Javiera Blanco, ministra de Justicia, entregó a los diputados de la Comisión de Deportes una copia del documento en que el abogado de la ANFP niega la entrega de libros contables, porque, a su juicio, no había un procedimiento administrativo que facultara al ministerio para realizar el requerimiento.
“Llama poderosamente la atención que una institución se niegue a darle acceso a un ministerio que tiene facultades permanentes. Quien nada hace nada teme”, señaló la secretaria de Estado.
“La frase de quien nada hace nada teme es tan explícita. Por qué negarle el acceso al Ministerio de Justicia, y lo que parece más grave es que estamos hablando de la pasión de multitudes. En nada ayuda que una institución como la ANFP, que se supone que no tiene nada que ocultar, le diga al Ministerio de Justicia: “No entre”, y que además aduzca en la explicación que es un error nuestro por haber pedido información que ya teníamos, o sea, la providencia decía que queríamos antecedentes en general. Por favor, no sigan mintiendo. Ese es el llamado y entreguen toda la información necesaria”.
Mientras, la ministra Natalia Riffo, enfatizó en la gravedad de cometer estas irregularidades con una actividad tan popular como el fútbol: “Hay un tema judicial, por cierto, que se está tomando como corresponde, pero también tiene que ver con el desarrollo de un deporte en el que fuimos campeones, que mueve a la gente, da alegrías, por lo tanto consideramos lamentable que la dirigencia en el mundo del fútbol esté pasando por estas problemáticas”.
El diputado Matías Walker (DC) solicitó que el Consejo de Defensa del Estado evalúe la disolución judicial de la personalidad jurídica de la ANFP, asegurando que se está frente a una oportunidad para adecuar los estatutos de la asociación “para hacerlos mucho más transparentes respecto del manejo de los recursos”.
Además, el parlamentario solicitó que el gobierno le otorgue urgencia al proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara Baja y que le da mayores facultades a la Superintendencia de Valores y Seguros para fiscalizar a las sociedades anónimas deportivas profesionales.
Los diputados de la comisión de Deportes también ingresaron un proyecto de ley para facultar al Ministerio de Justicia a acudir con fuerza pública, cuando una corporación se niegue a pasar la información en un proceso de fiscalización.