La promesa presidencial de un Ministerio de Cultura, que venimos escuchando de boca de los cuatro últimos mandatarios, no es tan importante como ellos y ella lo han explicitado. Si así lo fuese, no se habrían demorado tantos años en darle cuerpo a un anuncio que ha ocupado de manera impenitente algunos minutos de la ajustadísima cuenta pública de cada 21 de mayo, en el que el área de la cultura ocupa unos escasos minutos… a veces menos, solo segundos.
En el gobierno de Sebastián Piñera se presentó al Congreso Nacional, en mayo de 2013, un proyecto de ley que creaba el Ministerio de Cultura. Sin embargo, se trató de una iniciativa que no contaba con la participación ciudadana ni menos de quienes trabajan tanto en el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes ni en la Dibam ni el Consejo de Monumentos Nacionales, entre otros, es decir, en los principales órganos culturales de nuestro país. Esta fue la razón por la cual Michelle Bachelet heredó uno de los desafíos más interesantes para un país que aspira a convertirse en desarrollado y aspira codearse de tú a tú en clubes como la OCDE. El programa de gobierno de la mandataria lo enfrentó con bríos y propuso un cambio de paradigma donde la cultura es un derecho ciudadano y el camino para concretarlo fue el de ir hasta esas ciudadanas y ciudadanos y saber qué ministerio de cultura deseaban. Así, durante el 2014 y recién asumido el gobierno, se implementaron Foros ciudadanos temáticos, Foros regionales y Mesas de trabajo, como también una Consulta a los Pueblos Indígenas, como una manera de cumplir con los acuerdos que hemos suscrito como país.
La creación de un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio fue una de las promesas para ser cumplidas dentro de los 100 primeros días de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y su dilación le costó el cargo a la ex ministra Claudia Barattini. De aquí que el actual secretario de Estado Ernesto Ottone se haya abocado de inmediato a finiquitar esta materia y en septiembre lo veíamos en plena discusión del presupuesto para el siguiente año y anunciando que esta nueva secretaría de Estado sería la primera con domicilio fuera del eje santiaguino. Una decisión que está en el espíritu fundacional del CNCA que le imprimió el abogado y Premio Nacional Agustín Squella.
Con todo este panorama, llegamos al punto en el que la Presidenta firmó en una ceremonia en La Moneda la indicación sustitutiva y con ello se lanza el proyecto de este nuevo ministerio. Sin embargo, esto se hizo en medio de las llamas, ya que la Asociación de Funcionarios de la Dibam, llamada ANFUDIBAM, había expresado el día anterior que no estaba de acuerdo con el diseño propuesto ya que quedaban en una situación desmejorada como “servicio” dentro de una subsecretaria…y ahí entramos a una serie de aspectos técnicos, políticos y también estéticos que hacen muy difícil entender lo que verdaderamente se está cocinando.
El hecho es que el 4 de octubre pasado, durante dos largas jornadas, los asesores legales del ministro de cultura y otros, explicaron cómo proyectaban esta indicación y entonces, recogieron desde las bases funcionarias de la DIBAM el temor a que el nuevo diseño del ministerio significara la politización de un servicio que ha tenido como sello el profesionalismo y la carrera funcionaria. Desde entonces, hasta comienzos de esta semana, no tuvieron más detalles, enardeciendo a los funcionarios que no fueron consultados respecto de la definición última de esta indicación. Y si hay algo que llama la atención de todo esto, es el secretismo con el que ha manejado la famosa indicación sustituva, al punto de que si se les pregunta a funcionarios y funcionarias de altos cargos de servicios culturales por ella, dicen no conocerla.
Aquí radica la ira que está en el corazón del llamado a paro anunciado el miércoles por los funcionarios de las Dibam, cuando se sabe que esa noche, hasta altas horas, se arribó a un Protocolo de Acuerdo con el Ministro que, sin embargo, nació muerto.
Los funcionarios de la DIBAM están en paro, es decir, los museos públicos como el Bellas Artes, el Histórico Nacional, como también las bibliotecas públicas y el Archivo Nacional estarán cerrados al público hasta no se sabe cuándo. Y ya se están pidiendo condiciones, entre ellas, la salida del director de la Dirección, Ángel Cabeza.
La pregunta es si éste conoce los detalles de la indicación sustitutiva que ya tiene la firma de la Presidenta porque lo insólito de todo esto, es que a pesar de consultas ciudadanas, indígenas y funcionarias, lo cierto es que casi nadie sabe en qué consiste en el fondo…y esta ignorancia o desinformación es el mejor oxígeno para un fuego que comenzó esta semana y no sabremos cuándo ni cómo lo apagarán.
