Diversas organizaciones de trabajadores expresaron su absoluto rechazo a las indicaciones ingresadas por el Gobierno a la Reforma Laboral, cuestionando principalmente que se esté limitando el derecho a huelga mediante un “reemplazo encubierto” de los trabajadores que adhieran a la paralización de actividades.
Nolberto Díaz, vicepresidente de la CUT, señaló que la autocrítica, en relación al proceso legislativo de la Reforma Laboral, la harán el 21 y 22 de enero, cuando tengan su Consejo Nacional, y calificó como “abuso de confianza y la buena fe” y una “deslealtad” por parte del Gobierno con la multisindical la presentación de las indicaciones al proyecto hechas este miércoles.
“Si para esto íbamos a demorarnos un año, para que nos trafiquen y contrabandeen reemplazo en la huelga, un año de discusión parlamentaria para que nos “pseudoamenacen” que los sindicatos interempresas no van a tener derecho a negociar, por lo cual les vamos a quitar el derecho adquirido a trabajadores que hoy día negocian, a nosotros nos parece que eso, por parte del Gobierno, es una deslealtad mayúscula, y lo que hace Rodrigo Valdés, y el Ministerio de Hacienda es pavimentar la derrota de la Nueva Mayoría en las próximas elecciones municipales y parlamentarias”
No obstante, Díaz se manifestó esperanzado en que estas indicaciones no tengan acogida en el Parlamento y sean rechazadas por la Cámara: “Mantengo la esperanza que van a haber 70 diputados que no van a aguantar que esto se convierta en una cocina”. Además, el dirigente sostuvo que “vamos a ver si se atreven” algunos senadores de la DC y el PPD a votar en contra de los deseos de los trabajadores.
“Vamos a ver si los senadores democratacristianos y del PPD se atreven en contra de la norma que reconoce el derecho a negociar de los sindicatos interempresas. Vamos a ver si se atreven. Nosotros amparados en normas constitucionales de derecho a la información, vamos a solicitarle a la Comisión de Ética que transparente los intereses de los parlamentarios que van a votar la Reforma Laboral, porque varios de ellos son pequeños empresarios, participan en sociedades y tienen empleados y trabajadores. Ellos deberían inhabilitarse, y eso le vamos a pedir a la Comisión de Ética del Senado, a ver si es que funciona, porque para otras cosas no funciona”.
Óscar Olivos, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), sostuvo que con estas indicaciones, el Gobierno “le puso letra chica al proyecto” y que “se está entregando a lo que el empresariado quiere”, por lo que plantean que se debe “hacer un Código Laboral como corresponde”, ya que el proyecto de Reforma Laboral, es un “parche”, tal como lo han venido planteando desde un principio: “La respuesta está clara: la Reforma se desvirtúa, se desarma y va a salir una Reforma que, al final, es un parche más y que no tiene ningún sentido para los trabajadores, sino que solamente va a dar respuesta a lo que el empresariado quiere”.
Sobre el rol de la CUT en este proceso, Olivos se mostró crítico al señalar que la multisindical es “el brazo sindical del Gobierno”, no obstante luego de estas indicaciones, plantea que “van a tener que hacer algunos escándalos”, pero que, al final, “van a terminar acatando lo que digan los partidos de la Nueva Mayoría”.
José Ortiz, presidente de la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados (CGTP), calificó de “brutales” las indicaciones presentadas por el Gobierno, y además recalcó que con esto se están violando convenios internacionales adoptados por Chile relativos al derecho a huelga, asimismo señaló que con esta reforma habrán sindicatos de primer y segundo orden.
“Aquí se pretende que haya sindicatos de primera, segunda y tercera categoría. Los sindicatos de primera van a poder negociar colectivamente, pero los sindicatos de segunda no van a poder negociar colectivamente, como es este intento de impedir la negociación de los sindicatos interempresas, entonces ¿qué quieren? ¿Quieren que terminemos a palos con los empresarios en vez de negociar colectivamente?”
Ortiz fue categórico al plantear que con estas modificaciones, el empresariado chileno ha dado un “golpe blanco” a los avances en derechos de los trabajadores: “Da la impresión que los grandes empresarios, los monopolios y las multinacionales, han dado un golpe de Estado blanco, porque pretenden hacer retroceder todo lo que se ha avanzado en la Cámara de Diputados. Esto es una declaración de guerra al movimiento sindical, y nosotros lo tomamos así. Esto no es una cuestión secundaria”.
Finalmente, el presidente de la CGTP señaló que si les quitan el derecho a huelga, les estarían obligando a tomarse las empresas cada vez que quieran conseguir beneficios para los trabajadores y sus familias: “No nos queda otra alternativa”, indicó Ortiz.
El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez si bien señaló que no ha tenido oportunidad de leer las indicaciones ingresadas por el Gobierno, “sin duda voy a tender a concordar con la presidenta de la CUT si es que se está vulnerando el derecho efectivo a la huelga”, y reiteró que si en el Senado el proyecto sufre modificaciones que perjudiquen a los trabajadores, “no va a contar con mi apoyo”, dijo Gutiérrez.
“Primero tenemos que ver cómo sale el proyecto de ley desde el Senado, ver si, efectivamente, como dicen los dirigentes de la CUT hubo algún tipo de cocina actuando, entonces quiere decir que vamos a tener que cuestionarlo. Pero, lo que esperamos es que en el Senado se hagan las rectificaciones, no sea el peor de los mundos el que salga de ahí, y tengamos un proyecto que podamos aprobar en la Cámara”.
Similar postura expresaron los diputados de la DC, y miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara, René Saffirio y Patricio Vallespín, quienes sostuvieron que la iniciativa aprobada por la Cámara es un piso mínimo, por lo que esperan que no se cambie significativamente en el Senado: “Éste es el momento que tenemos para hacer una reforma laboral que de verdad tenga un sentido de reforzar los derechos colectivos de los trabajadores, si esto está en duda, sobre todo lo que tiene que ver con derecho a huelga, nosotros vamos a tener una actitud igual a la anterior : no estamos dispuestos para bajar los estándares de lo aprobado en la Cámara de Diputados”, señaló Vallespín.