Si bien en 1990 el Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, 25 años después el país aún no cuenta con la legislación suficiente que permita abordar de manera integral estos derechos.

Por ello, para muchos, el que este miércoles se aprobara en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados el proyecto que crea el sistema de garantía de derechos de la niñez, es considerado como un gran logro.

“Es un proyecto de ley que busca dotarnos de un nuevo enfoque, que ponga al centro la protección administrativa con alerta temprana, que permita prevenir situaciones de vulneración de derechos, y no como existe hoy, un sistema tutelar que aborda en términos jurídicos al niño cuando ya ha sido vulnerado”.

Las palabras del ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, apuntan al nuevo enfoque que se busca en materia de protección, destacando también la propuesta de una subsecretaría de la Niñez, dependiente de esa cartera, a través de otro proyecto de ley.

Con la idea de dar cumplimiento a la normativa internacional, el ministro anticipa que “un segundo paquete de iniciativas legislativas se relaciona con modificaciones a la Ley de Tribunales, también a la ley de subvenciones de colaboradores del Estado en materia de políticas de niñez, que también las regule, y también tenemos que crear un sistema de control territorial que dé cumplimiento a estos sistemas de garantía, que sería un dispositivo local, que es un tercer proyecto.

Junto con destacar que se trata de un proyecto de ley que se ha construido en conjunto con la ciudadanía, la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz, advierte sobre la necesidad de disminuir los niveles de violencia, lo que se ve reflejado, según ella, en el 70 por ciento de los niños que sufre violencia cotidiana.

“Estas no pueden ser políticas de un Gobierno, sino que tienen que ser políticas del Estado de Chile. Estamos muy esperanzados de que en los próximos meses podamos empezar a generar los cambios reales para universalizar los derechos de los niños y niñas. Y que nunca más un niño sea separado de su familia por el solo hecho de ser pobre”.

Incluso, celebra la rapidez con que se ha llevado a cabo el proceso, respecto de otras legislaciones. “Lo que otros países han hecho en 30 años, como es la legislación española que ha producido estos cambios, Chile lo está haciendo en dos años”.

Sin embargo, no todos piensan lo mismo. Incluso, hay quienes plantean que no existen muchos motivos para celebrar.

Tal es el caso de David Órdenes, director de la Corporación La Caleta, ONG que busca fortalecer las políticas infanto juveniles.

Su mensaje es que “las organizaciones de la sociedad civil nos hemos demorado 30 años en que algo se haga. Estela Ortiz, como integrante del Gobierno de la Nueva Mayoría, debe estar contenta con este pequeño logro. Felicitar, entonces, los pequeños avances, porque considero que todavía son pequeños avances. El avance real, y a lo que invitaría a este Gobierno, es a que se felicite cuando los niños y niñas tengan posibilidades reales de garantizar sus derechos en los territorios, en los pasajes, en la vida cotidiana donde viven”.

Asimismo, advierte que “todavía se está en proceso de negociación, porque en el proyecto de ley aparecía 18 veces la frase ‘de acuerdo a disponibilidad presupuestaria’. Por lo tanto, los derechos estaban condicionados a la prioridad gubernamental”.

Además, lamenta de que aún no exista claridad sobre la bajada territorial que tendrá la ley. “Sin esto, al final la ley quedará en una propuesta global centralizada del Ministerio de Desarrollo Social, pero sin una expresión en la vida cotidiana de los niños y las niñas”.

Incluso, el propio Órdenes apunta a que el Ministerio de Desarrollo Social todavía se encuentra en minoría respecto de un poder político y económico que asegure que la garantía de derechos se haga realidad concretamente en Chile.

“Fue una salida básica, pero realmente debería haberse constituido una institucionalidad que tenga más posibilidades de alinear a todos los estamentos y trabajar de manera intersectorial para garantizar los derechos de la niñez”.

Desde el Ejecutivo, por su parte, también se anunció el envío, a más tardar en enero próximo, de una iniciativa legal para crear la figura del Defensor de los Derechos del Niño y la Niña, un órgano que permitiría, según el ministro Barraza, ejercer control desde el punto de vista de las políticas públicas para la protección de niños y niñas.

Y si bien la idea es avalada por David Órdenes, exige que se trate de un ente autónomo, tal como lo está demandando la sociedad civil. “Es el mejor instrumento para garantizar la supervisión, pero también para promover que los derechos de los niños estén garantizados”.