A través de una investigación sobre el llamado fraude del Ejército, se dio a conocer que el cabo Juan Carlos Cruz gastó dos mil 400 millones de pesos en juegos en un casino. Esto, al falsificar la firma del general Héctor Ureta, lo que le permitió acceder a los recursos de la Ley Reservada del Cobre.

El abogado Juan Paulo Vera se refirió a la irregularidad en los protocolos que le permitió al cabo gastar 60 millones en una noche y hasta 140 millones en un mes, sin generar alertas.

“Por Ley 19.913, que es la Ley de Lavado de Activos desde el 2003, los casinos están obligados a denunciar operaciones sospechosas. Si una persona va y gasta tantos millones de pesos en una noche, el casino está obligado a informar. Y como es una ley que no se conoce mucho a nivel de ciudadanía en general, no hay ninguna noticia al respecto y ninguna investigación”, afirmó.

Por su parte, el abogado Gonzalo Medina, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, explicó que la Ley de Lavado de Activos contempla estos procedimientos para evitar, principalmente, casos de narcotráfico o maniobras económicas para el financiamiento del terrorismo.

“Esta obligación pesa desde corredores de propiedades hasta corredores de bolsa, bancos, corredores de seguros, aduanas, mucha gente. El problema de los casinos, y es una cuestión que está súper investigada a nivel mundial con el problema por el lavado, es que si usted lo que hace es una cantidad significativa de operaciones, en la cual ninguna de ellas es por un monto muy grande, o la hacen varias personas, con montos bajos, no hay cómo detectar que existe allí un elemento sospechoso”, advirtió.

Las apuestas del cabo Cruz y otra serie de antecedentes al interior de las Fuerzas Armadas, gatillaron el surgimiento de una Comisión Investigadora por fraude a la Ley Reservada del Cobre el pasado 4 de noviembre.

La instancia fue propuesta por la Democracia Cristiana, entre ellos por el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Jaime Pilowsky, para quien “tal como lo ha planteado la Comisión Engel, la Ley Reservada del Cobre no es transparente y en la práctica existe poco control sobre estos fondos”.