Durante estos días, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se desplazan hacia México para continuar la investigación sobre los desaparecidos, la imputación de los presuntos responsables, y la atención a las víctimas y familiares de los 43 estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa.

Recordemos que en su primer informe el GIEI cuestionó la “verdad histórica” que dio a conocer el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo, quien afirmaba que los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula. Además, determinaron nuevos elementos como la aparición de un quinto bus, no identificado en la investigación oficial y la posibilidad de que éste contuviera droga.

En ese sentido, el abogado Francisco Cox, integrante del grupo de expertos, se refirió al tono de la investigación mexicana: “Se nos ha preguntado mucho: ¿esto es negligencia o falta de voluntad? No puedo responder, pero que hay negligencia, sin duda”.

El investigador recordó que la aprobación presidencial es una de las cosas en juego en esta investigación: “A mí me parece que investigaron como investigan siempre, en la línea de una policía más burocratizada. Investigaron de manera ordinaria un caso extraordinario. Sí creo que obviamente había un interés social, político, o como se quiera llamar, de que este caso se cerrara rápido. Este es el caso por el cual el Presidente Peña Nieto tiene un 23 por ciento de aprobación”.

El abogado afirmó que la razón por la que se les dio una prórroga para investigar es, justamente, porque la credibilidad del mandatario está dañada por Ayotzinapa y por la fuga de El Chapo.

Así, en noviembre comienza esta ampliación de mandato que los expertos acordaron con el gobierno el 19 de octubre para abrir una nueva etapa de trabajo, que se extenderá hasta el 30 de abril del 2016, con posibilidad de extender los plazos en caso de ser necesario.

Para ello, los expertos plantearon algunas condiciones, entre ellas incluir el informe de la CIDH en la investigación de la causa judicial, que se re-direccione y se solicite cooperación de forma directa a los Estados Unidos.

En ese sentido, Cox adelantó uno de los énfasis en esta segunda fase investigativa: “Cuando hablamos en Estados Unidos con la Fiscal a cargo del caso, fue muy colaboradora, pero no nos pudo entregar nada de información porque era un caso abierto. Sin embargo, nos dijo que existía una colega que investigó al cartel de los Guerreros Unidos en Atlanta y además esa investigación tenía una connotación mucho más internacional, por lo tanto allí si puede haber más información de quienes son, el ámbito de cooptación, a qué autoridades alcanzan y creemos que eso si puede ser una contribución”.

Otro elemento clave que seguirán negociando con el Gobierno, y que han destacado con fuerza los medios mexicanos, es la posibilidad de entrevistar a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala, quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos, y que, por el momento, son la única fuente a la que no les ha permitido acceder la actual Procuradora General, Arely Gómez.

En ese sentido, Cox afirmó que hay una serie de líneas que investigar más a fondo. “Hay factores que facilitan los crímenes”, como la percepción de “conflictivos” o “prescindibles” de una parte de la ciudadanía sobre los jóvenes de Ayotzinapa, pero no es lo único.

Para el abogado se suma también el contexto político de los estudiantes normalistas. “Cuando llegué a Ayotzinapa pensé: Esto es una desaparición forzada como las del Cono Sur. Tal cual”.

El investigador añadió que llegaron a México, se reunieron con Cancillería y se fueron de inmediato a Ayotzinapa, donde fueron recibidos por una banda de guerra. Luego vieron en la escuela una foto de Lucio Cabaña, una del Ché Guevara y escucharon el discurso de los jóvenes que apuntaba a cómo el verdadero revolucionario es capaz de dar la vida. “Yo dije: está clarito”, sin embargo, reiteró que “no hay ningún antecedente que dé cuenta de eso”.

El especialista afirmó que ésta es una oportunidad de generar cambios estructurales para futuras investigaciones. Entre ellos recomendaron que el Departamento de Investigaciones Policiales dejara de depender de la Procuraduría y pase a ser autónomo. También afirmó que están trabajando con la elaboración de una Ley General de Desapariciones Forzadas en México y en la reparación a las víctimas.