Por primera vez, el ordenamiento jurídico de Chile incorporará a la tortura como un delito, de acuerdo a lo aprobado este lunes en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría, el cual deberá seguir ahora su segundo trámite constitucional en el Senado.

“Esta es una señal más de que en este gobierno las materias de derechos humanos son un compromiso y no sólo una promesa, y lo próximo va a poder ser que esta ministra se refiera a su ministerio como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, señaló la ministra de Justicia, Javiera Blanco, una vez conocida la determinación de la Cámara.

La moción fue presentada por el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, junto a junto a Karol Cariola, Lautaro Carmona, Daniel Núñez, Guillermo Teillier y Camila Vallejo, también diputados del PC, y a los diputados IC Sergio Aguiló; PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier; y DC Patricio Vallespín.

El proyecto establece que “se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en la raza o etnia, nacionalidad, ideología u opinión política, religión o creencia, u orientación sexual”.

En tanto, la iniciativa señala que, si con motivo u ocasión de la tortura, se comete además homicidio o delitos como la violación, el estupro u otros delitos sexuales, así como lesiones corporales, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo (desde 15 años y un día a 20 años) a perpetuo calificado (de por vida).

Además, se determina que respecto del delito de tortura se aumentará la pena en un grado, al que torture a otro que se encuentre, legítima o ilegítimamente, privado de libertad, o en cualquier caso bajo su custodia o control.

Esta tipificación de la tortura como delito incluye que el empleado público, o el particular que, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, aplique tortura a una persona, será penado con presidio mayor en su grado mínimo, que va desde 5 años y un día a 10 años.

El texto indica que el que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo (61 días a 5 años).

Y se establece que se aumentará la pena en un grado al que cometa esta conducta en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, o quien la tenga bajo su cargo, cuidado o responsabilidad.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Raúl Saldívar, valoró la aprobación que calificó como un paso muy importante para Chile: “Desafortunadamente no teníamos el concepto instalado, no teníamos configurado el delito en el Código Civil y había una tímida aproximación en función de lo que eran los tratos degradantes y hablábamos muchas veces de vejámenes, de distintas figuras que no correspondían a lo que en esencia significa la tortura. Y esto pone a Chile, afortunadamente, en una posición distinta respecto de lo que significan la legislatura comparada a nivel universal, puesto que por fin existe en Chile el delito de tortura”.

El parlamentario lamentó eso sí que en un cuarto de gobiernos posdictatoriales aún no se legislara respecto a este tema, dejando en la impunidad a cientos de agentes uniformados y civiles que cometieron estos delitos.

Mientras, el diputado y abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, subrayó que la normativa resguarda a la gente que es detenida o privada de libertad y que teme ser sometida a vejámenes: “Era demostrativo de las insuficiencias de la transición democrática de que aquí estuviésemos velando por sancionar a la población civil por cualquier ilícito que eventualmente que cometiese, pero no lo estuviésemos cuidándolos a ellos de eventuales abusos de agentes del Estado”, precisó Gutiérrez, quien además puntualizó que “hoy, de acuerdo a Amnistía Internacional, un 30 por ciento de las personas que son privadas de libertad, temen ser víctimas de torturas”.

Para Gutiérrez la Cámara de Diputados aprobó un proyecto necesario que apunta a aplicar las convenciones que sancionan el delito de tortura, pero que a pesar de haber sido suscritos por Chile aún no son internalizadas en la legislación nacional.