunes, de hecho, reconoció que está dispuesta a recibir “aportes, temores y dudas” que existan entre la ciudadanía.

“Muchas gente cree que una nueva Constitución puede resolver temas como mejorar el salario o las pensiones”, planteó la Mandataria.

Y así como muchos reconocen la necesidad de una nueva Constitución, otros tantos manifiestan su esperanza en que la misma permitiría superar los complejos problemas que afectan a la educación, la salud y la seguridad. Incluso, que permitiría que Chile fuera un país más justo y con menos desigualdades. Y sin descartar, por cierto, el deseo de que una nueva Carta Magna resolvería la crisis del sistema político.

De hecho, un reciente estudio de la Fundación Chile21 concluye que el 78 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que Chile necesita de una nueva Constitución. Asimismo, que el 69 por ciento considera que ésta debería elaborarse a través de una Asamblea Constituyente, mientras que solo el 16 por ciento alude al Congreso en ese sentido.

La ciudadanía movilizada

Existe un amplio grupo conocido como “Manifiesto por un Plebiscito para una nueva Constitución”, cuya idea central es la Asamblea Constituyente, aunque reconociendo que el mecanismo debe resolverlo la ciudadanía, precisamente mediante un plebiscito.

Uno de sus coordinadores es el abogado Manuel Antonio Garretón, para quien “no hay posibilidades de nueva Constitución, la que es indispensable para solucionar la crisis política que tiene el país, si no hay a la vez procesos políticos institucionales y procesos de participación, movilización y representación ciudadana”.

Él mismo advierte que una Constitución elaborada exclusivamente por el Congreso no tendría ninguna legitimidad. “Hoy las instituciones políticas deben relegitimarse, por lo que deben contactarse con las aspiraciones, demandas y expectativas ciudadanas, pero entrando en interacción con los actores y movimientos sociales”.

En esa línea, su propuesta va por otro camino. “Creo que lo mejor habría sido partir por el plebiscito, tal como se votó para terminar con la Dictadura. Creo que de la misma manera, la ciudadanía decidirá con qué mecanismo terminamos con la Constitución heredada de la Dictadura”.

Respecto de las expectativas ciudadanas, anticipa que no es posible alterar las bases fundamentales de la convivencia social si no existe una nueva Constitución. Por ello, no duda en afirmar que los problemas de salud, de educación, de los derechos a los recursos naturales, el papel del Estado en la conducción de la economía, así como la existencia de medios de comunicación de carácter público podrían resolverse con una nueva Carta Magna.

Para el abogado, el mundo político no está en condiciones de resolver las cosas por sí mismo, por carecer de legitimidad.

El mismo ámbito político que este lunes se reunió en La Moneda. Y es que con la intención de legitimar su anunciado proceso constituyente, Michelle Bachelet convocó a los ex presidentes.

Eduardo Frei abogó por un debate inclusivo. Sin embargo, reconoció que “en lo personal, no soy partidario de la Asamblea Constituyente, pues termina por transformarse en un suprapoder del Estado por sobre los otros poderes del Estado”.

Otro de los ex mandatarios, Ricardo Lagos, aseguró que “la Constitución del 2005 fue un paso adelante respecto de lo que teníamos”, a propósito de las modificaciones con las que las autoridades de ese entonces, incluida Michelle Bachelet, reconocían la Constitución de 1980 como democrática. Asimismo, manifestó que la Constitución actual está impregnada por una visión neoliberal que obliga a tener un Estado subsidiario, a pesar de que él mismo la firmó.

En cuanto a Sebastián Piñera, se declaró partidario de “una reforma constitucional participativa y consensuada, que permita perfeccionar y no desmantelar la Constitución de hoy”, agregando que “la propuesta del Gobierno abre un largo e incierto proceso de discusión que se extenderá por muchos años”. De hecho, anunció que su Fundación Avanza Chile presentará su propia propuesta de reforma constitucional.

El nuevo referente de derecha Chile Vamos no quiso estar ausente del debate por proceso constituyente. Después de la reunión que cada lunes sostienen para organizar su nueva propuesta programática, los máximos representantes de la UDI y Renovación Nacional opinaron sobre las decisiones del Gobierno.

El diputado y presidente de RN, Cristián Monckeberg, aseguró que una nueva Constitución debe considerar la participación de todos y no ser un instrumento para sacar rédito en el marco de las elecciones municipales.

Desde el gremialismo, Hernán Larraín dijo que como oposición están dispuestos al debate, pero exigió propuestas concretas. El senador y vocero de Chile Vamos emplazó al gobierno a resolver los problemas presentes del país, y que enfrente con seriedad el debate constitucional, mostrando “de frente a la ciudadanía” su proyecto constitucional.

Expectativas, pero con mayor participación

“No veo convergencia en cuanto a las demandas de la ciudadanía con relación a las expectativas de qué es lo que implica una Constitución”. El planteamiento de la directora ejecutiva de la Fundación Multitudes, Paulina Ibarra, sin duda que refleja el sentir de muchos.

“Tiene que haber un proceso de educación cívica para que la ciudadanía entienda realmente qué significa una Constitución”, agrega.

Para la experta en participación ciudadana, “por años no ha existido educación cívica y, por lo tanto, la ciudadanía ve la Constitución como algo abstracto. Por este alejamiento que tienen de la Constitución, no entienden lo que efectivamente regula. Las expectativas de la ciudadanía son absolutamente disonantes y discrepan del contenido que se incluirá en una nueva Constitución. Porque este Gobierno no está hablando de reformas. Está hablando de una nueva Constitución”.

En cuanto a las críticas de legitimidad que afectan al Congreso y a los partidos políticos, asegura que son una forma válida, legítima y muy aceptable de participación ciudadana. “Lo que ocurre es que hoy los ciudadanos y los partidos políticos están completamente desalineados cuando se trata de los intereses de los primeros y del trabajo de los segundos”.

Por ello, apunta a que la desconfianza debe comenzar a subsanarse con un aumento de la participación en estos proceso. De lo contrario, seguiremos dando vuelta en lo mismo”.

Desde una de las tantas organizaciones del “Manifiesto por un Plebiscito para una nueva Constitución”, advierten que si bien no existe nada que arregle todos los problemas y demandas de un país, “la Constitución sí tiene vinculación con las expectativas de la realidad”.

Así lo plantea Patricio Segura, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, para quien siempre existe el riesgo de que muchos ciudadanos consideren que se trata de un proceso largo, por lo que se pueden ir desencantando.

Por eso se requiere un proceso de politización, “en términos de que los ciudadanos nos involucremos en la discusión pública de los temas colectivos. En la medida que entendamos que los procesos son paulatinos y que tenemos que involucrarnos, creemos que las personas, con convicción, podrán participar y conseguir una nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente”.

Además, aclara que se trata de un proceso que ya existe hace mucho tiempo. “El proceso constituyente no parte con el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet. Los procesos constituyentes no se dictaminan por decreto. Son procesos políticos y sociales que van ocurriendo y en Chile no parte ahora, pues lleva varios años”.

Efectivamente, son muchas las propuestas que han surgido con anterioridad al proceso constituyente del Gobierno. Por ejemplo, el Libro “Asamblea Constituyente. La alternativa democrática para Chile”, del historiador Sergio Grez y del Foro por la Asamblea Constituyente.

En ese sentido, Segura hace un llamado a movilizarse ante la idea de que los partidos políticos y los parlamentarios se sientan con la atribución exclusiva de definir sobre estos temas. “Los ciudadanos tenemos que hacer un control y fiscalización sobre el proceso y para eso hay que involucrarse”.

Manuel Antonio Garretón, por su parte, advierte que “aquí se desencadena un proceso que está abierto, que algunos quieren dejar cerrado. Se mostrará en el camino si existe consecuencia de las autoridades y de las instituciones, en cuanto a mejores soluciones que puedan surgir respecto de las planteadas en esta idea inicial”.

“En términos de qué es lo que espera la ciudadanía con relación a este proceso constituyente –concluye Paulina Ibarra–, tiene que haber una convergencia directa en cómo las autoridades comunican estos procesos, la manera en la que los candidatos se postulan y la correlación entre el programa de un candidato y las demandas e intereses de la ciudadanía”.