Son múltiples los reclamos que surgen, permanentemente, desde el ámbito de las Isapres, ya sea de los usuarios como de las propias empresas aseguradoras. En el caso de estas últimas, a pesar de las constantes utilidades que reciben gracias a las cotizaciones de los primeros.

Y es que a propósito del actual proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, que busca reformar el sistema de Isapres, la industria de las aseguradoras de salud ha aumentado sus presiones en busca de una legislación favorable a sus intereses.

Por ejemplo, el hecho de que el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, acuse que el resultado operacional de la industria, considerando la judicialización, arroja pérdidas por 4 mil 106 millones de pesos. Esto, al considerar gastos por costas judiciales y el congelamiento de precios de los planes de los afiliados, como consecuencia de los recursos de protección acogidos en las Cortes de Apelaciones.

Sin embargo, desde la Superintendencia de Salud han aportado otros antecedentes. “En los últimos cinco años las instituciones de salud previsional han retirado por sobre los 270 mil millones de pesos en utilidades del sistema. Tenemos varias de ellas que tienen por política retirar el 100 por ciento de las utilidades”, ha dicho el superintendente Sebastián Pavlovic.

A pesar de todo, en la Asociación de Isapres insisten en lo que consideran un complejo escenario. Incluso, han enviado mensajes al Gobierno, advirtiendo sobre los daños que está causando la judicialización, advirtiendo que en el futuro la situación podría empeorar.

“Cambiaría el término pérdidas por menores utilidades, porque no están teniendo pérdidas. Han tenido utilidades brutales durante los últimos años. En 2013 un 75 por ciento sobre el año anterior y en 2014 más de un 50 por ciento”.

La aclaración del abogado Carlos Tagle, defensor de los cotizantes a través del sitio web “mesubieronelplan.cl”, se fundamenta en que “con el lenguaje que ocupan las Isapres quieren aparecer como víctimas frente a una situación de abuso que ha permanecido por más de 20 años”.

Agrega que la judicialización tampoco ha afectado mayormente las utilidades de las Isapres. “Cuando un sector empresarial tienen que meterse la mano al bolsillo grita, como dicen en el campo, más que marrano alzado. Es una exageración de las Isapres, porque el sistema sigue funcionando bien y sano”.

Pero en sus declaraciones, desde las empresas aseguradoras de salud también intentan influir en los contenidos del proyecto que se discute en el Senado. De hecho, proponen una fragmentación de éste en dos partes, con una ley que efectivamente estudie cambios al actual sistema, pero otra que considere una ley corta que resuelva lo que consideran el problema de la judicialización.

No obstante, la respuesta del abogado Tagle apunta a que “fraccionar el proyecto es nada más que hacer un traje a la medida para que las Isapres sigan usufructuando del negocio de la salud”, cuestiona el abogado Tagle.

Esto, por considerar que “la salud es un derecho garantizado en la Constitución. Se le permite participar al sector privado, en un ámbito que le correspondería al Estado, pero por un factor social. Y es eso lo que no entienden las Isapres. Está bien que tengan algunas utilidades, pero están trabajando en un sector que corresponde al ámbito público”.

“El modelo de negocio y las utilidades pueden cubrir las variaciones”

“Las Isapres están en una posición de presionar a través de las pérdidas, en función de que el Gobierno les arregle sus problemas a través de una ley que resuelva las alzas de precios y la judicialización, y así poder seguir ganando utilidades”.

Los cuestionamientos de Matías Goyenechea, director de la Fundación Creando Salud, se fundamentan en los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, “en los que los jueces se han pronunciado respecto de que las alzas que realizan las Isapres son injustificadas”.

En cuanto a los supuestos déficit operacionales por las pérdidas que estarían experimentando las aseguradoras privadas, el propio Goyenechea plantea que “con el modelo de negocio que tienen y la cantidad de utilidades que poseen, perfectamente pueden hacerse cargo, si es que efectivamente se producen variaciones en sus ingresos”.

Por ello, su molestia radica en que “las presiones que están haciendo las Isapres, por un lado básicamente apuntan a que les resuelvan el negocio. Lo que quieren es que haya una ley corta que implique que el problema de los reajustes de precios quede sancionado por ley, para evitar que los usuarios, que en el fondo están en su derecho, reclamen contra las alzas injustificadas que realizan ellos. Y eso me parece que es impresentable”.

“Si se les va a generar un proyecto de ley o la política le va a arreglar el problema a las Isapres –agrega Goyenechea– los únicos intereses que estarían siendo expresados serían los intereses de los empresarios, dejando de lado a la gran mayoría de la población que busca que se le resuelvan sus problema de salud”.

Pero las presiones también han surgido desde la Comisión de Salud del Senado. En este caso, hacia el Gobierno, producto del retraso en el envío del proyecto que anunciara la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado.

Y es que luego que se postergara lo que se concretaría inicialmente en septiembre, aún no se define una fecha, a menos de un mes de que concluya el plazo autoimpuesto por el Ejecutivo. En respuesta, los legisladores incluso decidieron reponer la iniciativa presentada por el gobierno de Sebastián Piñera.

En ese contexto, los cuestionamientos del abogado Carlos Tagle también se dirigen a que en la discusión “solamente están considerando a las Isapres. De hecho, cuando se formó la comisión solicitada por la Presidenta Michelle Bachelet, estaban representaban las Isapres y los designados por el Gobierno. En ningún caso existe alguien que represente a los cotizantes y que defienda sus derechos”.

Mientras que Matías Goyenechea repara en algo fundamental. “No hay que olvidar que aquí opera un negocio en función de tarificar a las personas según el riesgo, es decir, de si tienen la posibilidad de enfermarse o no, lo cual atenta contra todo derecho a la salud”.

Su conclusión es que “eso hoy está haciendo crisis, por lo que más que arreglar el negocio, se requiere avanzar hacia un sistema solidario”.