Este lunes, el Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile publicó un análisis elaborado por el economista Germán Polanco. El informe calculó en 816 millones de dólares las ganancias obtenidas por las empresas CMPC y SCA.  Estas ganancias se habrían obtenido de manera ilícita, debido a que ambas empresas se concertaron para mantener prácticas monopólicas en el mercado del papel higiénico durante más de 10 años.

La diputada del Partido Comunista Karol Cariola fue enfática en condenar la cuantiosa ganancia de las empresas coludidas: “Me parece absolutamente reprochable que hoy día estemos dando cuenta que este tipo de situaciones se pueden dar en nuestro país y que hay empresas como estas que se coluden entre ellas y que son capaces de robarle grandes cantidades de dinero a todos los chilenos. Esto afecta directamente a los bolsillos de las familias de nuestro país, pero sobre todo a aquellas familias que viven en lo concreto, lo más duro de la desigualdad”.

Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana Fuad Chahín manifestó que “cualquier utilidad que se obtenga de manera ilícita es condenable y reprochable más aun cuando son utilidades tan cuantiosas”.

El asunto de la Irretroactividad

En Chile, como en la mayoría de los países del mundo se encuentra consagrado constitucionalmente el Principio de Irretroactividad de la ley. Esto significa que una vez entrada en vigencia, la ley sólo puede disponer para los hechos futuros, no pudiendo en ningún caso sancionar ilícitos cometidos con anterioridad a su consagración.

En este sentido, las modificaciones legales que aumentan las sanciones en materias de libre competencia y los casos de colusión ya conocidos, no podrán ser sancionados por la nueva ley atendiéndose a la normativa vigente. La regulación actual, fruto de las modificaciones impulsadas en el gobierno de Ricardo Lagos, no contemplan penas de cárcel y sólo sancionan con multas que resultan increíblemente bajas en comparación a la cuantía de los fraudes y las ganancias obtenidas por las empresas en los tres casos de colusión que se han conocido en los últimos años.

Por eso Chahín señala que la modificación que hacen a la ley es una modificación que “va en la línea correcta”.

El asunto de la Irretroactividad de la ley en esta materia permite prever que las multas que tendrán que pagar las empresas CMPC y SCA por la colusión en el precio del papel higiénico estarán muy por debajo de los 800 millones de dólares que obtuvieron a través de ilícitos.

La regulación actualmente vigente contempla la posibilidad de que los consumidores reclamen una indemnización perjuicios ante un tribunal civil. En este sentido, el Servicio Nacional del Consumidor puede actuar como parte en una demanda colectiva que establezca indemnizaciones a todos quienes hayan sido víctimas del ilícito.

Lo anterior se ve profundamente complejizado en la medida en que para hacerse parte de esta acción, es necesario acreditar la legitimación pasiva y “nadie en su sano juicio guarda por 10 años las boletas del papel higiénico”, señaló el diputado Squella.

Fórmulas compensatorias

El asunto de la irretroactividad de la ley, y las escasas penas que podrían obtener ha abierto el debate en torno a las posibles compensaciones que podrían pagar las empresas coludidas a los consumidores.

Karol Cariola, atendiendo a la crisis del sistema de salud que atraviesa el país, afirmó que una forma efectiva de llevar adelante una compensación para todos los chilenos pudiera ser que estos recursos se devuelvan al estado y que éste los destine a la construcción de infraestructura hospitalaria y en el mejoramiento de las condiciones del sistema en general: “Para que se terminen las listas de espera, para que en nuestro país hayan mayores profesionales de salud formados para el sector público y para que aquellos problemas más sentidos por la población sean resueltos con esos recursos. Hoy día el estado no está pudiendo generarlos, y sin embargo las empresas se lo están llevando sin ningún asco a sus bolsillos, a costa de la condición de vida de todos los chilenos”.

En este aspecto, según los cálculos presentados por el Diario electrónico de Radio Universidad de Chile, los 816 millones de dólares alcanzarían para construir tres hospitales de alta complejidad.

Por su parte, Arturo Squella fue enfático en afirmar que cree necesaria la compensación, toda vez que los afectados son los consumidores. Además explicó que resulta sumamente complejo determinar un mecanismo que no afecte la  competencia: “Alguien podría decir que durante los próximos meses o años, estas empresas trabajen con precios por debajo de los costos, o incluso prescindiendo de generar utilidades, pero eso generaría una distorsión en el mercado de los papeles y podría afectarse nuevamente la libre competencia”.

Además, el diputado de la UDI posicionó el rol del Director del SERNAC como clave en esta materia: “En buscar una solución creativa que deje satisfechos a los consumidores va a tener especial relevancia el rol del SERNAC, particularmente su director, y espero que lleguen a un mecanismo satisfactorio para todos”.

Fuad Chahín, por su parte, declaró: “Creo que una buena opción sería que se compensara a los consumidores a través de bienes públicos, por ejemplo, a través de que se entreguen los productos gratuitamente durante el mismo tiempo a todos los hospitales, postas, consultorios y  colegios públicos”.

Sobre la entrega de devolución en dinero a los consumidores, apuntó: “Habría que buscar formulas para compensar a los consumidores, que no necesariamente pasen por la devolución a cada uno del los clientes, a menos que sea posible establecer un cálculo de manera que sean beneficiados aquellos más vulnerables como quienes se encuentran adscritos a la Ficha de Protección Social”.

La ley que viene

El 19 de marzo ingresó al Congreso el proyecto de ley que modifica las normas para la defensa de la libre competencia. La iniciativa del Ejecutivo fue aprobada en la Cámara de Diputados tras una serie de indicaciones y actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional, en el Senado.

La normativa introducirá una serie de modificaciones sustanciales a la norma vigente. La incorporación de sanciones penales que podrían alcanzar hasta los 10 años de presidio efectivo, ha sido una de las más polémicas.

Además la modificación incluye un aumento considerable de las multas, en orden a duplicar las ganancias obtenidas por las empresas que cometan ilícitos de este orden. Así, se pretende que resulte económicamente más conveniente, que los empresarios se abstengan de cometer ilícitos, en vez de que los cometan, paguen las multas y sigan conservando parte importante de las utilidades.

Otra de las modificaciones que contiene el proyecto es otorgar facultades al Tribunal de Libre Competencia para que pueda conocer y resolver los casos de los consumidores que se vean afectados por este tipo de ilícitos.